Con motivo del quinto aniversario de la implantación el confinamiento de toda la población, salvo algunos servicios imprescindibles, el gobierno ha lanzado contra Isabel Ayuso toda su artillería acusándole de que su negligencia tanto en la sanidad pública y en las residencias de ancianos había provocado miles de muertos. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, los cifraba en 7.291 personas mayores habían sido “asesinadas en las residencias”. Al conocer que la presidenta madrileña iba a querellarse, echó marcha atrás y declaró que se retractaba de haber calificado utilizaba la palabra asesinato. Antes de pronunciar la palabra “asesinato” debería haber extendido su acusación a su compañera María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. El motivo es que Navarra encabezó, con 504 fallecimientos en las residencias de ancianos, la tasa más alta de defunciones en estos centros, con 24,5 fallecimientos por cada 1.000 habitantes. En la primera ola de la pandemia entre marzo y mayo de 2020, el 67,5% de las muertes en la Comunidad ocurrieron en centros residenciales, situándose por delante de Madrid. El Gobierno foral declaró que el confinamiento absoluto de las residencias fue “esencial para proteger a una de las poblaciones más vulnerables durante la crisis sanitaria”.  El 20 de marzo de 2010, el ministro Illa ordenó el cierre de todas las residencias de ancianos, públicas y privadas, con objeto de “proteger a la población más vulnerable ante el virus”.

Tras la declaración del estado de alarma, el Gobierno al unísono afirmó que la pandemia “nos cogió desprevenidos” porque nada se sabía sobre cómo hacer frente a la pandemia. Pero es una gran mentira. El día 14 de enero de 2020, se dio a conocer un informe titulado “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019.nCov”. El documento contiene un detallado catálogo de medidas dirigidas al sector sanitario, para la prevención y control de la infección. El firmante del documento era Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad (CCAES), perteneciente al Ministerio de Sanidad, cuyo titular era Salvador Illa. Entre ellas cabe destacar la recomendación de separar en las salas de urgencia hospitalaria a los pacientes coronavirus, que “deberán llevar mascarilla y sometidos a un aislamiento total, debiendo el personal de todo tipo que los atienda, incluidos los familiares, personal de limpieza etc. llevar equipo de protección individual que habría de incluir la bata impermeable, la mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular de montura integral”. Illa se encargó ese mismo día de calmar a la opinión pública: “Como en otras ocasiones tenemos que tener un nivel de preocupación, bajo pero activo”.

Poco después se supo que la ministra Montero había enviado mascarillas a su delegación del barrio madrileño de Usera dado “el tamaño del colectivo de ciudadanos chinos en esa área de Madrid”

En el ministerio de Marlaska, José Antonio Nieto González, jefe de Prevención de riesgos laborales, el día 24 de enero de 2020 firmó un informe que definía con todo detalle la naturaleza de la pandemia, su rápida propagación y la forma de hacerle frente. Entre otras recomendaciones indicaba la conveniencia de una gran higiene personal y al final, decía “evitar las aglomeraciones”. El 29 de enero, los medios de comunicación dieron cuenta de que se habían facilitado guantes y mascarillas a los agentes policiales destinados en las zonas fronterizas. TVE entrevistó en Barajas a una agente de policía que mostraba los guantes y la mascarilla mientras la reportera leía y enseñaba el informe de Nieto. Poco después se supo que la ministra Montero había enviado mascarillas a su delegación del barrio madrileño de Usera dado “el tamaño del colectivo de ciudadanos chinos en esa área de Madrid”. En una decisión dictatorial, Grande-Marlaska destituyó poco después a Nieto por haber difundido su informe.

El 31 de enero de 2020, se detectó el primer contagio del virus en la isla canaria de la Gomera. Se trataba de un turista alemán.”. Ese mismo día Sánchez intentaba en Beja (Portugal) liderar a los países del sur frente a la política de la Comisión Europea favorecedora de los Estados del norte más industrializados. El 1 de marzo, Sánchez hizo una rueda de prensa, donde se le preguntó si le preocupaba la extensión del virus procedente de China. Esta fue su respuesta: “Preocupar, preocupa, pero estamos en buenas manos”. Añadió que “tenemos un Sistema Nacional de Salud fantástico”. Anunció que el 4 de febrero el Consejo de Ministros crearía, como así fue, un “Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus”. Presidía el Comité, la vicepresidenta primera Carmen Calvo y como vicepresidente se nombró a Salvador Illa, ministro de Sanidad. Formaron parte del Comité figuras estelares del sanchismo como Nadia Calviño, Margarita Robles, Grande-Marlaska, Ábalos, María Jesús Montero, médico que se ocupaba y ocupa de la Hacienda o Reyes Maroto, que intenta ahora ocultar su responsabilidad calumniando a la presidenta Ayuso.

De todo esto se desprende que el Gobierno era plenamente consciente del peligro que se cernía sobre España. Hay que tener muy presente que el 31 de enero la Organización Mundial de la Salud había declarado la “emergencia de Salud Pública Internacional” por el brote del coronavirus conocido como 2019-n-CoV. En el informe al Consejo de Ministros del día 4 de febrero, el ministro Illa subrayó que “el Sistema Nacional de Salud, está preparado para afrontar la situación”. Una de las recomendaciones de la OMS era evitar las aglomeraciones. El comité y todo el gobierno lo sabía, pero remó en la dirección contraria. El 12 de febrero, con dos contagiados en España, los organizadores del Mobil Word Congress de Barcelona suspendieron la celebración del evento más importante del mundo en tecnología móvil y telecomunicaciones. El Gobierno y la Generalidad pusieron el grito en el cielo. Illa criticó a los organizadores porque no había ninguna razón de salud pública en España paran suspender el evento y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Democrático, y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, pidió no caer en el “alarmismo psicológico”. Para demostrarlo el Gobierno celebró del 22 al 26 de febrero la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en el IFEMA de Madrid.

El ministro de Sanidad había prohibido a las Comunidades Autónomas la compra de mascarillas, porque se iba centralizar en su ministerio.  Por el caso Koldo y Ábalos hemos sabido lo que ocurrió

Esta reacción del Gobierno tenía una razón oculta. El día 8 se celebraba la manifestación del Día Internacional de la Mujer prevista para el 8 de marzo. Los responsables de su organización habían declarado que, si el Gobierno se lo indicaba, estaban dispuestos a suspenderla. Pero Carmen Calvo quería arrebatar a Irene Montero, de Podemos, el liderazgo en España del feminismo radical. Sánchez, el 4 de marzo por la tarde, se reunió en la sede del CCAES con Illa y Simón. El día anterior, el ministro de Sanidad había prohibido a las Comunidades Autónomas la compra de mascarillas, porque se iba centralizar en su ministerio.  Por el caso Koldo y Ábalos hemos sabido lo que ocurrió. También el día 4 se había reconocido oficialmente que en la Comunidad Valenciana se había padecido el primer muerto por el coronavirus. Illa reconoció el 26 de marzo ante el Congreso de los Diputados que “la notificación de casos se hace con un retraso de alrededor de siete días o más por lo que vemos con los datos al día de hoy refleja la situación que produjo una semana anterior”.  Eso quiere decir que cuando el 8 de marzo los muertos no ascendían a 17, el Gobierno sabía que la cifra era muy superior.

La manifestación contagiosa

También conocía el Gobierno que permitir la manifestación suponía que el día 8 se celebrarían en España un gran número de actividades multitudinarias deportivas, culturales y políticas (como el congreso de Vox), cuyo efecto sería el incremento exponencial de los contagios por coronavirus. El día 6 de marzo, Sánchez publicó un tuit en el animaba a las mujeres con estas palabras: “Os acompañamos en esta lucha para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Sin descanso”. Carmen Calvo se sumó al presidente y declaró que las mujeres debían acudir “porque les va la vida en ello”. El vicepresidente primero, Pablo Iglesias, pareja de Irene Montero, también incitó a participar en ella. Los asistentes fueron 220.000.

Lo que ocurrió después es bien conocido. Se acaba de revelar cómo se tomó la decisión de implantar los confinamientos más estrictos y prolongados del mundo.  Científicos de la Universidad Rovira i Virgili y de la Universidad de Zaragoza, en un estudio publicado el 2 de febrero de 2021, concluyeron que “teniendo en cuenta que los muertos en la primera oleada ascendieron a 28.000, nos hubiéramos ahorrado 24.000”.

Pedro Sánchez, sin ruborizarse, tres meses después declaro sin parpadear: “Es cierto que con los datos que tenemos hoy, tendríamos que haber decretado el estado de alarma mucho antes”. Es la gran mentira.

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