El ácido más corrosivo para la democracia es la falta de libertad informativa. O, dicho de otro modo, que los medios de comunicación dependan para su subsistencia de las ayudas y licencias que les otorga el gobierno de turno. Ahora bien, el caso español es singularísimo porque, así como en otros países hay diarios, televisiones y radios de derechas, de izquierdas, de centro, incluso de nada, aquí la línea editorial de todos es la misma, una especie de variaciones para un mismo tema que le hace a uno dudar, en ocasiones, si está viendo una cadena u otra porque el fondo del discurso es el mismo. Salvo contadísimas excepciones -que suelen tener nombres y apellidos- todos abrevan en el mismo pozal ideológico.
Temas como el cambio climático o la ideología de género son tratados con el mismo respeto reverencial sea quien sea quien lo haga. Esa homogenización es lo que destruye la capacidad crítica del consumidor de información, que no tiene con qué comparar porque todos le dicen lo mismo respecto a cuestiones básicas. El consenso woke es transversal y lo sigue de igual forma la izquierda que el centro derecha.
Existen, evidentemente, diferencias y no es lo mismo una editorial de lopaís que una del ABC y no le va a contar la actualidad de la misma manera Julia Otero que mi admirado Ángel Expósito. Igual que un artículo de mi querido Jesús Cacho se parece a uno de Pedro Jota como un huevo a una castaña. Pero la visión progre que prefiere una mala mentira a una buena verdad se ha impuesto y eso que se denomina equipo de opinión sincronizada no afecta tan solo a los opinadores. Los propietarios de los grandes grupos de comunicación también participan de ese proceder. Como en tantas otras cosas, esto de ser catalán te cura de espantos puesto que cosas que se ven ahora a nivel de toda España en mi tierra estamos hartos ya de padecerlas.
Ni que decir que radios y televisiones catalanas se sumaron y las voces discrepantes se acallaron
Recuerdo, por vía de ejemplo, el editorial que bajo el título “La dignidad de Cataluña” publicaron a la vez el 26 de noviembre del 2009 -¡cuánto ha llovido y la de cosas que hemos visto!- La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa. Todos con sede en Cataluña y, obvio es decirlo, todos regados abundantemente con subvenciones de la generalidad. Se trataba de defender el estatuto que propició Maragall como presidente catalán ante la sentencia del Tribunal Constitucional que señalaba algunos de los apartados del nuevo estatuto incompatibles con nuestra Carta Magna. Ni que decir que radios y televisiones catalanas se sumaron y las voces discrepantes se acallaron. Forzoso es decir que tampoco es que tuvieran demasiados canales, por no decir ninguno, entre la prensa catalana para hacer llegar su punto de vista. Así podían decir los mandamases que “el pueblo” catalán se manifestaba de manera transversal.
Quien paga, manda. Bien, pues lo mismo sucede a día de hoy en toda España. Los grandes trusts de la información dirigen sus naves en una misma dirección, la gubernamental. Son clones y pobres de ellos si no la siguen porque eso de la cultura de la cancelación -que se lo pregunten a Iker Jiménez, víctima de la más brutal campaña de descrédito, acoso y derribo que se recuerda- está muy presente y nadie quiere perder el favor del poder. De la izquierda cabría esperar esta reacción pero, ¿y los medios de centro derecha? Digo más, ¿no hay empresarios que apuesten por la creación de una Fox News española? Y es que la comunicación, que es un negocio como otro cualquiera, aquí es de vuelo gallináceo y corto placista. Luego dirán que si las redes sociales y que si tal.
