De todas las opiniones que he pulsado sobre las posibles consecuencias de lo que ya ha sido bautizado como el Barçagate, la más repetida, con leves matices, es la que apuesta porque este feo asunto se quede en nada, como dando por descontado, con naturalidad, que el mundo del fútbol, y en concreto el de los llamados “grandes” del fútbol, discurre por canales ajenos a las normas que regulan el proceder del resto de la sociedad.

Evidentemente, lo prioritario aquí es esclarecer lo que hay detrás de unos pagos realizados por el club azulgrana al que fuera número dos de los árbitros y, a partir de ahí, exigir, si las hubiera, las oportunas responsabilidades. Por eso, de entrada, llama la atención la falta de diligencia de la Fiscalía, tan presurosa en otros casos a la hora de evitar la destrucción de pruebas, a pesar de los numerosos y elocuentes indicios de actuaciones presuntamente delictivas aportados por los medios de comunicación.

Estamos ante un plan sistemático, sostenido durante décadas por los sucesivos dirigentes de la entidad, cuyo ocultamiento solo puede obedecer a la necesidad de eludir la acción de la Justicia

Mientras en demasiadas ocasiones la máquina judicial arrasa con todo, irrumpiendo en vidas y haciendas como elefante en cacharrería, y convirtiendo en culpables preventivos a quienes ni siquiera han sido imputados por un juez, cuando los que se cruzan en su camino son próceres del espectáculo o del deporte no parece que haya tanta prisa, el guante de hierro se sustituye por el de seda y no faltan multitudes de incondicionales que salen a la calle en defensa de los presuntos defraudadores.

Pero este caso, el de un club que paga cantidades desorbitadas durante años a una autoridad deportiva, Enríquez Negreira, y oculta tal práctica, es mucho más que un nuevo escándalo en el que se ven involucrados directivos y jugadores. Esto nada tiene que ver con la compra puntual de un partido. Tampoco con las habituales conductas en las que incurren celebridades deportivas que buscan el modo de eludir la totalidad de sus obligaciones fiscales. Esto es, fue, un plan sistemático, sostenido durante décadas por los sucesivos dirigentes de la entidad, cuyo ocultamiento solo puede obedecer a la necesidad de eludir la acción de la Justicia.

Este caso sirve al menos para entender mejor el porqué del apoyo entusiasta de Laporta y otros al plan secesionista de someter a la Justicia al control de la Generalitat

A más a más, el Barçagate se distingue de otros asuntos turbios por su vertiente política. A estas alturas resulta como poco banal explicar por qué Puigdemont y Junqueras presionaron hasta donde pudieron para romper la neutralidad del Barça y convertirlo en uno de los motores del independentismo. Pero lo que ahora se explica mejor es el apoyo de Joan Laporta, et altri, al procés; el entusiasmo con el que los dirigentes blaugranas (bien es cierto que no todos) abrazaron la propuesta, descrita en la hoja de ruta del secesionismo, de un Poder Judicial dependiente de la Generalitat, de una Justicia sometida a un poder político capaz de repartir certificados de impunidad.

Imaginar lo hasta ahora ocurrido, por lo que sabemos, y por lo que iremos sabiendo, no es difícil. Basta hacer un sencillo ejercicio analítico de los comportamientos delictivos. Cosa distinta es atreverse a pronosticar el futuro judicial de un asunto en el que se cruzan intereses deportivos, económicos y políticos; un asunto que se presta como ningún otro a la manipulación de los sentimientos y que sin duda servirá para alimentar el victimismo de los secesionistas; un asunto que, a poco que nos descuidemos, en lugar de abochornar a una sociedad que ha mirado para otro lado, puede acabar convirtiéndose, como ocurrió con la Banca Catalana de Jordi Pujol, en una nueva bandera contra “lo español”.

Casi mejor aplicar al caso un urgente indulto preventivo y así nos evitamos disgustos innecesarios.

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