Si el Ayuntamiento de Madrid pagara a un cronista para que describiera las manifestaciones que recorren la capital, habría tenido menos trabajo que nunca en estos cinco años de gobierno de coalición. Es curioso que quienes habían convertido en rutina el manifestarse los domingos por la mañana contra el Ejecutivo se escondieran en casa una vez triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez, pero así fue. Su espíritu pacifista se esfumó y su visión crítica con respecto a la reforma laboral, la inflación, la guerra o los derechos constitucionales se redujo de forma drástica.

Hubo excepciones, para qué negarlo. Pero mientras al gabinete de Mariano Rajoy le montaban marchas, escraches, sentadas y batukadas casi a diario... a Pedro Sánchez le han guardado un escrupuloso respeto. Suena a broma que durante el estado de alarma se convocara una manifestación por el Black Lives Matter en la capital de España, pero nadie en la 'izquierda reivindicativa' moviera un dedo, por ejemplo, cuando se demostró que habían confinado a la población -impidiendo trabajar y suspendiendo clases- mientras le aseguraban que las mascarillas no eran necesarias fuera de los hospitales. Quédese usted en casa todo el día y contágiese en el supermercado. Ese gran engaño no movilizó a nadie.

Pero ahora que la izquierda ha perdido varios gobiernos autonómicos y podría este domingo sufrir una derrota en las elecciones generales, parece que ha llegado el momento de echar 3 en 1 en la cerradura del almacén, sacar de allí las pancartas, las banderolas y las camisetas, ensayar los cánticos contra la derecha y la mueca de indignación... y volver a tomar la calle para protestar contra la pérdida de derechos. Que cada cual salga a la calle para protestar por lo que le dé la gana, faltaría más, pero que nadie engañe a nadie: detrás de la defensa de derechos y libertades con la que se convocan manifestaciones se persigue, en realidad, aupar a unas siglas políticas o perjudicar a otras. Las Juanas de Arco contemporáneas actúan en función de lo que beneficia a su partido.

Ahora que la izquierda ha perdido varios gobiernos autonómicos y podría este domingo sufrir una derrota en las elecciones generales, parece que ha llegado el momento de echar 3 en 1 en la cerradura del almacén, sacar de allí las pancartas, las banderolas y las camisetas, ensayar los cánticos contra la derecha y la mueca de indignación... y volver a tomar la calle para protestar contra la pérdida de derechos

Todo esto viene a cuento de lo que sucedió hace unos días en Burriana (Castellón), cuando salieron a la calle algunos cientos de personas porque un concejal de Vox decidió que la biblioteca de esa localidad dejara de comprar cinco publicaciones en valenciano que -considera- promueven el pancatalanismo. Es decir, ese movimiento que persigue la creación de unos Países Catalanes que incluyan el Rosellón, Andorra, Cataluña, la Franja de Aragón, la Comunidad Valenciana, las Baleares, El Carche murciano y la ciudad italiana de Alguer.

Las revistas seguirán disponibles en los quioscos, pero a la plataforma que convocó la protesta -en defensa del idioma valenciano- la medida del Consistorio le pareció un acto de censura incomprensible. Incluso Radiotelevisión Española utilizó el término “prohibición” en el mensaje en redes sociales con el que informó de la noticia. El asunto es tan absurdo que conviene recapitular: ¿Podrá leer cualquiera que lo desee esas revistas? Sin duda. ¿Lo podrán hacer gratis en una biblioteca municipal? No. Habrá partidarios y detractores de esta decisión, pero el asunto parece a simple vista demasiado nimio como para lanzarse a la calle para hablar de persecución a un idioma y retroceso en los derechos.

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A lo mejor, después de estos cinco años de protestar sotto voce ante el poder, hay quien ha perdido la capacidad de ver los problemas con perspectiva. O a lo mejor es que no quiere apreciarlos en toda su profundidad. Pero basta con consultar los registros públicos de los Gobiernos autonómicos de Valencia y de Cataluña para comprobar que hay hechos más graves que el dejar de comprar unas revistas por cuestiones ideológicas.

Porque, entre 2016 y 2021 -con Ximo Puig al frente del Gobierno valenciano-, pueden contabilizarse 25 referencias a la publicación El Temps dentro de los registros de publicidad institucional que son accesibles para todos los ciudadanos. Las cantidades recibidas por sus editores en este concepto ascienden a 162.746 euros. Pero todavía hay más porque tan sólo en 2021 la Generalitat de Cataluña asignó dos partidas de 289.380 y 6.205 euros para este medio de comunicación.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont llegó a repartir en 2017 unas 400 ayudas anuales a publicaciones que se editan en catalán -dentro y fuera de Cataluña-, a las que hay que sumar las habituales inyecciones de publicidad institucional que riegan a todos los medios de esta comunidad autónoma, al igual que a los del resto de regiones. Quizás sería más provechoso el manifestarse contra el gasto excesivo de las Administraciones en este ámbito que contra una decisión como la que se tomó en Burriana.

Habrá quien piense que este asunto no es tan grave como parece, pero una buena parte de la culpa del ruido que atosiga en estos últimos días de campaña electoral a los españoles se debe a que, ante la posibilidad de que se produzca un cambio de Gobierno, hay quien ha decidido incrementar su beligerancia porque es consciente de que, como Núñez Feijóo le arrebate el poder a Pedro Sánchez, sus ingresos por este tipo de publicidad 'pública' disminuirán de forma drástica. O quizás aumenten. Hay amores del pasado que han renacido en estas últimas semanas, de los cuales se habla en ambas aceras de la calle de Génova, y sobre los que las malas lenguas afirman que se sostienen en relaciones de conveniencia.

Cada protesta exagerada o cada silencio cómplice -en cada limosna y en cada subvención para la causa- provoca que este problema se agrande y los extremos de las fallas que ya existen se separen un poco más

Todos estos encajes, enjuagues y actividades de dormitorio son, sin duda, más graves que la anécdota por la que se manifiestan esos cientos de personas en Valencia. Y cada cual tendrá su opinión sobre las razones o las manías del concejal que ha tomado la decisión, pero detrás de este asunto se encuentra otra de las cuestiones que más limita el despegue de este país, como es la acción de los nacionalismos y de los grupos civiles e institucionales que los rodean. Porque aplican al país una mezcla de fuerzas de tensión y de fricción que han provocado que se deforme y se fracture. Y cada protesta exagerada o cada silencio cómplice -en cada limosna y en cada subvención para la causa- provoca que este problema se agrande y los extremos de las fallas que ya existen se separen un poco más.

Lo de las cinco revistas es una anécdota. Lo que hay detrás -por lo que no se protesta, es decir, lo que se defiende o se consiente- es mucho más grande y más trascendental. Por eso no se movilizará la izquierda, en su afán por ser la mejor compañera de cama de los nacionalismos más reaccionarios.

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