La democracia, esa institución tan respetable como perversamente interpretada por la izquierda española -e hispanoamericana- con la que se han identificado los españoles está en crisis, como consecuencia de las actuaciones -cada vez más frecuentes- en contra del Estado de Derecho del actual gobierno.

La escasa tradición democrática española y el dominio progresista de la educación y los medios de comunicación, ha popularizado un tipo de democracia totalitaria alejada cada vez más de la verdadera democracia, sustentada en la división de poderes y respetuosa del Estado de Derecho, que requiere -entre otros principios- según el maestro Friedrich Hayek que todas las auténticas  leyes se conformen según reglas muy claras y precisas:

1. Deben aplicarse a hechos venideros y no tener jamás carácter retroactivo.
2. Deben ser conocidas y ciertas.
3. Deben ser iguales para todos, incluidos los gobernantes.

Y añade que: “Si una ley concede al gobierno poder ilimitado para actuar a su gusto y capricho, todas sus accione serán legales, pero no encajarán dentro del Estado de Derecho”, mientras  que la separación de poderes, que forma parte del mismo, posibilita que “el uso de la coacción por parte del Estado debe estar sometida a revisión  judicial”, obviamente independiente -no obediente- del Gobierno.

Anticipándose a las actuaciones del actual gobierno, Hayek, también nos dejó dicho que: “La democracia se mantendrá como liberal únicamente si la mayoría se abstiene de  emplear su propio poder para atribuir a quienes la apoyan ventajas particulares que no pueden traducirse en normas generales y por tanto válidas para todos los ciudadanos.” El actual Gobierno no solo desprecia la ley; llega aún más lejos al obviar la función legislativa del parlamento  con sus injustificados decretos leyes y las “leyes ómnibus” que son la negación del Estado de Derecho.

En vez de vender allá las mejores prácticas civilizadoras europeas, compramos las peores que están envenenando políticamente Hispanoamérica

Una buena parte de la sociedad española, adormecida por la democracia totalitaria que predica y practica la izquierda, tiende a creer –cual adanistas– que se puede llamar ley a cualquier cosa que decidan los representantes elegidos de la mayoría, incluso si no respeta los incuestionables  principios antes enunciados. Por ese camino llevan tiempo transitando Argentina, Venezuela, Nicaragua y un largo etcétera con sus consabidas y tristes consecuencias.

Tanta prisa tenía la izquierda en tiempos de Franco por ser europeos, para que, cuando ciertamente lo somos, importar de allende el Atlántico las prácticas populistas que están destruyendo, sin cesar, a nuestros países hermanos. En vez de vender allá las mejores prácticas civilizadoras europeas, compramos las peores que están envenenando políticamente Hispanoamérica.

Las actuaciones del Gobierno al dictado de organizaciones asociadas a delincuentes juzgados y condenados por la Justicia, son de una soberbia política progresista que solo pueden responder -además de a la obvia conservación del poder a toda costa– a una visión pre-civilizada del orden político. La politización a ultranza de todas las instituciones que, en torno al Estado, velan por un recto proceder en la administración pública sometido a la reglas de buen gobierno y el desprecio a los organismos asesores que velan por el rigor de la legislación, está llegando a unos niveles tercermundistas.

Es patético escuchar a la ministra de Igualdad –cuyo nivel jurídico e intelectual es inapreciable– los ataques barriobajeros –su lenguaje– a nuestra insigne judicatura tras haber despreciado además de la ciencia biológica, la valoración unánime del Consejo del Poder Judicial en contra de “su ley” de violencia de género, lo que nos sitúa fuera de Europa y dentro del espacio político de las repúblicas bananeras. En más de una docena de ocasiones, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han dictado sentencias contra decisiones del Gobierno irrespetuosas del Estado de Derecho, incluido el inconstitucional cierre del Parlamento con la excusa del Covid.

Además de la deconstrucción del Estado de Derecho, con este gobierno se están consolidando e incrementado las asimetrías entre las responsabilidades de la sociedad civil y el estado. Mientras que los gobiernos cada vez generan más obligaciones de todo tipo a los ciudadanos y las empresas, ellos se cuidan mucho de cumplirlas sin que por ello se vean sancionados.

• Los plazos administrativos solo operan contra la sociedad civil; las administraciones públicas están libres de ellos.
• Los incumplimientos de las normas que dan lugar a sanciones contra “los administrados” no se aplican  nunca a las malas prácticas de la función pública, que carece de cualquier tipo de responsabilidad.

De nuevo Hayek viene a advertir que “las facultades discrecionales de la administración del Estado pueden abrir una brecha por la que la libertad humana pueda escaparse”, y añade que “probablemente, no existe otro factor que haya contribuido más a la prosperidad de Occidente que la prevalencia de la certeza de la ley.” (La verdadera, no la populista).

"El ideal de democracia, cuyo intento original era el impedir todo poder arbitrario, se ha convertido en la justificación de un nuevo poder arbitrario"

La ideología actualmente gobernante también la retrató Hayek al señalar que los acuerdos alcanzados por una mayoría parlamentaria “sobre el reparto del botín conquistado aplastando una minoría de conciudadanos o decidiendo cuánto hay que  saquearles,  no es democracia. El ideal de democracia, cuyo intento original era el impedir todo poder arbitrario, se ha convertido en la justificación de un nuevo poder arbitrario”.

Afortunadamente, los jaques al Estado de Derecho del socialismo español del siglo XXI, de la mano del comunismo y del separatismo, no han llegado todavía a ser mates –como en Venezuela, Nicaragua, Guinea, etc- pues nuestra democracia aún ejercida de manera totalitaria, permitirá seguir votando, lo que –de nuevo según Hayek- “tiene valor inestimable en cuanto convención que permite a cualquier mayoría liberarse de un gobierno que no le gusta”.

Un nuevo gobierno no totalitario, no podrá eludir como, en el pasado, la reconstrucción de nuestro Estado de Derecho; ya no bastará con rehabilitar nuestra maltrecha economía, será imprescindible recuperar los fundamentos de la democracia liberal para regresar al corazón de Europa, como antes de la llegada al poder del socialismo populista.

Y a partir de entonces, si el PSOE regresa a la senda constitucional y respeta el Estado de Derecho, construir junto con el PP un nuevo sistema mayoritario de representación parlamentaria que evite –como en los países más civilizados- que los partidos extremistas de cualquier signo político dominen la agenda política para el mal de la nación.

Llevamos casi dos décadas perdidas, tanto en progreso económico y social como en calidad institucional, pero España siempre que ha estado bien gobernada ha sido capaz de alcanzar grandes logros en poco tiempo. Y no siempre quienes dan los primeros jaques en el ajedrez terminan ganado la partida.

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