Hace unos días hemos conocido la insólita solicitud de la Fiscalía Europea reclamando la competencia de investigar un contrato de la Comunidad de Madrid que ya ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas regional sin apreciar ninguna irregularidad y del que ha conocido ya la Fiscalía Anticorrupción española decretando que no existe indicio alguno de la comisión de ilícito. La anómala petición realizada por el órgano europeo ha sido instada por una fiscal española allí destinada: Concepción Sabadell, cuyas filias y fobias políticas son bien conocidas. El caso es que, sin computar esta peculiar actuación, son ya 17 el número de querellas/denuncias presentadas contra Isabel Díaz Ayuso por parte de la izquierda política y de sus diversos mariachis, denuncias/querellas que encuentran su posterior eco en las terminales mediáticas de la citada siniestra española. Y no nos engañemos, esto último constituye el único objetivo del absurdo carrusel de denuncias/querellas reseñado: poder rellenar las páginas periodísticas y las intervenciones parlamentarias con absurdas críticas a la presidenta madrileña sin más asidero que la existencia de una denuncia/querella.
¿Por qué esa obsesión enfermiza contra la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid? La respuesta está en la impotencia política que a los obsesionados les provocan los datos. En 2021, la economía madrileña creció un 6,5% frente al crecimiento del PIB español que se agostó en el más modesto 5%. Al final del año, en España había un 13,3% de parados, en tanto que el desempleo en Madrid fue solo el 10,1%. En el mismo año -2021- el Gobierno regional madrileño fue capaz de captar el 65% del total de la inversión extranjera que eligió España como destino. Todas estas cifras revelan el éxito de la política aplicada en Madrid por Isabel Díaz Ayuso frente al fracaso de la que aplica en España Pedro Sánchez. Y esta evidencia es difícil de digerir por el residente del Palacio de la Moncloa, por su Gobierno, por sus socios y por sus correveidiles.
Nada ilícito había en la conducta de la presidenta de Madrid, según han ido decretando las diversas instancias judiciales y fiscales destinatarias de todas ellas, lo que constituye un dato demoledor
Más les cuesta aún digerir a los afectados de impotencia política que la presidenta madrileña ni se arredre ante los ataques que le destinan, ni rehúya el debate ideológico con los siniestros, demostrando que dispone del coraje y la valentía suficientes para hacerles frente. En su reaparición, la revista Yo Dona publica una encuesta en la que figura que la primera referencia política de las mujeres españolas es precisamente Isabel Díaz Ayuso, algo que indigesta a los anteriores así como al feminismo izquierdoso y a su pretensión monopolizadora.
La cuestión es que las 17 denuncias/querellas han finalizado en nada. Nada ilícito había en la conducta de la presidenta de Madrid, según han ido decretando las diversas instancias judiciales y fiscales destinatarias de todas ellas, lo que constituye un dato demoledor que desnuda el origen y el objetivo común de los denunciantes/querellantes. Se trata de una infame estrategia política de unos políticos infames que, utilizando de manera indebida las instituciones del Estado -ahora también las de la Unión Europea-, aspiran a dañar injustamente la imagen de la denunciada/querellada.
¿De quién depende la Fiscalía?
El fracaso de su estrategia es evidente, pues la imagen de Isabel Díaz Ayuso se mantiene a la altura que merecen sus éxitos políticos. Pero no podemos y no debemos quedarnos ahí. En mi opinión es obligado desenmascarar a los responsables del uso indebido de las instituciones, porque acudir en forma espúrea a los órganos judiciales y fiscales con denuncias/querellas infundadas (¿podrían calificarse jurídicamente como falsas?), supone contribuir infundadamente al atasco de los citados órganos, obliga a consumir recursos públicos para la resolución de asuntos jurídicamente intrascendentes y constituye, en fin, un supuesto flagrante de corrupción política.
No debe salirles gratis semejante fechoría. Deben tener el coste político adecuado a la dimensión de su tropelía -no dudo que lo van a tener-, pero debieran tener también el correspondiente reproche de los órganos judiciales y fiscales cuyo normal funcionamiento están dificultando al inundarles con sus infundadas demandas/querellas.
Que en el último episodio se encuentre presente una fiscal española (Concepción Sabadell) añade morbo al asunto, pues a lo expuesto hasta ahora se añade una cuestión adicional: la sensación de una posible utilización de las facultades dispuestas aprovechando la función pública desempeñada en beneficio de la infame estrategia política orquestada desde Moncloa. ¿Hasta ahí puede llegar la reacción de los que padecen de impotencia política? Pero ya lo dijo Pedro Sánchez en RTVE: “¿De quién depende la Fiscalía?... Pues eso”
