La celebración del 40 aniversario de la Constitución española podría haber sido una buena ocasión para actualizar su contenido. No para atender reclamaciones de parte o tan poco consistentes como esa que defiende su modificación porque muchos españoles no había alcanzado la mayoría de edad, o ni siquiera habían nacido, cuando fue aprobada en referéndum con un amplísimo respaldo. Pero quizá sí habría sido conveniente retocar parte de su articulado para adaptarlo a una España que en estas cuatro décadas ha experimentado profundos cambios, siendo el principal de ellos la plena asunción de responsabilidades en el seno de la Unión Europea, con lo que ello conlleva de cesión de soberanía y adaptación a nuevas normas legales.
Existe además un razonable consenso entre los expertos constitucionalistas sobre la necesidad de buscar soluciones al problema más grave al que se enfrenta el Estado: la revuelta protagonizada por el nacionalismo supremacista catalán. En esta línea, catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo nada sospechosos de simpatizar con el independentismo, como Santiago Muñoz Machado, Francesc de Carreras, Eliseo Aja, Ana Carmona, Enric Fossas o Víctor Ferreres, entre otros, plantearon hace ahora un año, en un interesante documento, repensar el modelo territorial para “buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el conjunto de España”.
Hoy sería una gran irresponsabilidad abrir el melón de la Constitución; aún mayor cuando los que más pretenden cambiarla son quienes quieren destruirla
Sin embargo, ese bienintencionado planteamiento chocaría sin ninguna duda con la negativa, siquiera a estudiarlo, de los sectores más radicales del secesionismo que están al frente de la Generalitat, por lo que iniciar un proceso de negociación con quien no quiere hacerlo sería el enésimo error cometido por el Estado en este infausto episodio. Pero además, sucede que, a este otro lado, la situación política no es precisamente la más apropiada para afrontar un proyecto de tal envergadura.
El constitucionalismo llega más dividido que nunca a unas elecciones que apuntan a trascendentales, las del próximo 26 de mayo, y a la más que probable convocatoria anticipada de la aún más capital cita de las generales -ya sea en marzo o haciéndolas coincidir en el llamado “Superdomingo” con europeas, autonómicas y locales-. Y no hay visos de que el clima vaya a mejorar hasta que no se atraviese el Rubicón electoral de la próxima primavera. Si a esto añadimos la nula fiabilidad de un presidente del Gobierno cuya máxima virtud es doblarse como un junco en función de sus particulares intereses, y que habla de la reforma constitucional con una frivolidad fronteriza con lo insensato, no podemos sino concluir que abrir en estas circunstancias el melón constitucional sería una irresponsabilidad de todo punto imperdonable. Todavía mayor si consideramos otra variable de no menor importancia: que aquellos más empeñados en reformar la Carta Magna -empezando por los populismos de Pablo Iglesias, Colau y los Rufianes de turno- son los que en mayor medida están interesados en destruirla.
Así las cosas, hoy, cuando se cumple el aniversario del texto legal más exitoso de nuestro país, fruto de un consenso político y social nunca antes alcanzado en la historia de España; cuando el balance no distorsionado de ese gran acuerdo nacional no puede ser otro que el que debiera describir, sin miedo a reconocer los errores pero con justicia y rigor, el extraordinario salto hacia adelante que los españoles hemos dado en estos años; hoy, cuarenta años después de aquella memorable jornada que enterró el franquismo en un tiempo récord, los que pensamos que este país no puede ceder ante quienes quieren destruirlo o colaboran por acción u omisión con aquellos empeñados en llevarnos por caminos oscuros y demoler la convivencia entre todos construida, queremos decir con voz clara y alta: ¡Quitad vuestras manos de la Constitución!
