Cada vez que hay una contienda electoral es habitual topar con los guardianes de los buenos sentimientos, expertos en dirimir qué actitudes caben y cuáles no cuando el votante acude a las urnas. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, numerosos sectores mediáticos demonizaron el miedo como motor para el ejercicio del voto que priorizaba el rechazo a Podemos a la satisfacción que provoca votar plenamente convencido. Como si no fuera tan legítimo moverse por el temor a una alianza lejos de nuestro agrado como hacerlo por la ilusión que pueda aguardar el votante respecto a la configuración de las mayorías parlamentarias. Es probable que la preocupación, la angustia o el hartazgo sean los sentimientos más frecuentes en las elecciones que registran una mayor participación. Porque el miedo moviliza. De hecho, si más gente hubiese sido temerosa del Brexit, probablemente la UE se habría ahorrado una de sus peores crisis en los últimos años.
Las consecuencias en el resto de España del terremoto político y social que estuvo a punto de provocar en Cataluña la ruptura constitucional han venido para quedarse
Y como con los sentimientos, ocurre también con las prioridades que deben vertebrar el discurso de una campaña. En las dos últimas semanas, en Andalucía, hemos escuchado a dirigentes de Podemos y del PSOE, con tono de regañina, afear a algunos de sus adversarios políticos que sacasen a colación la crisis catalana, decían, en lugar de hablar de Andalucía. Dejando de lado lo arbitrario que resulta que unos pocos partidos puedan decidir en qué punto se deja de hablar de lo que preocupa a los andaluces, esos reproches se antojan hoy tan absurdos y poco eficaces como las llamadas a no votar a la contra. Desde el golpe en Cataluña el pasado otoño, el 2-D fue la primera vez que españoles no catalanes podían acudir a las urnas. ¿Por qué no es legítimo utilizar un derecho fundamental para mostrar su rechazo al intento del nacionalismo de apropiarse de una parte de España de forma unilateral? El terremoto político y social que estuvo a punto de provocar en Cataluña la ruptura constitucional tiene consecuencias en toda España que han llegado para quedarse.
Susana Díaz, Teresa Rodríguez y buena parte de la opinión publicada han tratado de ridiculizar la irrupción de la crisis catalana en el debate andaluz. Cómo vamos a votar aquí contra los nacionalistas catalanes, se llegó a escuchar casi a modo de chiste u ocurrencia. Lo que pasó es que entre los andaluces no encontraron una sonrisa cómplice sino más bien un correctivo que ha penalizado a esta izquierda empeñada en minimizar -cuando no tapar- el envite del nacionalismo contra la Constitución. A quién no le gustaría ir a las urnas sin miedo a que triunfen proyectos liquidacionistas o programas que ponen en riesgo la convivencia entre iguales. Pero esos peligros existen, e igual que PSOE y Podemos no obvian a Vox sino todo lo contrario, deberían aceptar que legítimamente a los andaluces les preocupa la integridad de su país, y que de nada sirve exigir la exclusividad del acento andaluz en unos comicios. Porque el acento andaluz, como demuestran estas elecciones, puede ser muy español.
PSOE y Podemos deberían haber previsto que a los andaluces, en esta ocasión, les preocupaba la integridad de su país más que la exclusividad de lo andaluz
La prueba evidente de ello es el malestar que va a ir creciendo entre líderes territoriales del PSOE y Ferraz a medida que Pedro Sánchez retrase la convocatoria electoral. Los alicientes que tiene ahora para hacerlo son escasos, pero la exigencia de la oposición al presidente del Gobierno para precipitar los comicios tiene hoy más sentido que hace una semana, porque los primeros españoles que han podido pronunciarse tras la moción de censura han penalizado al partido que ha dejado el Gobierno de España en manos de todos los partidos que apuestan hoy por trocear la soberanía nacional. Y probablemente no les falten motivos.
Hace unos días la ministra Delgado sostenía que Bildu o ERC eran partidos que “aceptan la Constitución” -nótese que cuando habla este Gobierno de Cs o del PP lo hacen con sorna: “si tan constitucionalistas dicen que son…”-. Al mismo tiempo, desde Barcelona, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, calificaba de “provocación” la celebración de un Consejo de Ministros en Cataluña. No he escuchado a nadie del Gobierno responder a la consellera, así que va una sugerencia: “Cataluña no es del señor Torra, sino propiedad de todos los ciudadanos españoles a los que este Gobierno debe representar y lo que constituye una provocación es jugar al autoritarismo de baja estofa vetando lugares de España”. Claro que, para que esa respuesta pudiera darse, este Gobierno debería pensar lo mismo sobre Alsasua en lugar de lanzarse a criticar los homenajes a la Guardia Civil. O más fácil: para que esa respuesta fuese una realidad, el actual PSOE debería pensar que el problema catalán es también español y por tanto andaluz. Desconozco si es más atinado hablar de resurrección o alumbramiento del PSOE constitucional, lo que tengo claro es que las elecciones del 2-D pueden haber sido el último correctivo para que el primer partido de la izquierda española deje de jugar con fuego.
