Mientras en Valencia se limpian calles a destajo y se buscan cadáveres, y en Washington muchos funcionarios empiezan a recoger en cajas de cartón sus pertenencias personales, en Madrid sigue su curso el plan de ocupación de la televisión y la radio públicas. "Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de RTVE será el más plural de la historia". La frase es de hace dos semanas. La pronunció Óscar López, nuevo ministro de Propaganda, después de que el Consejo de Ministros liquidara por Decreto-ley la obligatoriedad de aglutinar las voluntades de al menos dos tercios de los diputados para elegir a los miembros del Consejo de Administración del ente público.
El decreto, para cuya aprobación se pretextó la situación de bloqueo y la larga provisionalidad de la dirección de RTVE, supone un nuevo golpe a la cultura del consenso, al blindaje de las instituciones públicas frente a las tentaciones de ocupación partidista. Esa es probablemente la consecuencia más grave de una decisión que reincide en el ya largo proceso de degradación de nuestra democracia. Pero no es la única. Cuando comenté aquí otra de las deplorables secuelas de la decisión gubernamental, la postergación institucional del Senado, al que el decreto convierte en un mero espectador, aún no conocíamos los nombres de los once candidatos propuestos por el Congreso. Ya los conocemos.
Ya los conocíamos. La mayoría podría haber acudido a su cita con la Comisión de Nombramientos del Congreso, sin que nadie se extrañara, con el carné en la boca. Del PSOE, de ERC, de Podemos, de Junts, de Geroa Bai. A esto López, Óscar, lo llama pluralidad, pero es otra cosa. Es sectarismo; es desprecio a los verdaderos profesionales; es premio a los servicios prestados. Como cuando en junio de 2023 se contrató como director de Recursos Humanos de RTVE a Jorge San José, que en ese momento ocupaba similar cargo en Ineco y había contratado a la famosa Jessica de Ábalos.
La mayoría de los 11 consejeros elegidos por el Congreso podría haber acudido a su cita en la Comisión de Nombramientos con el carné en la boca. A nadie le habría llamado la atención
Hasta ahora, los consejeros de RTVE solo cobraban dietas de asistencia. Con el Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros tendrán un salario anual de unos 105.000 euros anuales. Pero lo llamativo no es la cifra, que también. Lo verdaderamente disparatado es que este es un Consejo de comparsas, con atribuciones mínimas, muy por debajo de los anteriores. Este es un Consejo de pega cuyos componentes, a cambio de una retribución escandalosa, han aceptado un vaciamiento de sus competencias en favor de quien será nombrado presidente del ente.
Y no utilizo en este caso alternativamente el femenino, porque será él, y no ella, el elegido. Al menos ese es el acuerdo y esa la operación diseñada desde Moncloa. A los consejeros de a cien mil la pieza se les ha reservado la opción de aplaudir o patalear. Poco más. Las decisiones importantes quedan en las manos exclusivas de quien se da por hecho que será el nuevo mandamás, José Pablo López (JPL), exdirector general de 13 TV y de Telemadrid, y director de contenidos de RTVE hasta que la anterior presidenta interina, Elena Sánchez, lo puso de patitas en la calle a cuenta de Broncano. López, José Pablo, tenía, y tiene, hilo directo con López (Óscar). De hecho, la operación Decreto-ley lleva la firma de ambos lópeces, además de la del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. Pero no solo la firma.
El decreto recoge las principales exigencias negociadas con Moncloa por JPL (Artículo 12, apartado Siete del Real Decreto). A destacar las que le otorgan todo el poder en lo que concierne al nombramiento del equipo directivo y a la contratación de la mayoría de los programas. Esto último ya lo hizo en los dos años que fue director de Contenidos de RTVE (abril 2022-marzo 2024), con un resultado que habría condicionado seriamente sus aspiraciones en cualquier proceso objetivo de selección del máximo ejecutivo de una televisión pública o privada.
Presidente ’in péctore’
Durante su gestión en la tele pública, López, José Pablo, llegó a gastar en contenidos unos 400 millones de euros. Un dispendio en tanto que la mayoría de sus apuestas (“La promesa” es de una etapa anterior y el éxito del “Benidorm Fest” hay que adjudicárselo a Pérez Tornero) terminaron en fracaso. Ejemplos: “El conquistador”, “Baila como puedas”, “El mejor de la historia”, “Vamos a llevarnos bien”, “No sé de qué me hablas”, “La plaza de La 1”… La audiencia aguantó gracias al deporte. En concreto, al crédito extraordinario de 100 millones, concedido por el Gobierno, para comprar los derechos televisivos de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de fútbol.
Las cuentas de la Corporación, actualizadas al cierre del tercer trimestre de 2024, que son el resultado de decisiones tomadas en el inmediato pasado, reflejan unas pérdidas de 47 millones de euros, a solo un millón de sobrepasar el 10% de déficit anual permitido en los servicios públicos. Nada de eso se puso de manifiesto cuando JLP compareció ante la Comisión del Congreso. López se los comió; se desenvolvió con la soltura de un presidente in péctore. Habló de reducir costes, de simplificar el modelo, adelantando que para que sus consejeros cienmileuristas justifiquen el sueldo durante los seis años de mandato, se propone crear cuatro comisiones de trabajo sobre Inteligencia Artificial y otros imaginativos entretenimientos.
A finales de 2020 el Gobierno disolvió por la vía de los hechos el comité de expertos que, compuesto por profesionales de solvencia contrastada, había recibido el encargo de renovar los órganos de gestión de la radio y televisión públicas. Alguien llegó a la conclusión de que era mucho más manejable la interinidad permanente que el resultado de un proceso con el que se corría el riesgo de elegir a un profesional decente, de derechas o de izquierdas, pero que creyera en la autonomía de RTVE.
El sectarismo de los consejeros elegidos por el Congreso le regala al PP la oportunidad de elegir a cuatro profesionales independientes que se constituyan en el reducto defensor de la neutralidad de RTVE
El Real Decreto-ley 5/2024 confirma aquella impresión y el peor de los pronósticos: la decisión política de poner la televisión pública a disposición de uno de los bloques en litigio; al servicio de la rampante polarización a la que algunos parecen haberse entregado definitivamente como única tabla de salvación. Nos falta solo conocer el desenlace del último capítulo: qué va a hacer el Partido Popular con los cuatro consejeros que debe elegir el Senado, donde los de Feijóo tienen mayoría absoluta. Ciertamente, la maniobra de los lópeces es tan burda, aunque eficaz, que en la mayoría de las situaciones una proporción de 11 contra 4 justificaría la renuncia previa a cualquier batalla. Pero aceptar sin más la derrota es el único camino que no es aceptable.
El torpe sectarismo que revela el grupo de consejeros bendecido por el Congreso le regala al Partido Popular la oportunidad de tomar distancia y elegir a cuatro profesionales experimentados, y verdaderamente independientes, que sean capaces de sobreponerse a la mediocridad dominante y se constituyan en el reducto defensor de la neutralidad de RTVE. ¿Serán capaces en Génova de concebir y ejecutar algo parecido? Deberían, aunque no se conocen antecedentes del buen uso de la inteligencia en esta materia por parte de la derecha.
