El segundo mandato de Trump sigue dándonos que hablar. Cuando no son los aranceles, es la OTAN, y cuando no es la OTAN es Ucrania, la caída de la Bolsa o sus problemas con la Reserva Federal. Pero nada de lo anterior figura entre sus principales prioridades. Durante la campaña (y antes de ella) Trump se centró en dos asuntos: la inmigración y la venganza por todo lo que le han hecho sufrir en estos últimos cuatro años. Ambas prioridades se entrelazan en muchos puntos y en otros discurren de forma paralela.
El pasado fin de semana se produjo el enésimo escándalo a raíz de una deportación. El Gobierno anunció que acababan de despegar dos aviones con inmigrantes ilegales deportados desde un Aeropuerto de Texas. A bordo iban, según versión oficial, pandilleros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha. En ese mismo momento, un juez del distrito de Columbia llamado James Boasberg emitía una orden que prohibía los vuelos de deportación durante 14 días a raíz de una denuncia que habían interpuesto dos ONGs, la Unión Americana de Libertades Civiles y la asociación Democracy Forward. En la orden se pedía expresamente que esos aviones que habían despegado de Texas diesen la vuelta y regresasen a EEUU. El gobierno se mantuvo firme. Al día siguiente la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compareció y dijo que un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense.
En paralelo a eso Trump anunció que anularía una serie de indultos que Joe Biden había firmado antes de dejar el cargo para proteger a familiares y altos cargos que habían investigado a Trump. En una publicación en redes sociales, Trump decía que los indultos no eran válidos porque se firmaron “con un bolígrafo automático” y no se le explicaron adecuadamente a Biden. Los juristas aún se están pellizcando ya que algo así no tiene precedentes y es de una legalidad más que cuestionable. Junto a eso, el Departamento de Justicia, tras perder varios casos en tribunales inferiores, ya ha solicitado a los jueces la autorización para eliminar la ciudadanía por nacimiento de los hijos nacidos en Estados Unidos cuyos padres carecen de residencia permanente en ese país. Los alegatos de la otra parte se presentarán el próximo mes.
Es cierto que republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y es posible que vean con buenos ojos lo que salga de la Casa Blanca, pero tampoco les gusta que les puenteen por sistema
Como vemos, tenemos un enfrentamiento por partida triple por lo que estos tres conflictos entre el poder ejecutivo y el judicial llegarán al Tribunal Supremo en las próximas semanas, lo que anticipa que estos primeros meses de Gobierno marcarán un antes y un después dejando a su paso valiosa jurisprudencia en el derecho constitucional.
Trump tiene una visión maximalista del poder ejecutivo y trata de articular ese poder de forma mucho más asertiva que en su primer mandato. Su forma de actuar da fe de una concepción un tanto peculiar de la presidencia, ejerce sus poderes al máximo y, no contento con eso, ignora o sortea los controles y contrapesos del legislativo y el judicial. Es cierto que republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y es posible que vean con buenos ojos lo que salga de la Casa Blanca, pero tampoco les gusta que les puenteen por sistema, es decir, que el presidente actúe de forma unilateral sin siquiera consultarles.
Algunas de las cosas que Trump está haciendo no están ni previstas por la legislación federal como, por ejemplo, sancionar a abogados concretos porque trabajaron para los demócratas. Hace dos semanas dictó un decreto que penaliza al abogado Mark Pomerantz y a su antigua firma, Paul Weiss, porque Pomerantz se había unido a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en el caso que el año pasado sentó a Trump en el banquillo. La semana pasada firmó otra otra orden para sancionar a Pekins Coie, un despacho de abogados de tendencia demócrata que representó a Hillary Clinton en la campaña electoral de 2016. La jueza Beryl Howell bloqueó algunas disposiciones de la orden de Trump argumentando que era una represalia y probablemente violaba las protecciones constitucionales.
Pero donde más está chocando es en temas migratorios. Para ello está teniendo que retorcer la ley o directamente violándola. El caso de desposeer de nacionalidad a los nacidos en territorio estadounidense vulnera abiertamente la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, una enmienda aprobada en 1866 que otorga la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos. Esa enmienda dice textualmente en su sección primera:
“Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en el que resida”
No admite muchas interpretaciones el texto, parece una violación clara de la Constitución. En otros casos lo que está haciendo es retorcer la legislación como con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, empleada solo tres veces en la historia y siempre en el curso de una guerra declarada contra potencias extranjeras. Esa ley es la que ha invocado Trump para agilizar las deportaciones de presuntos pandilleros. Esta ley permite la expulsión inmediata de ciudadanos de países hostiles que hayan intentado una "invasión o incursión depredadora" en Estados Unidos. Los deportados eran salvadoreños y venezolanos. Con ninguno de los dos países está en guerra EEUU y además es cuestionable que lo suyo se trate de una invasión a no ser, claro, que seamos muy elásticos con el término invasión.
La Casa Blanca creía que los tribunales no tenían jurisdicción sobre combatientes enemigos extranjeros detenidos fuera de Estados Unidos, pero acató el fallo judicial y luego litigó por el cauce previsto para ello.
Esto mismo fue lo que arguyeron ante el juez federal de distrito James Boasberg las dos ONGs que denunciaron. El juez emitió una orden para detener las deportaciones de forma temporal a fin de poder estudiar con más calma las razones que han expuesto los demandantes, es decir, que Trump ha recurrido a una ley de forma indebida. La cosa se complicó. Porque el juez ordenó también que los aviones que volaban hacia El Salvador regresasen, pero no lo hicieron, así que en una audiencia celebrada el lunes por la tarde, el juez ordenó al Departamento de Justicia que proporcionara, por escrito y bajo juramento, una explicación más detallada sobre los vuelos de deportación, lo que, según él, le ayudaría a decidir si sancionaría a los departamentos del gobierno que desacataron su orden.
El hecho es que, en una entrevista en Fox News, Tom Homan, el llamado zar fronterizo de Trump, defendió la decisión del Gobierno de no traer de vuelta los vuelos escudándose en que ya habían cruzado una frontera internacional. Dijo textualmente que no se detendrá, que no le importa lo que piensen los jueces y que le importa menos aún lo que piense la izquierda. La reacción de Homan fue llamativa porque, incluso en tiempos de guerra, el Gobierno se somete a los tribunales. En 2004, por ejemplo, el Gobierno de George Bush cumplió con la orden de un juez federal de detener los procedimientos que llevaba a cabo el ejército en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo. La Casa Blanca creía que los tribunales no tenían jurisdicción sobre combatientes enemigos extranjeros detenidos fuera de Estados Unidos, pero acató el fallo judicial y luego litigó por el cauce previsto para ello.
Tiene Trump tanta prisa por deportar inmigrantes que se diría que está cometiendo errores a propósito. Están deportando a personas con solicitudes de asilo antes de que los jueces de inmigración puedan tramitarlas y eso es ilegal. Pero, pongamos por caso que todos los deportados el sábado son, como dice Trump, peligrosos pandilleros venezolanos y salvadoreños. Parece claro que los estadounidenses no les echarán de menos. No sabemos si todos, pero muchos de ellos seguramente son delincuentes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Aún con esas no deja de ser chocante que el propio Gobierno pisotee la ley en nombre de su cumplimiento. Es legal deportar inmigrantes, pero debe hacerse antes tras la resolución favorable de un juzgado En el caso de los delincuentes también lo pueden hacer, pero demostrando antes que lo son, es decir, exhibiendo públicamente sus condenas.
Cuando llegó la demanda unas horas después al juzgado de Washington y su titular suspendió las deportaciones hasta recabar más información y considerar el tema con calma, los primeros dos aviones ya habían despegado de Texas
El tema es que el gobierno no ha facilitado ni sus nombres ni sus delitos. Fueron trasladados a El Salvador, donde el Nayib Bukele los envió de inmediato a su prisión Cecot donde, como bien es bien sabido, los derechos humanos se quedan en la puerta. Para hacerlo, el gobierno invocó esta Ley de Enemigos Extranjeros que exime de trámites judiciales para la deportación. Esta ley se ha utilizado en sólo tres ocasiones y siempre en guerra. Trump se justifica diciendo que el país está en guerra contra las pandillas, por lo que la ley es aplicable, pero no ha habido ninguna declaración de guerra ni resolución del Congreso al respecto.
En EEUU impera el Estado de Derecho luego cualquiera puede recurrir a los tribunales para denunciar al Gobierno si cree que ha incumplido la ley. Eso mismo fue lo que sucedió. Trump invocó la ley el viernes y la primera deportación se produjo un día después. Es posible que la ley sea aplicable, pero si hay alguien que no está de acuerdo el órgano que lo decide es la Justicia. Así es como funciona un país civilizado. Cuando llegó la demanda unas horas después al juzgado de Washington y su titular suspendió las deportaciones hasta recabar más información y considerar el tema con calma, los primeros dos aviones ya habían despegado de Texas. Les ordenó regresar vía el departamento de inmigración, pero hicieron oídos sordos. Karoline Leavitt dijo después que ellos no se han negado a cumplir orden judicial alguna y que si los aviones no regresaron se debió a que estaban ya en destino, es decir, en el extranjero, sobrevolando México. El aeropuerto del que partieron fue el de Harlingen, a sólo 20 kilómetros de la frontera con México a la altura de Matamoros, ya muy cerca de la desembocadura del Río Grande. Es decir, no estaban sobre territorio estadounidense. De nuevo estamos ante una interpretación cuestionable de la ley.
Pero es que cuando compareció Tom Homan no se mostró tan suave y dialogante. Dijo de forma textual que no les importa lo que digan los jueces y que van a seguir adelante. Es decir, que ellos invocan e interpretan la ley. En la red Elon Musk amenazó al juez Boasberg con un “impeachment”, y los partidarios de Trump pidieron de forma ruidosa que se ignore a los tribunales, especialmente Boasberg, a quien acusan de ser un militante demócrata. Desconocemos si Boasberg es demócrata o republicano. Lo que sabemos de él es que tiene 62 años y desde hace 30 está en la carrera judicial. Primero fue fiscal y luego, desde 2002, juez. Boasberg fue, por ejemplo, quien impidió que se publicasen en prensa las fotografías que se tomaron en 2011 del cadáver de Osama Bin Laden, ya que eso comprometía la seguridad nacional. Fue también quien ordenó la liberación de los correos electrónicos de Hillary Clinton que encontró el FBI. Esos correos fueron solicitados por Judicial Watch, una asociación cercana al partido republicano, arguyendo que eran correos de trabajo y no privados, por lo que la opinión pública tenía derecho a verlos. En aquella ocasión a Trump el fallo de Boasberg le pareció muy bien.
Además, y esto es importante, el Gobierno puede recurrir cualquier decisión judicial por el cauce que prevé la ley. El caso entonces asciende y puede llegar hasta el Tribunal Supremo. Lo que el Gobierno no puede hacer es desacatar una orden judicial porque sí.
La justicia de Bukele
Luego está el tema de Bukele, un tipo que lleva años pisoteando el estado de derecho en su lucha contra las pandillas. Es cierto que la violencia provocada por las maras ha disminuido y eso ha propulsado hacia arriba su popularidad, pero sus métodos rozan la barbarie. Estados Unidos ha pagado a El Salvador 6 millones de dólares para que se encargue de los 300 pandilleros, y tanto Trump y como Marco Rubio se han deshecho en elogios hacia él como si fuese un héroe. Trump ganó las elecciones con la promesa explícita de deportar a los inmigrantes ilegales, especialmente a los delincuentes, y más concretamente a los del Tren de Aragua. A sus votantes les encantará que cumpla esa promesa. Pero debe hacerlo dentro de los límites de la ley o conducirá al país por un camino peligroso que luego va a ser muy difícil desandar.
