La crisis surgida en la Comunidad de Madrid por la hospitalización de las personas mayores durante la pandemia del coronavirus suma un nuevo capítulo. Ante el cruce de acusaciones entre Ciudadanos y el PP por la existencia de órdenes para no ingresar a los ancianos, avaladas por patronales de las residencias, y negadas por los geriatras, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha querido despejar dudas. Según la Consejería de Sanidad, uno de cada cuatro enfermos ingresados tenía más de 80 años y en torno a uno de cada dos, más de 70.
El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha aportado el análisis de los registros de los sistemas de información de los centros hospitalarios de la Comunidad, tanto públicos como privados. Los datos llegan tras días de un duro enfrentamiento político a costa de las hospitalizaciones de las personas de más edad durante el punto álgido de la pandemia, con el foco puesto especialmente en la residencias. El propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tildaba la semana pasada de "crimen" y "escándalo" lo ocurrido en Madrid y en Castilla y León.
El consejero de Sanidad defiende su gestión
Ruiz Escudero señalaba el pasado jueves, durante la sesión de control al Gobierno regional, celebrada en la Asamblea de Madrid que, su Consejería no ha dejado de ingresar a ningún paciente con coronavirus por su edad y que se garantizó la asistencia a todos los madrileños.
Según la información que aporta hoy su departamento, el 25,2% de los madrileños ingresados en los hospitales, sobre un total de 42.719 pacientes hospitalizados analizados entre los días 1 de marzo y 31 de mayo de 2020, un total de 10.772, tenían más de 80 años. Un total de 20.418 pacientes (el 47,8% de los ingresados), tenían más de 70 años.
La misma información indica que, por tramos de edad, 308 (el 0,7%) tenían menos de 19 años; 2.847 (6,7%) estaban entre 19 y 40 años; 11.196 (26,2%) entre 41 y 60 años; 4.022 (9,4%) tenían entre 61 y 65 años; 3.928 (9,2%) entre 66 y 70 años; 4.901 (11,5%) estaban entre 71 y 75 años; 4.745 (11,1%) 76 y 80; 4.293 (10%) contaban entre 81 y 85; y 6.479 (15,2%) tenían más de 85 años.
El 56% de los pacientes eran hombres
Por sexos, el análisis determina que los hombres representaron el 56% de los pacientes ingresados (23.939 personas), mientras que las mujeres supusieron el 44% de los ingresos, un total de 18.780. De los varones ingresados, indica Sanidad, el 21,5% era mayor de 80 años, y del conjunto de las mujeres, el 29,9% tenía más de 80 años. La paciente de mayor edad atendida contaba con 110 años y el hombre más mayor, 106 años. Sobre la estancia media del conjunto de los pacientes atendidos en los hospitales madrileños durante la epidemia fue de algo más de 11 días.
Según los datos recopilados por Vozpópuli en base a los ofrecidos por las comunidades autónomas, un total de 19.493 mayores habrían fallecido en las residencias (públicas, concertadas y privadas) durante la pandemia. Sería un 71,8% de las muertes totales notificadas por el Ministerio de Sanidad (27.136). Madrid figura como la región más golpeada, con 5.975 fallecidos solamente en los centros residenciales, seguida de Cataluña, con 4.082 muertos en centros de mayores, y Castilla y León, con 2.587 decesos.
Cruda batalla política por la gestión en las residencias
La gestión de la crisis sanitaria en las residencias ha sido objeto de una cruda batalla política en las últimas semanas. Este digital publicaba la pasada semana que una residencia madrileña ubicada en Leganés, Vitalias, en la que murieron 43 ancianos en marzo, mandó una carta a la Consejería madrileña de Sanidad el día 26 de aquel mes en la que se advertía que pacientes contagiados con covid-19 eran devueltos al centro "sin llegar a ser atendidos en el hospital".
Patronales del sector como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) o el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) han denunciado que hubo "procedimientos" en algunas comunidades autónomas para no trasladar a los hospitales a usuarios de residencias de mayores y no sólo en la Comunidad de Madrid.¿Vio alguna de esas instrucciones por escrito?, preguntó hace apenas unos días Vozpópuli al presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid. "Sí, claro", respondía
Días antes, sin embargo, los geriatras, agrupados en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), daban la razón a la Consejería de Sanidad de Madrid en cuanto a que no existían protocolos para evitar el ingreso de mayores en los hospitales durante la epidemia. "Eran los geriatras los que decidían con criterios clínicos siempre", defendía el consejero el pasado jueves. En su opinión, cuestionar la existencia de esas órdenes era cuestionar la profesionalidad de los médicos.
Según los datos aportados por la SEGG a Vozpópuli en días pasados desde el 1 de marzo al 5 de junio, se trasladaron 10.300 residentes, una media 106 cada día, a los hospitales de la región. La misma sociedad, sin embargo, pedía el pasado mayo la investigación de las muertes de mayores en las residencias y que se depurasen responsabilidades en caso de negligencia.
"Solos y desprotegidos" durante la pandemia
Precisamente hoy, Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha comparecido en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados donde ha puesto en en valor el trabajo que han desempeñado los profesionales sociosanitarios durante la crisis sanitaria. La
patronal asegura que la pandemia ha puesto de relieve la descoordinación existente
entre las áreas de servicios sociales y sanidad a todos los niveles.
La ley que regula las residencias es de 2006 y no responde a la realidad actual del usuario medio de los centros, según la patronal del sector
La organización añade que durante semanas se han sentido "solos y desprotegidos" ante una crisis sanitaria que ha hecho aflorar deficiencias que el colectivo llevaba años denunciando. Para Jesús Cubero "las residencias no son hospitales, ni deben convertirse en ellos, son la casa del mayor y deben seguir siéndolo para hacer frente a los problemas propios de personas con necesidades de cuidado personalizado y ayudando a las personas mayores a sentirse parte fundamental de la sociedad".
La ley que regula estos centros, indicó el secretario general de AESTE, es de 2006 y no responde a la realidad actual del usuario medio de los centros: 84 años, diversas enfermedades, deterioro cognitivo, un alto nivel de dependencia y polimedicados. AESTE apuesta por un modelo sociosanitario que fortalezca los circuitos de referencia entre Atención Primaria y los centros residenciales; que refuerce los departamentos hospitalarios de Gerontología e intensifiquen su apoyo al circuito residencial; que se incremente la atención sanitaria en los centros residenciales acreditados para ello y, concluye, con equipos multidisciplinares orientados a la atención de situaciones de emergencia asistencial en las residencias.
El pasado viernes, los médicos de las residencias públicas de mayores y de personas con discapacidad intelectual de Madrid rompían su silencio y, por primera vez, relataban el drama vivido. En una larga y durísima carta remitida a las autoridades madrileñas se quejaban de discriminación respecto a sus compañeros, de "pésima coordinación" en la crisis entre las consejerías de Políticas Sociales y Sanidad en la crisis, de una respuesta tardía y de ausencia de medios y recursos."Hemos estado en las trincheras, es más, nosotros hemos construido las trincheras", sentenciaban en su escrito.
