La socióloga y experta en comunicación medioambiental, Alexandra Fabiarz, ha lamentado este martes en el Congreso Social de Móviles que "la Unión Europea no ha planteado respuestas legales efectivas a la obsolescencia programada", pese a "ser el segundo continente que más residuos electrónicos genera".
Según Fabiarz, la obsolescencia programada, una de las problemáticas que es necesario solucionar en la lucha medioambiental, "se encuentra en un vacío legal dentro de la Unión Europea" y, "pese a que la UE ha manifestado en contra, no hay consenso entre Estados".
En el marco del Congreso Social de Móviles (MSC), la experta en comunicación medioambiental ha denunciado que, en 2017, el conjunto de la humanidad "generó 44,7 millones de toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)", una tendencia que "se espera que siga aumentando en 2018".
En este sentido, Fabiarz ha explicado que "sólo un 20 % de los RAEE están controlados en su proceso de reciclaje", algo que, según el ingeniero informático y experto en economía circular, David Franquesa, "genera un negocio ilegal imposible de controlar".
En la conferencia de esta tarde del Congreso Social de Móviles, los ponentes han planteado alternativas para limitar el consumo y desecho de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), como teléfonos móviles, electrodomésticos y pantallas.
En esta línea, Franquesa ha denunciado que el actual modelo de consumo de productos electrónicos "es lineal, basado en comprar, usar y tirar". Como contramedida, Franquesa propone un modelo de economía circular basado en las "Tres erres" (3R): Reducir, Reutilizar y Reciclar, en este orden.
Según Franquesa, "aunque recicláramos el 100% de los productos electrónicos que consumimos, sólo reduciríamos el impacto de la huella ecológica un 1,6 %", por lo que es necesario "mantener con vida los AEE tanto tiempo como sea posible, evitando reciclar prematuramente".
Franquesa ha explicado también que, tras tratar de reducir el consumo de los AEE, es mejor repararlos en caso de que se estropeen y donarlos o revenderlos en caso de que los sustituyamos por productos nuevos y "sólo cuando la vida útil del producto se haya agotado totalmente", reciclarlos "mediante una licencia comunitaria que garantice su reciclaje".
De esta forma, aclara Franquesa, "evitaremos promover un negocio que en la extracción de los minerales genera guerras, en el que los productos se ensamblan en fábricas que tienen a sus trabajadores en régimen de semiesclavitud y del cual sólo el 20 % acaba en circuitos legales de reciclaje".
