El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha incumplido el ultimátum de diez días dado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para hacer públicos los contratos suscritos con diversas entidades hoteleras para acoger a inmigrantes en varios puntos de la Península tras su llegada a Islas Canarias. Este ente dictó una resolución contra el departamento que hoy dirige Elma Saiz para facilitar dichos contratos después de varias reclamaciones y recursos, pero desde esta oficina han obviado el último requerimiento, incumpliendo así la Ley de Transparencia.

Este diario presentó una petición ante el Portal de Transparencia para tener acceso a los contratos adjudicados por el Ministerio de Inclusión a diversas entidades hoteleras para acoger a los inmigrantes que llegaban a Canarias, ante el colapso de la administración de las Islas por el aumento de los flujos migratorios.

Cabe recordar que Islas Canarias padeció en verano y otoño un aumento significativo en el número de llegadas debido, principalmente, a las crisis humanitarias que se viven en los países de origen de los inmigrantes. Las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos aprovechan esta situación para lanzar a miles de personas al mar en embarcaciones precarias, con el objetivo de que lleguen a territorio europeo. Por su ubicación, Islas Canarias es uno de los destinos prioritarios.

De acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio del Interior, 39.910 personas llegaron a Canarias en 2023 por vías irregulares; un aumento significativo respecto a las cifras de 2022, cuando lo hicieron 15.682. La intensidad de los flujos migratorios se mantiene en 2023: desde el 1 de enero hasta el 2 de mayo han alcanzado las Islas 15.982 personas (frente a las 3.401 que lo hicieron en el mismo periodo de tiempo del año anterior).

En el transcurso de esa crisis y debido al desbordamiento de las plazas asignadas, el Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, tomó la determinación de trasladar a los inmigrantes a diversos establecimientos hoteleros en la Península para aliviar la presión en las Islas Canarias.

Traslado de Canarias a la Península

El traslado de inmigrantes desde Islas Canarias hasta diversos puntos de la Península generó, además, diversas fricciones entre administraciones. Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP, reprocharon al Gobierno la falta de coordinación. Los organismos locales y regionales afirmaban, igualmente, que no se les había proporcionado información sobre el tiempo que los inmigrantes permanecerían en estos establecimientos, lo que dificultaba la adecuada gestión de atenciones básicas y primarias.

Así, Vozpópuli solicitó información específica a este Ministerio sobre los contratos públicos e importe suscritos con el Balneario Las Salinas (Medina del Campo), el Hotel Los Barruecos (Malpartida de Cáceres), el albergue Pirenarium (Sabiñánigo) y “cualquier otro establecimiento de estas características con el que se haya suscrito un acuerdo similar”.

La Administración, una vez superado el periodo de respuesta ofrecido por la Ley de Transparencia, no ofreció ninguna respuesta. Debido a ese silencio administrativo, el 29 de noviembre de 2023 se interpuso una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Desde este organismo se trasladó el expediente al Ministerio de Inclusión.

Ultimátum de diez días

Hasta que por fin, el pasado 15 de marzo, el Consejo de Transparencia, dio un ultimátum de diez días hábiles al departamento que dirige Elma Saiz para ofrecer la información solicitada. En su resolución recuerda que “la entidad requerida [en referencia al Ministerio de Inclusión] no ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este procedimiento”.

no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública

“Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información”, añade el escrito del Consejo de Transparencia, urgiendo al Ministerio de Inclusión a que le remita una copia de la información enviada al reclamante.

El Consejo de Transparencia indica, además, que la falta de respuesta del Ministerio de Inclusión a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones formuladas desde este organismo “no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública”.

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