El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha valido de una modificación exprés de una ley promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de que la Justicia avale su plan para restringir la movilidad de los ciudadanos en los distritos madrileños con mayor incidencia del coronavirus.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha aprovechado que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este sábado de urgencia la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19, que modifica la tramitación de las causas contencioso-administrativas, para sortear a los jueces ordinarios, y así informar directamente al Tribunal Superior de Justicia madrileño de su decisión de restringir la movilidad de miles de ciudadanos.
De esta forma, Ayuso ya no tendrá que enfrentarse a casos como el del sustituto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez Cebrián, quien en agosto pasado anuló en primera instancia la decisión de la Comunidad de Madrid de prohibir fumar en espacios públicos sin distancia de seguridad. El Ejecutivo madrileño tuvo que esperar una semana para que el TSJ desautorizara al magistrado, y ratificara la prohibición.
Un plazo de tres días
Además, el cambio legal aprobado este sábado ha incluido otra modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que beneficia a los intereses de Ayuso y del resto de presidentes autonómicos, ya que obliga a los Tribunales Superiores de las diferentes comunidades autónomas a contestar "de forma preferente, y en un plazo máximo de tres días".
Precisamente este martes por la mañana la Abogacía de la Comunidad de Madrid ha presentado dos escritos en el tribunal madrileño comunicando las medidas que entraron en vigor en 37 zonas de la región, por lo que el TSJ madrileño tiene de plazo hasta el jueves para decidir si refrenda el plan de Ayuso, o por el contrario lo frena al considerarlo contrario a la Ley.
Tras recibir las dos comunicaciones del Ejecutivo autonómico, que serán analizadas de forma unitaria, los documentos han sido trasladados a la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo, que es la competente para tramitar los casos relacionados con los derechos fundamentales. Una magistrada ponente se ha hecho cargo de las diligencias de ordenación a la espera de recibir el escrito de la Fiscalía sobre los hechos.
Votación de un tribunal
Esta magistrada, que recibirá el informe de la Fiscalía, redactará una resolución que someterá a votación del tribunal, que podría estar compuesto por tres o cinco magistrados. Y todo ello dentro del plazo de tres días establecido tras la modificación legal exprés acordada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Este cambio legislativo, que tiene su origen en el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril aprobado por el Gobierno para agilizar la Justicia tras la pandemia, fue rechazado por el PP de Pablo Casado. Sin embargo, el documento ha incluido desde este rechazo varias enmiendas de los grupos parlamentarias.
Y entre ellas se encuentra una presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que atribuye a los TSJ "la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales", especifica la nueva norma.
