La promotora Urbas ha dado la campanada al anunciar que "ultima" presentarse al concurso que desarrolla el ministerio de Fomento de cara a levantar 20.000 pisos de alquiler a precios regulados, el mayor plan en marcha del ministerio de José Luis Ábalos en materia de vivienda regulada en España.
Urbas es la primera en anunciar públicamente su decidido interés por este proyecto público-privado, si bien desde la promotora explican a Vozpópuli que todavía no están cerrados los términos de la propuesta que se hará al ministerio. La promotora dice encontrar en el plan de Fomento un atajo perfecto para entrar en el negocio del incipiente "build to rent" (la promoción de vivienda económica de alquiler), al que prevé destinar parte de sus 18 millones de metros cuadrados de suelo (repartidos en un 41% en Madrid, 33% en Castilla La Mancha y 10% en Andalucía, entre otros).
"El Plan 20.000 prevé el desarrollo, durante los próximos 4-5 años, de unas 20.000 viviendas para alquiler asequible en lugares donde el mercado está especialmente tensionado, tales como Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla, a través de licitaciones del derecho de superficie de suelo público sobre el que las empresas adjudicatarias construirán las viviendas que luego explotarán en régimen de alquiler durante un plazo amplio y predeterminado de años", explican desde Urbas, afirmando ser "muy optimista con su concurso y participación en este modelo de negocio, que considera una oportunidad que brinda el mercado con la colaboración del ministerio de Fomento y un perfecto complemento de su negocio principal, que sigue siendo la promoción residencial".
De sus 4,7 millones de ingresos en 2019, 4,2 millones procedieron de la venta de suelo
Fundada en 1944, la promotora ha construido un total de alrededor de 5.500 viviendas, aunque ahora se encuentra en pleno proceso de reestructuración con la vista en poder repartir dividendos a partir de 2024. Entre sus operaciones anunciadas en el año 2019 sobresale su irrupción en el entorno del ayuntamiento de Sevilla con una promoción de 400 viviendas a precio protegido (VPOs).
Hasta el tercer trimestre, la promotora acumulaba un volumen de negocios de 4,7 millones de euros y unos ingresos de un millón de euros tras pérdidas por cinco millones en 2018. De esos 4,7 millones en ingresos, 4,2 millones procedieron de la venta de suelo, 385.000 de alquileres y 175.000 de la venta de promociones.
Denuncia por estafa y deudas
La cifra de negocio en 2019 es un 126% mayor que la de 2018 pero se da en el marco de una "política empresarial orientada principalmente a acuerdos de refinanciación con las entidades que integran el pool bancario de la compañía" para conseguir una reducción de su considerable deuda. A 30 de septiembre de 2019, la empresa acumulaba deuda vencida y pendiente de pago con entidades financieras (como Sareb) por importe de 105 millones de euros y con fondos de inversión por otros 58 millones.
Tal y como lo refleja la evolución de su cotización en el mercado continuo, la empresa ha sufrido de forma notoria sobre todo desde el año 2017, cuando se conoció la apertura de diligencias secretas por parte de la Audiencia Nacional por presunta estafa y sobrevaloración de fincas contra Urbas en una ampliación de capital de 307 millones durante el estallido de la burbuja inmobiliaria tras una querella criminal interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación ha señalado a la empresa y a Juan Antonio Ibáñez Fernández, presidente de la compañía hasta principios de este 2019, cuando renunció al consejo. Ibáñez Fernández sigue vinculado a Urbas a través de diferentes sociedades que le dan una participación del 27,795% en el capital de la compañía, superior al 27,719% del actual presidente y exvice, Juan Antonio Acedo Fernández. De los tres céntimos de euros que llegó a valer en 2017, la acción de la inmobiliaria ha caído hasta los 0,7 céntimos de euro actuales.
Fuentes cercanas a la empresa insisten en su inocencia y señalan que la querella de la Fiscalía no tiene por qué impedir la candidatura de Urbas a participar del proyecto de Fomento
A preguntas de Vozpópuli sobre la denuncia de la Fiscalía, fuentes cercanas a la empresa insisten en su inocencia y señalan sin entrar en detalle que dicha querella e investigación no tienen por qué impedir la candidatura de Urbas a participar del proyecto de Fomento.
La última auditoría de Bakertilly sobre las cuentas de Urbas reconoce que la querella es un factor que ha "penalizado" la capacidad de la promotora para renegociar su deuda, "incidiendo de forma directa en retrasos sobre la resolución de los distintos procesos de renegociación de deuda abiertos y por tanto, en el desarrollo del plan de negocio del grupo que está encaminado a revitalizar el bajo nivel de actividad que actualmente presenta".
El ministerio de Fomento se ha limitado a asegurar a este medio que "no sabe nada" de la propuesta de Urbas pero, ante la pregunta, no ha precisado si hay o no otros promotores interesados.
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