La familia cubana Sánchez Hill demandó en junio a la cadena española Meliá Hotels International bajo el amparo de la Ley Helms-Burton (1996), activada de nuevo por Donald Trump en mayo tras más de 20 años inactiva. Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill reclaman una indemnización de al menos 10 millones de euros por la explotación de dos hoteles, Paradisus Rio de Oro y Sol Rio y Luna Mares, situados en unos terrenos que les fueron expropiados por el Gobierno de Fidel Castro.
La demanda, presentada en un tribunal de Palma de Mallorca, sede social de Meliá, ya ha sido admitida a trámite, según ha podido saber Vozpópuli. En ella los abogados José Ramón Ferrándiz y Rafael Gimeno-Bayón Cobos explican que la familia "ha tratado repetidamente de llegar a algún acuerdo con Meliá", y tras varias reuniones entre ambas partes entre los años 1999 y 2004, el grupo hotelero "ofreció el pago de 3.197,75 dólares como indemnización por la explotación de dichos bienes".
Según los letrados, "este ofrecimiento, al margen de su insultante cuantía, encierra un innegable acto propio", tanto "de la aceptación de la explotación ilícita de los terrenos" como "del derecho de mis demandantes a ser indemnizados". "El carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra", señalan en el escrito.
Los demandantes aseguran que las reuniones "no dieron sus frutos" porque el Departamento de Estado norteamericano "no quería aplicar el régimen sancionador de la Ley Helms-Burton y expulsar al grupo Meliá de Estados Unidos debido a las implicaciones económicas que ello podía conllevar" y la hotelera "obvió darle la justa efectividad" a la compensación.
Ahora los demandantes piden que les indemnice con una cantidad equivalente a los beneficios que hayan obtenido de estos hoteles durante los últimos cinco años, una cuantía que los Sánchez Hill han cifrado en 10 millones de euros. Al ser preguntada por este asunto, Meliá no ha querido hacer declaraciones.
La demanda en España
La familia notificó ya en abril a Meliá su intención de demandarla en caso de no recibir una compensación, puesto que aunque los hoteles no son en realidad propiedad de la cadena española sino del Grupo Gaviota, perteneciente al conglomerado empresarial de los militares Gaesa, la ley permite reclamar también a aquellos que se han beneficiado de la explotación de los bienes expropiados.
Es la primera demanda presentada bajo la Ley Helms-Burton en España. La Unión Europea ha mostrado desde el principio su oposición a esta ley al considerar que contraviene el derecho internacional y ha adelantado su intención de aplicar el "estatuto de bloqueo de la UE" y "todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio (OMC)", indicó Federica Mogherini, alta representante para la Política Exterior de la UE.
Este estatuto permite a las empresas demandadas reclamar compensación por daños y perjuicios como consecuencia de las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos y, lo más importante, anula el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras y prohíbe a las personas de la UE cumplir esas sanciones, salvo si la Comisión las autoriza excepcionalmente.
Otro frente abierto en EEUU
Meliá es una de las hoteleras con más presencia en Cuba, con la gestión de casi 40 hoteles, así que la demanda de la familia Sánchez Hill no es la última que se espera. Bajo el mismo procedimiento, el pasado 21 de mayo otra familia cubana residente en Estados Unidos, los herederos de Antonio Mata Álvarez, notificaron a Meliá su intención de demandarla por gestionar el hotel Meliá San Carlos en Cienfuegos (Cuba), que les fue expropiado hace casi 50 años.
En una acción judicial ya presentada en la corte federal del Distrito Sur de la Florida demandan a varias empresas cubanas implicadas en la gestión del hotel por parte de Meliá y mencionan al grupo español, que todavía no está demandado. La cadena tenía un plazo de 30 días (hasta el 20 de junio) para compensar económicamente a los demandantes que, en caso de no detener sus operaciones en este plazo de un mes, pueden exigirle hasta tres veces más del valor actual de la propiedad.
Más empresas demandadas
Meliá no es la única empresa hotelera demandada bajo esta ley. Las cadenas hoteleras españolas Barceló e Iberostar, junto a la canadiense Blue Diamond y la francesa Accor, se unieron a la lista de empresas afectadas el pasado 26 de junio por una nueva demanda colectiva presentada en los tribunales estadounidenses.
La firma de abogados Rivero Mestre LLP denuncia que estos grupos se lucraron con propiedades expropiadas en Cuba por el Gobierno de Fidel Castro, aunque no especifican a qué propiedades se refieren las acciones judiciales ni aportan más detalle. Desde el grupo Barceló señalan a este medio que por el momento no han recibido ninguna notificación de demanda.
El mismo bufete ya presentó una denuncia similar una semana antes contra la plataforma alemana de búsqueda de hoteles Trivago, perteneciente al grupo Expedia, en la que se avisaba que podía afectar también a Booking. Al tratarse de acciones colectivas (class action), se pueden sumar otros ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades hoteleras en Cuba fueron expropiadas y explotadas por estas compañías.
