El Ayuntamiento de Madrid inició los meses de junio y julio, en colaboración del grupo de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, la elaboración de un Plan de Derechos Humanos en una de cuyas conclusiones señala que la Policía municipal "en lugar de ser garante de derechos son represores".
Para elaborar este plan la Corporación, que preside Manuela Carmena, consideró que era necesario "consultar a la sociedad civil" y montó una serie de talleres. El periódico municipal diario.madrid.es ha publicado el resumen del trabajo realizado por las asociaciones y grupos participantes en estas sesiones.
En el Taller 1, llamado Derechos a la Seguridad y Fuerzas de Seguridad Democráticas, participaron Legal Sol, Rights Spain, Fundación Secretariado Gitano, Sos Racismo, Asociación Lorategui, Amnistía Internacional y Observatorio Metropolitano Jueces Para la Democracia.
El periódico señala que actualmente el plan está en plena elaboración del primer borrador "el cual se socializará con las distintas partes implicadas y con el conjunto de la ciudadanía para obtener nuevos comentarios y validarse antes de su paso por el Pleno municipal, previsiblemente a finales de año".
El primer problema que debatió el taller fue "la discriminación y represión policial
El primer problema que debatió este taller fue "la discriminación y represión policial, los malos tratos policiales, el uso excesivo de la fuerza, la discriminación de sujetos, la islamofobia y vigilancia masiva, la identidad basada en el perfil étnico, la represión en manifestaciones…"
Después de analizar las causas, el taller consideró responsables de esta situación a las leyes mordazas del Estado y a la policía local "por su interpretación y aplicación de la legislación de manera no garantista con los derechos humanos".
Consideran los participantes que el Ayuntamiento no incorpora suficientemente el enfoque de los derechos humanos en los programas de formación, que compete a la Comunidad de Madrid.
El problema 2 es el Modelo represivo "privatización de la seguridad vs. democratización, degradación y inapropiado de los espacios públicos, conflictos vecinales crónicos, abordaje securitario de la convivencia, organizaciones criminales, percepción de inseguridad vs. peligro real,…".
El tercer problema de este taller son las deficiencias en la formación de la policía
El tercer problema de este taller son las deficiencias en la formación de la policía en derechos humanos. Consideran entre las causas el hecho de que el perfil de los ciudadanos que entran en la policía responde "al afán y motivación por ser autoridad y ejercer el poder en vez de proteger o formar parte de un cuerpo garante de los derechos humanos".
Los culpables de esta situación son, según los participantes, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento como responsable de la formación continua. Especialmente culpables son los mandos policiales y la dirección de la Escuela de Formación del Ayuntamiento.
La consecuencia de esta situación es que la policía, en lugar de ser garante de los derechos, son represores. Se produce, por parte de los ciudadanos, un alejamiento respecto al cuerpo de policía que puede llevar “a un alejamiento o desconfianza hacia el propio Ayuntamiento”.
También hay "abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y desautorización".
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