La Oficina Antifraude, el nuevo organismo que investigará las conductas de funcionarios y profesionales del Ayuntamiento de Madrid, así como de las empresas adjudicatarias de un proyecto o de las entidades que resulten beneficiarias de una subvención, ha conseguido reconciliar y enfrentar al mismo tiempo a los cuatro grupos políticos municipales. Si bien Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos son proclives a la puesta en marcha de esta suerte de agencia de las buenas prácticas, la idea de que esta sea patentada con el 'sello' de los partidos opuestos ha generado un cisma en el Consistorio capitalino. Tanto PP como Ciudadanos han criticado que el reglamento de esta oficina es "el primer texto legal que nombra a partidos, PSOE y Ahora Madrid, en su preámbulo".
Tres meses después del rechazo de la Oficina Antifraude propuesta por Ciudadanos a finales del pasado mes de diciembre por parte de Ahora Madrid y PSOE, Manuela Carmena y la portavoz del grupo municipal socialista, Purificación Causapié, han protagonizado una polémica rueda de prensa -por no ponerla en conocimiento del resto de formaciones- con el fin inicial de presentar en sociedad el borrador del nuevo organismo. La iniciativa responde al 'Observatorio Ciudadano de la Corrupción' -una Oficina Antifraude- exigido por PSOE para apoyar la investidura de la alcaldesa. Con ese órgano, Antonio Miguel Carmona, exportavoz socialista en la capital, pretendía investigar presuntos casos de uso ilegal de fondos públicos.
"Parece que tiene que tener todo el sello de Ahora Madrid, PSOE", señala Begoña Villacís
Sin embargo, para Begoña Villacís y su equipo "parece que tiene que tener todo el sello de Ahora Madrid y PSOE", ya que ellos se pusieron manos a la obra para instaurar esta entidad previamente y presentaron una propuesta que fue apoyada por el PP, pero rehusada por Ahora Madrid y PSOE por considerarla "precipitada" y quedarse en un "planteamiento cojo".
Según Carmena, cuando Ciudadanos presentó su idea meses atrás se rechazó porque "el gobierno estaba preparando" este documento, estaban elaborando en ese momento sus líneas generales "con una calidad jurídica y técnica muy aceptable". Según el borrador presentado este martes, este organismo "estará alejado de presiones políticas".
"Un control de su cuerda"
Pero Villacís niega estar avisada de estos planes. En declaraciones a Vozpópuli apunta a que todo camina a establecer un "un cuerpo de control de su cuerda". "Hacer depender la Oficina del Pleno es tanto como politizarla, cuando lo que debe ser es el organismo de control de los partidos políticos y del gobierno", reprocha. Además, continúa, la persona que va a tener más poder en este nuevo cuerpo va a ser la figura del director y este será elegido por tres quintas partes del Pleno. "Pero, ¿qué pasa si no hay acuerdo? En una segunda votación solo sería necesario el acuerdo de dos grupos, es decir, con Ahora Madrid y PSOE valdría para nombrar al director", adelanta.
Según Villacís, la propuesta presentada este martes implica que "el gobierno elige a quien le controla". En cuanto a los vocales que integrarán la Oficina, personas exclusivamente de la sociedad civil y que no van a ser remuneradas, denuncia que pese a que serán votados en el Pleno, serán filtrados por el mismo director. Además, tanto Villacís como Esperanza Aguirre han criticado la falta de tiempo que han tenido para estudiar un borrador de una propuesta que les llegó en la mañana de este lunes en un correo electrónico sin saber que iba a dar cuenta de ella la alcaldesa en el Pleno.
Ámbito de actuación
La nueva Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no sustituirá el control del Pleno ni a las comisiones de investigación que puedan emprenderse. "Tendrá competencias para investigar y comprobar actuaciones sospechosas de fraude o cualquier aprovechamiento irregular derivado de las actuaciones de las personas que presten sus servicios para el Ayuntamiento", explican desde el Ayuntamiento. Además, detallan que promoverá e impulsará la creación y modificación de códigos de buenas prácticas, y analizará las resoluciones judiciales que se hayan declarado probadas en situaciones de corrupción dentro del ámbito del Ayuntamiento de Madrid o en su relación con otras instituciones de carácter público o privado.
"Su ámbito de actuación se extenderá a todo el sector público del Ayuntamiento, incluidos sus organismos autónomos, sociedades mercantiles, sociedades de economía mixta, fundaciones, asociaciones y cualquier ente con personalidad jurídica propia que de ellos dependan", dicen. Y aclaran que no podrá desempeñar funciones que correspondan a la autoridad judicial, a la fiscalía o a la policía judicial, ni podrá investigar los mismos hechos que sean objeto de averiguación o instrucción por aquellos mientras haya causa judicial abierta.
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