La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a decir 'no' a la puesta en libertad del ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en situación de prisión provisional desde octubre del año 2014 por su implicación en la trama Púnica.
El pasado mes de diciembre el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, rechazó excarcelar al que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre tres días después de que la Guardia Civil hallara un maletín con 900.000 euros en metálico durante el registro llevado a cabo en casa de sus suegros.
El hallazgo el pasado mes de diciembre de un maletín con 900.000 euros en metálico descubierto en casa de los suegros de Granados hicieron saltar las alarmas a los investigadores
La semana pasada la defensa de Granados recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia y propuso al tribunal -como medida alternativa a su estancia en prisión- que le colocara una pulsera telemática para estar así localizado las 24 horas del día o acordara su arresto domiciliario.
La decisión, pendiente de la Sala de lo Penal
A falta de que el tribunal resuelva esta petición, las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez se han vuelto a oponer a la puesta en libertad del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. El Ministerio Público entiende que, aunque la investigación se encuentra en un estado avanzado, si Granados queda en libertad podría acceder a testigos claves del procedimiento e incluso ayudar a la ocultación de pruebas, entorpeciendo así la instrucción de esta macrocausa.
Además, según informan fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, el hecho de que durante el registro del domicilio de sus suegros el pasado 15 de diciembre la Guardia Civil encontrase los 900.000 euros hicieron saltar las alarmas en la Fiscalía, que considera que el dirigente del PP podría destruir pruebas si es excarcelado en estos momentos. De hecho, este hallazgo provocó que el juez Velasco imputara a los padres de su esposa por un delito de blanqueo de capitales llamándolos a declarar a su juzgado.
En contraposición, Granados defiende una y otra vez que no existe ni riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas ni tampoco de reincidir en la actividad delictiva si abandona la prisión de Estremera. El ex consejero madrileño, considerado uno de los cabecillas de Púnica, se encuentra imputado por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude.
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