No todo son constructoras, clubs de fútbol y apellidos de raigambre empresarial. La lista de los mayores deudores con Hacienda hecha pública este miércoles por la Agencia Tributaria incluye también nombres de personajes que han ocupado más espacio en las páginas de sucesos de los diarios por uno u otro motivo, que en el espacio dedicado a la información económica. Así, figura Rafael Gómez Sánchez, más conocido como 'Sandokán', un empresario cordobés condenado por el caso Malaya que llegó a crear su propio partido y consiguió un acta de concejal en las elecciones municipales de 2011. Pero también el abogado Manuel Franco Argibay, condenado por su relación con una trama de narcotráfico gallego y estafas, el exjuez Luis Pascual Estevill o la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), en permanente batalla contra la ONCE por la venta de cupones y que sorprendente se personó como acusación popular en el 'caso del Pequeño Nicolás'. No son los únicos, pero sí de los más llamativos dentro de esta relación de 345 personas físicas y 4.510 jurídicas que adeudan al erario 15.600 millones de euros.

En la lista de Hacienda figuran siete sociedades del empresario y exconcejal cordobés Rafael Gómez 'Sandokán'. Entre todas, acumulan deudas con el fisco de más de 192 millones de euros

El caso de 'Sandokán' es especialmente llamativo. Su nombre no figura en la lista, pero sí los de siete de sus empresas, cuyas deudas con el fisco ascienden a un total de 192 millones de euros. Rafael Gómez, que creó el partido Unión Cordobesa (UCOR) con el que salió elegido edil en 2011, se convierte así en uno de los empresarios que más dinero deben a Hacienda. Así, con Arenal 2001 SL, adeuda 67 millones de euros. La segunda propiedad de Gómez en este ránking es Arenal 2000 SL, con un débito superior a los 58 millones de euros. En tercer lugar está el llamado Grupo Inversor Arenal 2000, con una deuda a la administración pública de 48,6 millones de euros. La cuarta empresa propiedad de Gómez con más deudas es Arenal 2000 de Inversiones, con 12,5 millones de euros. 

Por los impagos a la Seguridad Social y a Hacienda de estas cuatro primeras empresas tanto Rafael Gómez como sus hijos están procesados por un juzgado de Córdoba. De hecho, el Ministerio Fiscal solicita una pena de 44 años de cárcel para Rafael Gómez y 22 años a sus hijos, por considerarlos autores de hasta once delitos fiscales. El proceso, que arrancó en 2009, está ahora en punto muerto tras una serie de recursos de las partes implicadas en el mismo. Además de estas empresas, en la lista de mayores deudores con Hacienda hay, al menos, otras tres compañías más relacionadas con Gómez, aunque con cantidades mucho más humildes. Así, el Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez debe 2,4 millones de euros. Otra empresa que se llama Rafael Gómez Sánchez SA debe 1,2 millones de euros. Y una tercera llamada solo Rafael Gómez SA, otros 2,1 millones de euros.

Asociaciones supuestamente benéficas

También grande es la deuda que tiene con Hacienda la Organización Impulsora de Discapacitados. Nada menos que 86 millones de euros. Esta asociación es, en la actualidad, una de las acusaciones populares que están personadas en el sumario que se sigue por las andanzas de Francisco Nicolás Gómez, el 'Pequeño Nicolás'. Sin embargo, ya era conocida desde mucho antes, sobre todo por su perenne pugna con la ONCE por la venta del cupón. Con delegaciones en toda España y con varias emisoras de radio, el pasado mes de febrero el Ministerio de Hacienda la sancionó con una multa de 25 millones de euros por la comisión de una infracción "muy grave" de la Ley del Juego. La sanción se basaba entonces en la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados "Euroboleto, Euromillonario", "Busca OID", "Busca 25.000 euros" y "Superbusca 10 millones de euros" en toda España. Hacienda dejaba constancia de que la misma no tenía licencia ni a nivel nacional ni autonómico para vender esos boletos.

La Organización Impulsora de Discapacitados, que ejerce la acusación popular en el 'caso del Pequeño Nicolás', debe 86 millones de euros a la Agencia Tributaria 

Aquella resolución destacaba que la OID tenía un mercado consolidado en la venta de estos cupones que le reporta beneficios importantes y regulares a los promotores, que no son discapacitados, según destacaba dicho texto. También resaltaba que se había extendido por todo el territorio nacional "amparado en el carácter presuntamente social de dicha organización, aunque no hay evidencias de que los vendedores de cupón de la OID sean realmente discapacitados, ni siquiera en un porcentaje mayoritario", añade. Hacienda consideró que los vendedores trabajan normalmente sin ningún tipo de contrato "o con un contrato de voluntariado, sin estar dados de alta como cotizantes en la Tesorería General de la Seguridad Social". Sólo dos personas figuraban dadas de alta.

Sin embargo, la OID no es la única presencia en la lista de morosos de una asociación con apariencia benéfica. También figura la Asociación Recreativa Benéfica Apadrinar Niños del Tercer Mundo, que figura como deudora de algo más de un millón de euros. Ésta ya había sido noticia antes en los medios de comunicación en 2013, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Asturias solicitó seis años de cárcel y el pago de más de dos millones de euros para su presidente y tesorero acusados de defraudar dinero organizando bingos con el argumento de destinar los beneficios a ayudar en proyectos de países subdesarrollados. La asociación no pagó durante años ni el impuesto de sociedades ni la tasa sobre juegos de azar. En 2011 ya había sido condenada por el Tribunal Supremo por un hecho similar.

Dos abogados y un juez

En el apartado de abogados morosos también aparecen nombre llamativos. Uno es el del polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, quien debe un total de 3,6 millones de euros. Rodríguez Menéndez trató de presentarse a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre con el Partido Socialista de la Justicia (PSJ) y un programa que incluía la legalización de las drogas blandas y de la prostitución, que el dentista estuviese incluido en la Seguridad Social y un salario mínimo interprofesional de 800 euros. Finalmente, al no cumplir los requisitos legales, la formación no pudo concurrir. Era el último episodio de un letrado que ha estado en la cárcel y huido en varias ocasiones. En 2005, fue condenado a dos años por difundir ocho años antes el vídeo en que se atentaba contra la intimidad de Pedro J. Ramírez. Antes de entrar en prisión, huyó a Argentina, pero fue detenido un año después cuando regresó de incógnito a España para visitar a su madre gravemente enferma. Ya encarcelado fue condenado a 10 años de cárcel por defraudar al fisco 4 millones de euros entre 1990 y 1994. En 2008 aprovechó un permiso de cuatro días para volver a cruzar el Océano Atlántico. Buenos Aires se negó a extraditarlo. Regresó por su propio pie a principios de 2014, cuando todos sus delitos habían prescrito.

Un abogado pontevedrés condenado por haber creado el entramado societario a un narco gallego adeuda a las arcas públicas 1,58 millones de euros

También gran repercusión mediática tuvo en las páginas de sucesos otro de los que figuran en la lista de morosos: el exjuez Luis Pascual Estevill. Hacienda le reclama ahora 5,4 millones de euros. El magistrado expulsado de la carrera judicial fue condenado por el Tribunal Supremo en 2006 a 9 años de cárcel por cohecho, prevaricación y detención ilegal al considerar que junto a un abogado urdió un "insidioso plan" para extorsionar a los empresarios a los que el primero investigaba y el segundo defendía. A principios de los años noventa, los empresarios abonaron diversas cantidades de dinero al juez y al abogado para no ingresar en la cárcel o para salir al cabo de unos días de entrar. Curiosamente, en la lista también aparece la empresa que investigó como magistrado, Grand Tibidabo de Javier de la Rosa, con una deuda de 9,5 millones. Mucho menor es la cantidad que adeuda al fisco Manuel Franco Argibay, un abogado pontevedrés condenado por blanqueo de capitales en el 'caso Cormorán' por montar el entramado societario del narco José Antonio Pouso Rivas, 'Pelopincho'. Hacienda reclama ahora 1,58 millones de euros a este letrado que acumula ya dos condenas: una de tres años y cuatro meses de prisión por el 'lavado' de fondos y una segunda de cuatro años por estafa. Franco Argibay llegó a estar cinco años huidos.

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