No piensa Rajoy en recurrir al artículo 155 de la Constitución. Así se lo trasladará este viernes a Rivera e Iglesias en Moncloa. Pero sí tiene preparada la artillería judicial necesaria para atajar con firmeza el reto soberanista catalán antes de que la moción para la 'desconexión con España' consume su trámite en el Parlament. El problema es que la mayor parte del peso de la estrategia del Ejecutivo radica en la actuación del Tribunal Constitucional, cuyas atribuciones fueron reforzadas hace un par de meses, mediante una ley orgánica 'ad hoc', en medio de una fuerte polémica.
El Ejecutivo tiene la idea de que el momento de recurrir al Constitucional para atajar la nueva fase secesionista será en el mismo instante en que el pleno del Parlament se pronuncie sobre la iniciativa secesionista presentada por Juntos por el Sí y la CUP. Será ahí cuando el Ejecutivo presentará el pertinente recurso ante el alto Tribunal para que invalide esa moción así como cualquier otra actuación ulterior en esa misma línea.
Dos posturas encontradas
Moncloa y el PSOE están de acuerdo en los tiempos, según trascendió del almuerzo celebrado entre ambos líderes este miércoles en Moncloa. Sin embargo Ciudadanos, mucho más drástico, se ha mostrado partidario de acelerar la actuación del tribunal e impedir que incluso la Cámara catalana pueda votar en pleno la mencionada iniciativa separatista.
En círculos del Gobierno hay precupación sobre cuál va a ser la actitud del TC a 'la hora de la verdad'.
De una u otra forma, todo pasa por el Constitucional, en especial desde que se le dotó de atribuciones para ejecutar sus propias resoluciones, una iniciativa del Gobierno que no fue muy bien recibida en su momento por un sector de los magistrados. En círculos del Gobierno hay precupación sobre cuál va a ser la actitud del TC precisamente en decisiva circunstancia, 'la hora de la verdad'. No dudan de que los jueces cumplirán con su deber, pero también observan unas notorias reticencias que no resultan nada tranquilizadoras. Muy en especial llegan las dudas que se plantean entre algunos magistrados, que consideran que el Ejecutivo no ha sido capaz de solucionar un problema eminentemente político y envía ahora a las togas por delante, como si se tratara de un cuerpo de infantería.
Una de las posibles reacciones que se temen en Moncloa es que el Constitucional, una vez dictada la resolución correspondiente contra cualquier actuación que emane del Parlamento catalán, dé traslado de vuelta al propio Gobierno la responsabilidad de la ejecución de sus decisiones, lo que le permitiría al Tribunal quedarse en un segundo plano. No es esto lo que buscaba Moncloa a la hora de aprobar la reforma del TC pero cuenta con que pueda ocurrir un escenario de esta índole.
Malestar en el TC
Lo cierto es que la reforma que el Gobierno ha llevado a cabo in extremis sobre el tribunal de garantías no ha contado con el agrado de un representativo número de magistrados que componen este órgano. Distintas fuentes del Alto Tribunal consultadas por Vozpópuli coinciden en afirmar que "las formas no han sido las adecuadas". La proposición de ley urgente registrada el pasado 1 de septiembre en el Congreso fue toda una sorpresa en el Constitucional, ya que el propio presidente Francisco Pérez de los Cobos fue avisado esa misma mañana de que dicha reforma que iba a presentarse en el plazo de una hora.
Hay magistrados que aprecian claros visos de "inconstitucionalidad" en la ley ad hoc aprobada por el PP
Por otro lado, la mayoría de magistrados coinciden en afirmar que una modificación legal de esa envergadura debería haberse llevado a cabo con el "consenso" de los grupos políticos y siempre escuchando el dictamen previo del Consejo de Estado. La realidad es que el mecanismo del que se ha dotado ahora al Tribunal Constitucional con dicha reforma legal ya existe en otros tribunales constitucionales europeos, como el alemán o el austríaco, pero fuentes de este órgano puntualizan que esto se debe a que así viene contemplado en sus respectivas cartas magnas, algo que no ocurre en nuestro país donde ha sido introducido por la vía de la ley orgánica.
Sobre si la ley del PP es constitucional o no, las opiniones son variadas en el seno del tribunal. Hay magistrados que ven "claros visos" de inconstitucionalidad y otros que consideran que las formas son discutibles pero el fondo no. En todo caso, ya hay algún miembro del TC que apunta a que si dicha ley tuviera que aplicarse antes de que se resolviese por el Pleno el recurso de inconstitucionalidad que tiene previsto presentar el PSOE el propio Constitucional podría plantear una autocuestión de inconstitucionalidad.
Una respuesta proporcional
En contraposición, en el Ejecutivo se recuerda que la ley de Seguridad Nacional, que de forma sorprendente aprobó el Consejo de Ministros después del verano, concede al presidente del Gobierno poderes extraordinarios para actuar en forma casi sin límites contra la actuación irregular de cualquier instancia administrativa o política.
De momento, Rajoy se aferra a la necesidad de una respuesta 'proporcional' y sin 'ansia' con el objeto de desgastar a los nacionalistas catalanes, cada vez más excitados y que transmiten una imagen de escasa cohesión interna para abordar este tramo decisivo de sus planes. El presidente cree que si la respuesta jurídica es contundente y se lleva a cabo con eficacia puede que los planes secesionistas sufran un severo contratiempo, quizás irreversible.
¿Quieres participar en la conversación?