PSOE y Compromís han confirmado en las últimas horas su disposición a materializar una de las propuestas que comparten en su programa electoral: la reapertura de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Dos años y medio después de que cesaran las emisiones de este medio de comunicación, y en mitad de un farragoso proceso de liquidación que, hasta el momento, ha costado 150 millones de euros, los dos partidos han apostado por refundar una televisión pública a la que pretenden prohibir que contraiga deuda para no repetir errores del pasado.
Todos los partidos de las Cortes de esta comunidad autónoma, salvo el PP, apoyaron hace unos meses una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) que defendía la creación de una televisión pública que emita en valenciano y que no esté ligada a los intereses de la Generalidad. Podemos también secundó la propuesta, al considerarla fundamental para “que haya una democracia real en el País Valenciano”.
De esa ILP surgió una promesa electoral que los tres partidos están dispuestos a cumplir en los próximos meses. Todo ello, con el proceso de desmantelamiento de la RTVV sin concluir –algunas fuentes estiman que se podría alargar durante años por los “desmanes” cometidos por sus anteriores administradores- y dentro de una comunidad autónoma con una deuda de cerca de 50.000 millones de euros, de los que alrededor de 1.300 se generaron en este ente público.
El proyecto de PSOE y Compromís
Compromís ha evitado fijar una fecha para la inauguración del nuevo Canal 9; sin embargo, desde el PSOE han expresado su intención de que se produzca el próximo 9 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. “Nos comprometemos a que en esa fecha haya un informativo en el que se ofrezcan noticias sobre lo que ocurre dentro de un territorio común, el de Castellón, Valencia y Alicante”, han detallado a Vozpópuli fuentes del partido.
El PSOE propone reabrir la RTVV el próximo 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana
Los socialistas, oficialmente, se muestran prudentes con respecto a este nuevo proyecto y aseguran que lo construirán a partir de las recomendaciones de los abogados del Estado que trabajan para esta región. Pero su candidato, Ximo Puig, ha avanzado que el Canal 9 que planea recibirá fondos públicos a partir de un contrato-programa que firme con el Gobierno regional (ni Comprimís ni el PSOE han hablado de su cuantía) y tendrá terminantemente prohibido endeudarse, con el objetivo de evitar que se convierta en un “agujero sin fondo”, como lo fue anteriormente la RTVV.
Sobre la dimensión de su plantilla, ambos partidos han escenificado sus discrepancias. Desde el PSOE, esperan que sea bastante menor de 900 personas, mientras que en Compromís pretenden negociar con el Comité de Empresa de la cadena para consensuar su tamaño. Los líderes de la coalición se han contradicho durante los últimos días pues, por un lado, han hecho pública su intención de que tenga menos de 1.000 personas pero, por otro, han expresado su disposición a reincorporar los 1.800 trabajadores que fueron despedidos de la empresa.
El modelo informativo que el PSOE quiere aplicar en este nuevo medio de comunicación es el que mantuvo Televisión Española durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que –consideran- sus telediarios alcanzaron la imparcialidad que se debe exigir a un ente público de estas características. Compromís ha propuesto que su presidente y su Consejo de Administración se elijan por mayoría de dos tercios en el Parlamento valenciano, así como que permanezcan en su puesto durante seis años.
Los socialistas recurrieron el cierre de Canal 9 ante el Tribunal Constitucional por considerarlo un "atentado contra la democracia"
Los problemas para su apertura
Este proyecto de reapertura defendido por Compromís, PSOE y Valencia en Comú deberá superar algunas dificultades que complicarán su puesta a punto, como son las causas judiciales que mantienen contra la RTVV el sindicato CGT –por el último ERE sobre sus trabajadores- y el propio PSOE. En este último caso, ante el Tribunal Constitucional por entender que el cierre de este medio supuso un “atentado contra la democracia, contra el derecho de expresión y contra la cultura”.
Otro de los nudos gordianos que deberán resolver sus nuevos gestores será el de su compleja liquidación. Compromís ha pedido al PP su inmediata paralización, algo que realmente sería una acción simbólica, pues este proceso lleva varias semanas en suspenso a consecuencia de las reticencias de sus responsables a "estampar su firma para saldar algunos asuntos más que polémicos". De hecho, tres de los liquidadores han dimitido a consecuencia de su complejidad, han precisado a Vozpópuli fuentes de la RTVV
La tercera gran cuestión a la que se enfrentará el tripartito de izquierdas será la de configurar una televisión autonómica que sea rentable o, al menos, que no genere pérdidas. Es decir, una rara avis en el panorama audiovisual español, en el que estos medios de comunicación son proclives a acumular cuantiosas deudas, como se demostró, precisamente, en el antiguo Canal 9.
