Todo bajo control en los planes de Pedro Sánchez. Después de la visita del número 3 del PSOE, Santos Cerdán al 'president' Puigdemont, el rango del secesionismo para los socialistas ha pasado a ser un elemento de absoluta normalidad diplomática, incluso debajo de una foto de las urnas del 1-O donde tuvieron lugar las conversaciones en Bruselas. Irónicamente, por supuesto, pero fehacientemente en las negociaciones que llevan teniendo lugar de manera clandestina las últimas semanas y que han oficializado una cercanía que quizá antes existía de la misma forma pero ahora ya sin tapujos por la urgencia.

En este contexto el pacto está ya más que hecho para acabar de atar los apoyos para revalidar su mandato como presidente del Gobierno y evitar las elecciones generales. Tal y como informa El Español, el Gobierno prevé registrar la ley orgánica de amnistía este mismo jueves como proposición de ley socialista junto al apoyo de los grupos independentistas. Tanto ERC como PSOE ya anunciaban un pacto este martes y con Junts el apretón de manos estaría al caer, si bien quedaría por ver la figura del relator internacional y el reconocimiento de Cataluña como "nación", dos líneas rojas de Puigdemont en su discurso de septiembre.

En dicha ley se recogerían la exoneración de los delitos de corrupción y de terrorismo, además de otros como la desobediencia.  Dentro de la corrupción entrarían los condenados por malversación al desviar fondos públicos para acciones relacionadas con el 'procés', por lo que saldrían beneficiados algunos afectados del núcleo duro del dirigente de ERC Oriol Junqueras como el actual presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y quien fuera secretario general de la consejería de Economía, Josep Maria Jové, y que se reunió a principios de octubre con el ministro de la Presidencia, Félix Boñalos.

Esa amnistía también beneficiaría a altos cargos de la Generalitat e incluiría los procedimientos del Tribunal de Cuentas por quebranto patrimonial del erario público. En cuanto al delito de terrorismo, podrían quedar incluidos los responsables investigados por la Audiencia de Tsunami Democràtic y los CDR, tal y como ha reclamado ERC en sus conversaciones con Sumar. La secretaria general de ERC, Marta Rovira y el diputado republicano Rubén Wagensberg también podrían quedar exonerados.