Empieza a despejarse un largo contencioso entre la Agencia Tributaria y Gas Natural-Fenosa. El grupo ha devuelto este año al Fisco 150 millones de euros en deducciones por actividades de exportación que se había anotado indebidamente entre los años 1999 y 2001. La compañía, que (al igual que muchas otras grandes empresas) tiene firmadas en disconformidad y recurridas ante el Tribunal Supremo las actas de inspección de Hacienda de varios ejercicios (en concreto, el periodo 1998-2005), ha visto cómo el Alto Tribunal da la razón al Fisco, que no está permitiendo a las empresas internacionales de servicios apuntarse esas deducciones.
El resto de ejercicios abiertos a controversia, no obstante, siguen pendientes de resolverse, explican fuentes del grupo. Esos 150 millones, que incluyen la cuota pendiente de abonar y los intereses, han sido reintegrados tras una sentencia del Supremo notificada en febrero pasado. “Perdimos”, dijo este martes, escuetamente, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, en una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados semestrales de la compañía. Esa salida de efectivo de la caja del grupo no ha tenido impacto en sus cuentas porque el importe ya estaba provisionado. A cierre de 2011, el grupo tenía apartados 265 millones por este concepto, que incluyen el total a pagar más los intereses.
La que, presumiblemente, sí va a tener impacto en las cuentas de Gas Natural (y en el resto de empresas del sector) es la reforma energética anunciada por el Gobierno para enjugar el déficit tarifario, que podría estar sobre la mesa de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del próximo jueves para su aprobación en el Consejo de Ministros, según el último calendario que proporcionó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el viernes pasado.
La reforma energética podría retrasarse nuevamente
No obstante, las diferencias entre los ministerios de Industria y Hacienda al respecto (José Manuel Soria prácticamente no ha pasado un día en Madrid en la última semana) podrían propiciar un nuevo retraso hasta agosto. Según fuentes gubernamentales, todavía se están puliendo detalles del proyecto de ley para protegerlo frente a los previsibles recursos judiciales de las empresas.
Villaseca consideró “prematuro”, al no conocer aún “ningún borrador legal”, precisar el impacto que tendrá para la compañía la reforma que, según ha anunciado Soria, se basará fundamentalmente en impuestos y tasas a las diferentes tecnologías de generación. No obstante, el directivo avisó de que no hay “ninguna garantía” de que lo recaudado (se maneja una cifra superior a los 6.600 millones de euros) no se destine a taponar otro déficit: el público.
El consejero delegado de Gas Natural consideró “evidente” la legalidad de esos posibles gravámenes, aunque insistió en que “el problema no está en la generación”, que “carece de márgenes para soportar soluciones impositivas”, sino en los 10.000 millones con los que se carga la tarifa eléctrica “por decisiones de política energética que requieren financiación fuera del sistema”, en alusión a las primas a las renovables y los sobrecostes de los sistemas eléctricos aislados. También dejó claro que, si grava al gas con un nuevo impuesto, “por supuesto” se trasladará al cliente final.
En caso de caer a bono basura, el grupo tiene liquidez para aguantar dos años
Los analistas preguntaron ayer con insistencia a Villaseca por la posibilidad de que la nota de la deuda de España (y, por ende, Gas Natural) quede degradada por debajo del bono basura. Una hipótesis que "en absoluto" cree que vaya a producirse, aunque, de ocurrir, la empresa estaría preparada, pues cuenta con unos 8.800 millones de liquidez (la mitad, en caja y la otra mitad, en préstamos y líneas de crédito), suficiente para aguantar 24 meses sin recurrir a los mercados de capitales.
La compañía, que acaba de renovar dos líneas de crédito que vencían ahora por un importe conjunto de 1.800 millones, tiene “margen” sobrado para replantearse inversiones, en función del entorno del mercado y de lo que depare la reforma energética. En concreto, podría prescindir de dos tercios de las inversiones previstas (las no asociadas a mantenimiento de infraestructuras). Hasta junio, el grupo (que suele concentrar la mayor parte de las inversiones en el segundo semestre) invirtió 550 millones, un 6% más.
