La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresó sus dudas sobre los contratos fijos discontinuos en un informe sobre el mercado laboral español. Sin embargo, el "trabajo conjunto" posterior entre el Ministerio de Trabajo y el organismo derivó en una modificación del documento inicial, favorable a Yolanda Díaz.

La OCDE envió este martes un informe a la prensa española en el que cuestionaba que el contrato estrella de la reforma laboral garantizara más seguridad al trabajador. Posteriormente, sin mediar explicación, colgó en su página web una versión retocada del informe original, en la que 'censuraba' sus dudas iniciales.

El documento enviado el martes a las 11.00 horas cita textualmente, en la versión en español, que "la eficacia de los contratos indefinidos para el trabajo intermitente -una nueva disposición introducida por la reforma para los trabajadores estacionales- en la mejora de la seguridad laboral de los trabajadores temporales es aún incierta". Y añade: "puede ser necesaria una supervisión continua y una regulación potencialmente más estricta para garantizar nuevos avances".

Vozpópuli se puso en contacto con la OCDE. El organismo confirmó que con esa frase, efectivamente, se refería al contrato fijo discontinuo y "al hecho que aún es pronto para determinar si efectivamente garantiza más seguridad laboral". Detalló también a este medio que con seguridad laboral se refiere "al hecho de tener un trabajo seguro y con una cierta continuidad contractual, o bien una reducción de la temporalidad".

Sin embargo, horas después de que los medios se hicieran eco del informe, Trabajo avisó a los periodistas de que no era válido. El Ministerio precisó que la OCDE había colgado en su página web otro documento, instando a modificar los artículos ya publicados.

En esa nueva versión, que se puede consultar online, la OCDE dice que "el uso de los contratos indefinidos para el trabajo estacional -un uso promovido por la reforma- puede contribuir a una reducción de la tasa de temporalidad, una conclusión que deberá confirmarse mediante una evaluación de impacto programada para el 2025 para corregir posibles desviaciones y garantizar nuevos avances".

Los cambios del informe inicial se produjeron después de que Trabajo y la OCDE llevaran a cabo "un trabajo conjunto". Así lo especifica la agencia Efe en la segunda versión de la noticia, matizada después de que el Ministerio avisara de la existencia del nuevo informe colgado en la web.

Este periódico preguntó en la tarde del martes al Ministerio de Trabajo y a la OCDE si la modificación se había realizado a solicitud del Gobierno. El organismo señala que "el equipo hizo una edición menor para aclarar el año en que se llevaría a cabo el análisis de la reforma, pero no cambió ningún otro texto". Por otra parte, aclara que los textos que se envían embargados a la prensa "a veces se editan en el último minuto, pero solo enviamos versiones revisadas si hay un punto de datos o un cambio fáctico importante en la versión original".

Desde el Ministerio aseguran que "España forma parte de la OCDE" y "con carácter previo a la publicación se ha trabajado conjuntamente". "Con carácter posterior no nos consta que haya habido comunicaciones sobre el informe", añaden desde el Ministerio. El equipo de Yolanda Díaz también niega haber visto o tener constancia de otra versión distinta a la publicada en la página web.

Además, en todo momento se refieren a la segunda versión como la "oficial", pese a que la primera se envió a la prensa en dos ocasiones: el lunes a las 11.00 horas, un día antes de su publicación, embargada durante 24 horas; y en el momento de la publicación y el desembargo, a las 11.00 horas del martes. Se desconoce cuándo se colgó en la web la versión modificada.

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