Opinión

En el quid de la pensión

La sostenibilidad de las pensiones está en el alero. La reforma de Escrivá alimenta dudas, en lugar de despejarlas

  • Jubilados en La Rambla de Barcelona -

Mucho se ha escrito ya de la reciente reforma del ministro Escrivá, que ha puesto sobre el tapete la sostenibilidad de las pensiones públicas y a costa de quién. Conviene darle a este asunto un poco de contexto histórico. Las pensiones públicas nacen de dos ideas: los seguros y la Seguridad Social. El origen de los seguros de vida está en Escocia; ministros de la iglesia escocesa (calvinistas) fueron sus inventores en 1744, lamentaban tanto la suerte económica de las viudas y huérfanos de los clérigos que dieron con una solución: en vida darían un dinero para un fondo que invertiría para que, tras la muerte, hubiera dinero que destinar a los vivos. La clave estuvo en el correcto cálculo de cuánto dinero sería necesario aportar para las contingencias, y ahí radicó su éxito. De hecho, sus fórmulas no difieren mucho de las actuales, basadas en probabilidades y estadísticas, y que llevan a que las compañías de seguros sepan cuánta prima deben pagar sus asegurados para afrontar todos los imprevistos y aun así ganar dinero. Aún ahora el “scottishwidows” o “fondo de las viudas escocesas” es un participante famoso e importante en los mercados. 

La idea se extendió primero a los soldados y luego a toda la sociedad. El que los seguros privados pasaran a ser públicos con la idea de un fondo social para imprevistos tuvo su origen, según el profesor de Harvard Niall Ferguson, en Japón, porque tras el gran terremoto de 1923 las compañías privadas no se hicieron cargo de nada por ser una catástrofe natural. Aunque antes, en 1883, el canciller alemán Bismarck ya puso en marcha un seguro de enfermedad, y aunque el término “Seguridad Social” fue inventado después, en la América de Roosevelt, fue el país nipón el que universalizó un fondo de asistencia social. El “todos deben estar asegurados” no murió a pesar de la derrota en la II Guerra Mundial; es más, la asistencia estatal japonesa recibió tal impulso que se contagió a la mayoría de los países que vieron que ante la destrucción de una guerra no se podía confiar en los seguros privados. La Seguridad Social se convirtió en algo común: el estado empezó a pagar si no trabajas, si estás enfermo, si eres viejo…eso sí, a cambio gran parte del sueldo se destina a todos esos “seguros”. 

Para vencer a la inflación hacen falta inversiones más rentables pero que suelen ser más arriesgadas, como la bolsa, con lo que la pensión queda en manos de los vaivenes de los mercados financieros


En 1976 Milton Friedman denunció que algo fallaba argumentando que la inflación acaba con los beneficios del fondo de dinero público destinado a imprevistos ya que, por su culpa, el dinero pierde y pierde valor. Es uno de los motivos por lo que ocurre lo que actualmente en España, que el dinero de los cotizantes actuales es el que paga las pensiones pasadas y no el dinero ingresado en su día. Para vencer a la inflación hacen falta inversiones más rentables pero que suelen ser más arriesgadas, como la bolsa, con lo que la pensión queda en manos de los vaivenes de los mercados financieros. Volviendo a Japón, la alta esperanza de vida y el parón demográfico provoca que en la actualidad esté cerca el momento (¿una década?) en que por cada pensionista sólo haya dos trabajadores, la deuda pública agobia al país y muchos creen que la poderosa Seguridad Social del Japón acabará colapsando. 

Para evitar esto en el Chile de Pinochet, de la mano del ministro José Piñera, se diseñó el más famoso experimento de cambiar el sistema de Seguridad Social pública a otro de propiedad del cotizante y gestión privada. Entre 1979 y 1981 se implantó un sistema de pensiones que ofrecía –voluntariamente- darse de baja del sistema anterior y destinar el 10% de su sueldo a unos gestores que manejarían una cuenta a nombre del trabajador; es decir, el capital, ese 10%, seguía siendo de cada uno. El 80% de los trabajadores se cambió. El auge económico de Chile desde entonces, la reducción de la pobreza y la alta rentabilidad individual de los fondos de pensiones, parecen dar la razón a los defensores de este sistema a pesar de las actuales críticas. El problema del sistema chileno está en los trabajadores que no tienen empleo o que lo tienen de forma irregular y sus aportaciones son nulas o mínimas.

Si los gestores privados de ese dinero se equivocan –o tienen la catadura moral de un Bernard Madoff -pueden perderlo todo (vimos en 2008 a jubilados norteamericanos obligados a volver a trabajar)

Puede parecer que, entre ambos sistemas, el público y el chileno, la diferencia es sólo de gestión, si bien la clave sigue siendo la misma: aportar dinero toda la vida para que nos sea devuelto. Pero aunque el sistema público contrate a los mejores gestores e invierta en los mismos productos (por ejemplo en Francia más de la mitad de la hucha de las pensiones se invierte en bolsa), si los gestores privados de ese dinero se equivocan –o tienen la catadura moral de un Bernard Madoff -pueden perderlo todo (vimos en 2008 a jubilados norteamericanos obligados a volver a trabajar por culpa del desplome bursátil) mientras que si lo hacen los gobiernos tienen toda la estructura del estado detrás para auxiliarnos, por lo que también es un tema de seguridad. En cualquier caso, la gran diferencia entre ambos sistemas está en que el chileno es más justo porque cada uno recibe por lo que da. 

Lo curioso es que en ambos métodos el estado nos tutela y obliga a los ciudadanos a que tengamos un seguro de pensiones, como lo tenemos a terceros si queremos conducir un coche o de vida para las hipotecas porque si no, se supone que habría millones que no lo tendrían y acabarían recurriendo al estado ante su insolvencia. Para evitar esto, el “estado del bienestar” se financia, sobre todo, con las mayores aportaciones –en porcentaje y en términos absolutos- de los que más tienen; es decir, no recibimos lo mismo que aportamos, ni para bien ni para mal, y no es suficiente con las aportaciones a la Seguridad Social, claramente deficitaria. El envejecimiento poblacional agudiza aún más este problema, y desde luego subir más el salario de los pensionistas que el de los que aportan y aumentar los impuestos a éstos para poder pagar las pensiones, es contraproducente.

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