El Gobierno arranca la maquinaria para la celebración de las próximas elecciones generales, que se presumen para el próximo mes de noviembre. Más allá de cuestiones políticas, el Ejecutivo debe preparar una serie de aspectos técnicos para que la cita transcurra con normalidad y acorde a la normativa. Buena parte de esas labores recaen en el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. Según ha podido saber Vozpópuli, desde esta cartera ya se gestionan cuatro contratos públicos para la celebración de los comicios, con un valor total superior a los dos millones de euros. Así, las licitaciones se unen a otros procedimientos que ya están en marcha igualmente relacionados con las llamadas a las urnas.

De acuerdo a la información volcada en la Plataforma de Contratación, Interior ha lanzado en los últimos días los anuncios necesarios para adquirir los suministros o servicios necesarios para que los españoles puedan votar en las próximas elecciones generales. El órgano encargado de las licitaciones es el Departamento General de Política Interior, que tiene entre sus funciones "el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio del Interior sobre los procesos electorales y consultas populares y el régimen jurídico de los partidos políticos".

Uno de los contratos de mayor valor (500.000 euros) está destinado a adquirir los “manuales de miembros de mesa e impresos electorales”, que se encuentra en fase previa de licitación. Aún supondría un mayor presupuesto el reembolso del coste de envío de los votos a los votantes en el extranjero, por lo que se contempla un desembolso de 842.000 euros: en este caso, no obstante, el servicio no solo se aplicaría a las próximas elecciones generales, también sería aplicable a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

Otro contrato gestionado por la Dirección General de Política Interior y vinculado con los comicios que determinarán qué candidato llega a la Moncloa es el del desarrollo de “las artes creativas de las campañas institucionales” para las elecciones. O lo que es lo mismo, la puesta en marcha de las campañas de comunicación destinadas a que los electores tengan toda la información sobre el proceso, en aplicación de la normativa vigente. Para ello, el departamento de Marlaska ha reservado una partida de 300.000 euros.

A todos esos contratos habría que sumar una cuarta licitación colgada en la Plataforma de Contratación. En este caso, para la adecuación de los espacios que acogerán el Centro de Difusión Nacional de resultados (CDN) de las elecciones. Interior contempla fondos por valor de 420.000 euros para adquirir estos servicios.

Por el momento, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha reservado algo más de dos millones de euros para los cuatro contratos

Todos estos contratos se encuentran en la fase de “anuncio previo”, una fase preliminar en el procedimiento de licitación, para que las empresas interesadas tengan información sobre el procedimiento abierto. A partir de entonces, el Ministerio del Interior tendrá que facilitar los pliegos técnicos a todos los participantes en el concurso público. Por el momento, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha reservado algo más de dos millones de euros para los cuatro contratos, si bien las empresas aún tienen que presentar una propuesta económica.

¿Mes de noviembre?

Al Ministerio del Interior le corresponde la contratación de estos suministros y servicios cuando se aproximan las fechas de las elecciones. Como contó este diario, la Dirección General de Política Interior ya inició un concurso para la adquisición de servicios en el recuento para las elecciones a las Cortes Generales, a las municipales de mayo de 2023 y a las europeas de 2024, que finalmente se adjudicó a Indra.

Entre la documentación adjunta en este último procedimiento, el Ministerio del Interior ya indicó que las elecciones generales tendrían lugar en noviembre de 2023. Desde esferas políticas siempre se ha contemplado ese mes como la opción más probable para la celebración de los comicios, agotando los cuatro años de legislatura tras las elecciones generales de noviembre de 2019. En este mismo sentido se pronunciaba el Congreso a través de un informe, donde afirmaba que las elecciones tendrían que convocarse antes del próximo 10 de diciembre.

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