El fiscal del denominado caso Alquería ha mantenido su petición de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para cargo público para el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. En la exposición de sus conclusiones, el fiscal Anticorrupción en este procedimiento, Pablo Ponce, ha insistido en que durante la contratación de altos directivos en la empresa pública Divalterra (dependiente de la Diputación y ahora ya extinguida) se incurrió presuntamente en los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
El Ministerio Público ha defendido que "con los contratos de alta dirección en Divalterra en 2015 y 2018 hubo un pacto político para colocar a determinados miembros de un partido u otro y, además, quebranto a las arcas públicas". El fiscal también ha advertido que Divalterra, como su antecesora (Imelsa), funcionó siempre como un 'chiringuito' y que hay otra etapa de la citada empresa pública que está también siendo ahora objeto de otro procedimiento judicial.
"Aquí se construyó una ficción legal para posibilitar contrataciones" ha indicado el fiscal en su exposición ante el tribunal del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia desde el pasado 19 de septiembre y que tiene prevista su finalización a lo largo de la próxima semana para quedar ya a la espera de la redacción de la sentencia.
Afines a PSPV y Compromís
El juicio se sigue contra Rodríguez y otros 14 acusados en este causa por contratos presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra para favorecer a personas afines al PSPV y a Compromís. El resto de acusaciones populares, la que representa a Acción Cívica y al PP, también han mantenido sus escritos y se han adherido a las peticiones del fiscal.
La Fiscalía –que ha coincidido en sus conclusiones con los peritajes ofrecidos por la Intervención General de la Administración del Estado y los informes de la UDEF– pide también 8 ocho años de prisión para Rodríguez, así como para el que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección 6 años de prisión para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón.
1,2 millones de euros de perjuicio
Las conclusiones de Ponce se reafirman en la petición de penas que realizó para los acusados durante la fase de instrucción, ya que a lo largo del juicio los peritajes y testigos de 'mayor peso' han abundado en esta línea de acusación donde la contratación a dedo y partidista tuvo un perjuicio para las arcas públicas de 1.220.000 euros.
El fiscal ha insistido en que las contrataciones "se hicieron al margen de la legalidad, no estaban justificados, motivados ni destinados a un concreto trabajo" y eran "una argucia legal para saltarse la normativa y colocar a determinados miembros de un partido político u otro".
En esta línea, el fiscal ha detallado que los contratos de alta dirección en 2015 y 2018 en Divalterra tienen como "única" cualificación, mérito y capacidad "su adscripción a un determinado partido o su afinidad al partido o a las personas que están dentro del mismo", ha apostillado. Y ha añadido: "Un pacto político no es causa de motivación para una contratación pública".
"Se hicieron estos contratos cuando sabían que estas personas no iban a realizar actos, negocios o tratos relacionados con su contrato", ha expuesto el fiscal, que ha aseverado que los mismos tampoco estaban regulados por los estatutos de Divalterra ni tampoco pasaron por el Consejo de Administración porque "sabían de la opinión del letrado en ese momento, el secretario del Consejo, y sabían que hubiera reparado los nombramientos por su ilegalidad".
El organigrama y los 'padrinos'
En esta línea, ha indicado que no hubo ningún expediente de contratación ni convocatoria pública de estos cargos: "Lo único que hemos encontrado es un documento donde aparecen los nombres y el partido político al que correspondían", ha subrayado. Así, el fiscal se refería al documento que la UDEF encontró en el despacho de Rodríguez en el que figuraban los contratados, sus áreas y las personas o partidos que proponían su contratación. Es el caso del alcalde Valencia, Joan Ribó, que figuraba en el citado organigrama como la persona que 'apadrinaba' a Soledad Torija para el área de Medio Ambiente.
El fiscal ha desvinculado al exresponsable de los servicios jurídicos en Divalterra José Luis Vera del diseño de los contratos y, por contra, ha resaltado el conocimiento de Rodríguez sobre la ilegalidad de los mismos. Y ha justificado esta afirmación en el número de correos electrónicos que recibió en los que se le advertía de que estos contratos debían cesar.
Así se ha referido el fiscal a correos que le envió el entonces gerente Víctor Sahuquillo en los que también le adjuntaba diferentes informes que cuestionaban los contratos. "Le escribía que los contratos no se sostenían y le pedía sentarse a hablar. Y no le hizo caso, cuando quien se lo decía era el gerente de la empresa, que no era un
charcutero. Éste le advirtió sobre una posible prevaricación y nada", ha destacado.
Rodríguez y Brines lo permitieron
"Los correos evidencian que Rodríguez era la persona que designaba a los contratados y también los despedía, y que Presidencia decidía. Además, en varios WhatsApp queda patente que la creación de áreas en Divalterra era exclusivamente para colocar a las personas del partido, de Compromís y del PSPV".
El fiscal, que ha advertido de que se ocultaron todos los informes jurídicos a los miembros del Consejo de Administración y que la entonces gerente Agustina Brines también tenía conocimiento de la ilegalidad de los contratos y los permitió. Por su parte, ha aseverado que tanto Gallego como Reguart dirigían "en comandita" el ente y participaron en la regularización de los contratos. Y, por último, ha destacado el papel del letrado asesor Jorge Cuerda en ese entramado que avaló las irregularidades en las contrataciones.
Las defensas, por su parte, han solicitado la absolución para los representados y la condena en costas
a las acusaciones populares.
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