El Gobierno de Aragón presentará un recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Supremo para que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes. Lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, este martes, señalando que la normativa obliga a convocar la Conferencia de Presidentes al menos dos veces al año o a petición de diez presidentes de comunidades autónomas.
Un total de 14 presidentes de comunidades autónomas y de ciudades autónomas han solicitado ya en dos ocasiones, de forma conjunta -el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de abril de 2024-, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.
"Hemos pedido al Gobierno de España que nos escuche", ha expuesto Azcón, quien ha mencionado algunos temas a abordar en la Conferencia de Presidentes, como la instalación de placas fotovoltaicas en los embalses, lo que el Consejo de Ministros ha aprobado en un Real Decreto el pasado 1 de julio y que el Gobierno de Aragón rechaza. También, la financiación autonómica, "los problemas que puede generar la inmigración descontrolada o la necesidad de que haya una mayor implicación del Gobierno de España en la necesidad de más enfermeras y médicos".
Azcón ha recordado que el Gobierno regional solicitó "hace meses" al Ejecutivo central que convocara la Conferencia de Presidentes y ha recalcado que "no es de recibo que el presidente de Aragón lleve un año pidiendo la reunión a Sánchez y Sánchez todavía no se haya dignado a recibir al presidente de Aragón". Así, "ha llegado el momento de que reclamemos judicialmente lo que es un derecho, que se convoque la Conferencia de Presidentes para tratar todos los temas que afectan a los aragoneses y españoles". Y ha incidido, según ha recogido EP, en que "ha llegado el momento de que Sánchez no solo se ocupe de sus problemas personales, sino que también se ocupe de los problemas de los aragoneses y de todos los españoles y convoque la Conferencia de Presidentes para que podamos hablar cara a cara" de asuntos como la financiación "privilegiada" a Cataluña, lo que "perjudicaría a la comunidad porque es la financiación a través de la cuál pagamos la sanidad, la educación y las políticas sociales".
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