El anuncio de un nuevo impuesto a las grandes fortunas vuelve a evidenciar la fragilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y su permanente huida hacia adelante. Una peligrosa deriva que acentúa el clima de inseguridad jurídica que se respira desde hace meses en España, a las puertas de un estancamiento económico inminente.

La nueva "fórmula temporal" -como la ha definido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- para gravar a los ricos es la respuesta improvisada a la 'rebelión' de los gobiernos autonómicos del PP que se han atrevido a desafiar la Biblia fiscal de Moncloa. Con su decisión de suprimir el impuesto de Patrimonio, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se suma a la guerra que declaró en su día Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El presidente murciano, Fernando López Miras, también ha declarado que eliminará "muy probablemente" la misma carga fiscal.

Esa 'rebelión' ha reabierto un debate que pilla con el pie cambiado a Moncloa: el de la armonización fiscal de las comunidades autónomas. Fue el ministro de Seguridad Social el encargado de abrir el melón. El pasado martes, un día después de que la Junta de Andalucía anunciara la supresión del impuesto de Patrimonio, José Luis Escrivá prendió la mecha al proponer "a título personal" una recentralización de la política fiscal en España. El ministro, con su inclinación habitual a pisar charcos, obligó a Moncloa a salir al paso. Sólo unas horas después, la ministra portavoz, Isabel Rodriguez, se desmarcó de los planteamientos del ministro, que acababa de sentarse en la misma mesa del Consejo de Ministros esa misma mañana.

La salida de tono de Escrivá resaltaba no sólo las grietas perennes del Gobierno de coalición, sino también la debilidad de su presidente, obligado por las circunstancias a dar bandazos para sobrevivir. Lo cierto es que la armonización fiscal forma parte de los compromisos pactados entre Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a cambio de los fondos NextGeneration. Lo deja claro el Componente 28 del Plan de Recuperación: "Se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA".

La promesa, plasmada por escrito el 5 de mayo de 2021, suponía una cesión clara al ala morada del Gobierno, al implicar una subida de los impuestos de Patrimonio y Sucesión en toda España. Un torpedo en toda regla dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al resto de líderes autonómicos dispuestos a seguirle el paso en materia fiscal. Para disimular, no obstante, la ministra de Hacienda se aseguró de que el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria incluyera la recomendación expresa de los expertos de avanzar en la armonización.

Se da la paradoja de que el 'favor' de la Comisión contribuye a destapar, aún más, la debilidad del Gobierno de coalición

Este miércoles, contra todo pronóstico, representantes de la Comisión Europea sacaron a colación en Madrid el compromiso de Sánchez. Los 'hombres de negro', de paso por la capital para examinar los avances en pensiones, recordaron que el Gobierno debería materializar su promesa a inicios de 2023.

El mensaje sorprende especialmente porque los enviados de Bruselas venían, en teoría, a hablar de otro asunto (las pensiones). La mención a la armonización fiscal justo en este momento, con el debate de la armonización candente sobre la mesa, hace un considerable favor a Sánchez. No en vano, puede interpretarse como un espaldarazo comunitario a la guerra gubernamental contra las comunidades rebeldes del PP, encabezadas el Madrid de Ayuso.

La polémica incursión de Bruselas en una cuestión de política nacional hay que encuadrarla en el contexto de la buena relación existente entre Sánchez y Von der Leyen, cultivada con especial énfasis por el líder socialista. Sin embargo, se da la paradoja de que el 'favor' de la Comisión contribuye a destapar, aún más, la debilidad del Gobierno de coalición.

Si Moncloa se desmarcó esta semana de Escrivá es por su incapacidad para sacar adelante lo prometido a Unidas Podemos primero y a Bruselas después. La pretendida armonización de los impuestos de Patrimonio o Sucesiones requeriría unos apoyos parlamentarios para cambiar la ley que Sánchez no tiene. Además, debería acometerse en el marco de la reforma de la financiación autonómica, una negociación compleja y espinosa cuyo coste no está dispuesto a asumir el líder socialista con la elecciones a la vuelta de la esquina. Este mismo jueves, el PNV, socio parlamentario de Sánchez, anunció que volverá a deflactar el IRPF, una medida defendida a capa y espada por el PP de Alberto Núñez Feijóo y rechazada de plano por Moncloa.

La extrema debilidad para atender a tantos frentes ha obligado finalmente al Gobierno a reaccionar con su tasa a los ricos. Un 'quiero y no puedo' con el que Sánchez intentará salvar la cara ante sus socios en la coalición (Unidas Podemos) y en el Parlamento (ERC y Bildu), pero con el que no logrará detener el avance de los planteamientos fiscales de Ayuso en Madrid o de Moreno en Andalucía. Queda por ver ahora si la Comisión Europea de Von der Leyen, tan alineada con Sánchez, aceptará o no un impuesto improvisado y temporal a los ricos como moneda de cambio.