Alrededor de 230 días son los que Félix Bolaños lleva al frente del Ministerio de Justicia, más de siete meses en los que el ministro ha tenido que hacer frente a las cuentas pendientes que dejó su predecesora, Pilar Llop. Con la marcha de la magistrada madrileña, el Gobierno llevaba meses sin avanzar en lo relativo a la subida salarial de jueces y fiscales acordada en la anterior legislatura. Más de un año para que el Ejecutivo diseñe una hoja de ruta clara para la subida salarial, la ampliación de plazas, la revisión del pago de los trienios y las cuantías a abonar por el servicio de guardia.
Una larga lista de compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia, cuyo acuerdo evitó que jueces y magistrados fuesen a huelga y que el Gobierno supedita, ahora, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Este martes, el Ministerio liderado por Bolaños convocó una reunión de la Mesa de Retribuciones que acabó con la promesa de convocar 400 nuevas plazas antes de 2025.
No obstante, la "gran decepción" de la reunión vino derivada de la negativa del Gobierno a pagar las retribuciones variables de los jueces adeudadas desde el año 2019. El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, anunció que, tras negociar con el Ministerio de Hacienda, se pagarán las bonificaciones derivadas de la productividad de los jueces a partir del mes de julio, es decir, aquellas que se generen a futuro. Dicha condición contraviene lo dictaminado, recientemente, por el Tribunal Supremo que obliga al Estado a pagar el 5% recogido en la ley, incluyendo el pago de las retribuciones atrasadas.
"Para nosotros ha sido decepcionante porque pensábamos que nos iban a ofrecer una solución para pagarnos los atrasos generados desde el último trimestre del año 2019 al primer semestre del año 2023", explica a Vozpópuli Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. De esta forma, quedaría pendiente el abono de las diferencias generadas respecto de las retribuciones variables acumuladas durante cuatro años, sumando un total de 40 millones de euros en total.
2.000 jueces podrían ir a los tribunales
Justicia se ha comprometido a abonar las cantidades adeudadas de oficio y, así, evitar que los jueces tengan que emprender acciones legales. Sin embargo, el Gobierno no ha propuesta un calendario de pago aproximado, por lo que, en consecuencia, alrededor de 2.000 profesionales de la judicatura tendrán que interponer reclamaciones administrativas. "Nos obligan a litigar para reclamar lo que nos corresponde, porque el Ministerio no nos ha ofrecido una forma de abono de los mismos", sentencia Sergio Oliva.
De esta forma, más de un año después, lo acordado en la anterior legislatura con el equipo dirigido por Pilar Llop sigue supeditado a la capacidad del Gobierno de Sánchez de llegar a un acuerdo con las fuerzas independentistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y es que, entre las notas negativas anunciadas por Justicia destaca el estado incierto de la revisión del pago de los trienios y de las cuantías a abonar por el servicio de guardia, un turno de oficio que lleva años sufriendo los estragos de turnos de 24 horas y sueldos muy bajos.
Tareas esenciales para el sector, para las que ya se habían creado grupos de trabajo y que, ahora, quedan en el aire. Y es que, según señaló el Secretario de Estado la "extraordinaria
dificultad de abonar" estos atrasos pendientes de las retribuciones variables va a implicar en la práctica que la posibilidad de abordar la negociación de otros conceptos retributivos respecto de los que existían grupos de trabajo en marcha, como los de guardias, trienios o grupos de población, "resulte muy complicada".
Respecto al incremento de plazas de jueces y fiscales, el equipo de Bolaños reconoció que actualmente tienen un déficit de 200 plazas respecto de lo previsto en el acuerdo firmado en 2023. Una circunstancia que responde, según detallan desde Juezas y Jueces para la Democracia, a la condición especial con la que cuenta la judicatura. "Nuestras plazas de ingreso en la carrera judicial y fiscal, se tienen que aprobar en la Ley de presupuestos, no por decreto de la oferta de empleo público", explica Edmundo Rodríguez.
Por el momento, no se ha fijado fecha para la próxima reunión de la Mesa de Retribuciones. Una cita clave que marcará los pasos a seguir en los próximos meses y en la que hay mucho en juego. Los jueces y fiscales reclaman que lo acordado durante la legislatura anterior se vea materializado lo antes posible.
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Bambarlos
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Habría que ver a Bolaños teniendo que lidiar con una avalancha de denuncias en unos juzgados en huelga general y sin poder aplicar la ley de amnistía.
Negre Lloma
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Pero qué miserable es Vd. don FéLIX, diga la verdad hombre, que ya es mayorcito, no pagar a los jueces, es una represalia de su gobierno, no de falta de presupuesto: para intentar que hagan lo que Vds. quieren...¡¡ GOLFOS !!