El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y ha otorgado un plazo de diez días a la Generalitat para ejecutarla. En su resolución, que puede ser recurrida, declara firme la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de la Consejería de Educación ante el Tribunal Supremo. Así, comunica al Gobierno catalán el contenido del fallo a fin de que "una vez acuse recibe de la comunicación en el plazo de diez días desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo". Además, pide que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución.
De acuerdo con la ley contenciosa, la Generalitat como parte demandada tiene dos meses como máximo para dar cumplimiento a la sentencia y, una vez transcurrido ese plazo, el Ministerio de Educación o cualquiera de las partes y personas afectadas por el fallo podrán instar a su ejecución forzosa.
La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña, aunque el Ejecutivo autonómico ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística. La sentencia, que ha provocado un goteo de familias que exigen a sus centros educativos más clases en castellano, ordena a la Generalitat a garantizar que esta lengua sea vehicular en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley el 2% de escuelas.
En su fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano. El alto tribunal llegó a esa conclusión a raíz de la información que el Departamento de Educación le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18% en la Educación Primaria, del 19% en Secundaria y del 26% en Bachillerato.
La Generalitat ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Cataluña y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas. También ha asegurado que el Departamento de Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25% del castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar, en Barcelona, que hace unas semanas fue el centro de una polémica lingüística.
Tras conocer la sentencia, el consejero de Educación catalán, Josep González-Cambray, ha afirmado que esta "no cambia nada", por lo que la Generalitat "seguirá aplicando la Ley de Educación de Cataluña, que marca que al acabar la etapa de Educación Obligatoria los alumnos deben tener asumidas las competencias en lengua castellana y catalana".
El consejero ha criticado que "una vez más, estamos delante de la judicialización del modelo del escuela catalana", que -ha afirmado- "ha sido de éxito y de cohesión social durante décadas". El aprendizaje de las lenguas "a nivel pedagógico no va de porcentajes", ha indicado González-Cambray, que ha señalado que la Generalitat ha desplegado un plan en materia lingüística, a la vez que ha recordado el "compromiso del Govern de desplegar un nuevo marco normativo para fortalecer y normalizar el modelo lingüístico en Cataluña".
Protección jurídica
A principios de año, la Generalitat aprobó un acuerdo para defender el catalán y la cohesión social en los centros educativos, que prevé prestar protección jurídica a los docentes y equipos directivos ante los problemas que puedan surgir tras los fallos judiciales sobre las cuotas de castellano en las clases. La portavoz, Patrícia Plaja, destacó que ya estaba poniendo a disposición de los docentes y del personal de los centros sus servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica, y que con este acuerdo quiere "reafirmar" su compromiso con el catalán en la escuela. El acuerdo también prevé exigir responsabilidades ante eventuales "ataques a personas o colectivos por la defensa del uso del catalán" por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa y de cualquier otra naturaleza.
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