Avanzar en las investigaciones es más sencillo y se alcanza una mayor profundidad si se cuenta con colaboración de alguien que conozca los entresijos del entramado delictivo en cuestión. En esferas fiscales, judiciales o policiales se recurre a estos medios con asiduidad y, cuando el colaborador es un ciudadanos extranjero, éste puede contar con la esperanza de obtener en consecuencia el permiso de residencia en España, tal y como estipula la ley. Las cifras de expedientes tramitados, no obstante, revelan que la mayoría de los casos son desestimados por el Gobierno. Al menos así ocurrió en el año 2020, según ha podido constatar Vozpópuli.
Las estadísticas figuran en la base de datos de Extranjería, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, actualmente dirigido por la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Y los datos han sido desvelados en una respuesta parlamentaria recogida en el Boletín Oficial de las Cortes del pasado 20 de diciembre, a preguntas realizadas por diputados del grupo socialista.
En concreto, los diputados Luc André Diouf Dioh, María Luisa Vilches Ruiz y Guillermo Meijón Couselo preguntaron a finales de septiembre cuántos expedientes se iniciaron en 2020 para la tramitación de residencia por circunstancias excepcionales por colaboración con autoridades policiales, fiscales o judiciales en la lucha contra redes organizadas. También solicitaban un desglose de los datos totales por sexo, edad y país de origen de estos colaboradores.
Las estadísticas registradas en el sistema de Extranjería son reducidas. En todo 2020 se gestionaron seis expedientes de concesión de residencia bajo estos términos. La mayoría de ellos -cuatro de seis- fueron rechazados por el Gobierno, según detalla Moncloa en su respuesta parlamentaria. Los otros dos corresponden a dos mujeres de nacionalidades colombiana y rusa, sin especificar más datos sobre las mismas.
El proceso de obtención del permiso
La concesión del permiso de residencia a personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra entramados delictivos viene recogida en el Real Decreto 557/2011, que dicta que los solicitantes deben presentar la documentación necesaria ante la correspondiente unidad policial de extranjería, y que ésta dará traslado inmediato de la solicitud -junto a cualquier informe policial que avale su solicitud- a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. La resolución final corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad, actualmente dirigida por Rafael Pérez, bajo dirección del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.
Para que la solicitud sea aprobada, debe acreditarse la "exención de responsabilidad" en el entramado delictivo que se esté investigando. Y serán las autoridades policiales, judiciales o fiscales las que redacten el informe correspondiente sobre esta circunstancia. Si se da luz verde a todo el proceso, la unidad policial de extranjería comunicará su aprobación al solicitante, que a partir de entonces estará en disposición de trabajar por cuenta propia o ajena en cualquier ocupación o sector. También dispondrá de una autorización de residencia.
El permiso concedido a las dos mujeres en 2020 -de los seis solicitantes que presentaron la documentación- tiene una extensión de cinco años, como establece la legislación vigente. Transcurrido ese plazo, y en caso de que quieran prorrogar su estancia en España con una situación de residencia de larga duración, deberán presentar una nueva solicitud a las unidades de extranjería.
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