Las medidas de urgencia del Gobierno para frenar la crisis de la factura de la luz siguen abriendo heridas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su equipo han matizado el real decreto-ley, tal y como adelantó Vozpópuli, por la incertidumbre que generaba en el sector de las energías renovables. Aunque vuelve abrir una nueva brecha con los nuevos proyectos.
“El escenario que deja el Gobierno tras esta aclaración desatará un parón durante los próximos seis meses en los proyectos con acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor (PPA, en sus siglas en inglés)”, comenta un directivo de una gran empresa de renovables.
La matización del Ministerio para la Transición Ecológica es, básicamente, un escrito donde le detalla a Red Eléctrica (REE) qué tipos de instalaciones renovables se libran del hachazo y cuáles no. Las dificultades que ven los expertos en este documento es que crea un escenario de incertidumbre para los contratos de compraventa de energía no firmados, ya que les empujará a redactar nuevas cláusulas para detallar quién se hace cargo del coste de este nuevo escenario entre el generador y el comprador (“offtaker”).
REE deberá analizar cada contrato bilateral a largo plazo (PPAs) para saber si se beneficia de los altos precios de la luz debido al precio del gas, cuándo se han acordado y entre quién se han acordado para determinar si les aplica este recorte. Como destacan desde el sector, esta modificación de Ribera saldrá en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que productores de energía y compradores tengan claro el escenario antes de la liquidación del próximo 30 de septiembre.
Alerta en las renovables
Como adelantaba este medio, Teresa Ribera y su equipo se han visto obligados a matizar su propuesta por las heridas que desató en el sector renovables con la redacción del texto del real decreto-ley. Las principales asociaciones se pusieron en contacto con el Gobierno porque veían que afectaba de lleno a los contratos de venta a largo plazo (ya que podrían entrar en pérdidas al pagar más por el recorte que lo que ingresan realmente por su contrato.
La inmensa mayoría de la producción eléctrica de estas instalaciones que no están sujetos a régimen retributivo aseguran con coberturas sus precios, dadas las exigencias tanto de entidades financieras como de sus inversores (en la mayoría de los casos las coberturas superan el 80-90% de la producción). Al entrar en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocados a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma.
Las principales asociaciones de renovables avisaron al Gobierno de que esta decisión impactaría en los contratos firmados y que llevaría a judicializar el sector, tanto entre empresas (para dilucidar según los contratos quién debe asumir las pérdidas) como contra el Gobierno.
Incluso amenazaron con la paralización, por el tiempo que duren estas medidas, de numerosas instalaciones renovables a lo largo de la geografía española. La matización de Ribera es un gran alivio para aquellos contratos que estaban en marcha pero, como destacan, provocará un parón en los nuevos acuerdos.
