España tiene una posición "deficiente" en términos de libertad económica en los países desarrollados. En 2024 pasa del puesto 35 al 36 entre los 43 países más desarrollados por el excesivo tamaño del Estado y al desequilibrio de las finanzas públicas. Es la conclusión del informe La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024, elaborado por la Fundación Heritage, y adaptado al español por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de CEOE, que han presentado este lunes el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo.

Según el Índice de Libertad Económica (ILE) del año 2024, España se sitúa entre los países con libertad económica moderada, en la posición 55 de 184 del ranking global, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas.

Por otro lado, España, con un valor en el ILE 2024 de 63,3 puntos, mantiene la posición 31 de 38 en el ranking de la OCDE. La puntuación que obtiene es un 9,7% inferior a la del promedio de los países desarrollados, afectada por un gran tamaño del Estado y una salud fiscal deteriorada, y un 23,7% inferior a la del país de la OCDE que presenta mejores prácticas en el ámbito de libertad económica, en este caso, Suiza. La economía española se encuentra claramente alejada de la mayor parte de los países desarrollados y se ha mantenido estancada en la evolución de este índice durante este último periodo.

Con respecto a su comparativa con el ILE de la Unión Europea, cuyo promedio en base OCDE=100 se sitúa en 99,2, España ha descendido una posición respecto al año pasado, ocupando, actualmente, la posición 23 de entre los 27 países que conforman la Unión Europea.

Las políticas que permiten una mayor libertad en cualquiera de los ámbitos integrados en el Índice de Libertad Económica estimulan el crecimiento económico, lo que se traduce en una mejora del bienestar general. España ha obtenido una puntuación inferior a la media de la OCDE y a la de la UE en el resultado global del Índice, así como en varios de los subcomponentes; únicamente en seis de ellos presenta valores por encima de la media de la OCDE: derechos de propiedad, flexibilidad laboral, estabilidad monetaria, apertura comercial, facilidad inversora y solvencia financiera.

Las principales variables que condicionan las bajas posiciones de España son las relacionadas con el tamaño del Estado, como son la salud fiscal, el gasto público, la efectividad judicial, el buen gobierno y la carga impositiva, que son uno de los principales puntos débiles de la economía española.

Mayor eficiencia de la empresa privada

En libertad de empresa, España se sitúa en el puesto 24 de los 43 países más desarrollados, destacando la necesidad de un marco regulatorio que fomente la productividad y la innovación empresarial para impulsar el crecimiento económico.

El año pasado España estaba en el puesto 29 de los 38 países de la OCDE, lo que suponía un retroceso de 7 posiciones en comparación con el año 2012.

El IEE subraya que la empresa privada tiene mayores de eficiencia que el sector público, por lo que ha llamado a potenciar la participación de las empresas privadas en la economía y en la provisión de servicios públicos mediante modelos de colaboración público-privada.

"Es necesario, desde la perspectiva de la libertad de empresa, que las intervenciones públicas de prestaciones se focalicen y sean selectivas, de tal forma que se asegure que su resultado sea una mejora a la equidad", ha destacado Fernández de Mesa.
En este sentido, Izquierdo ha reivindicado la figura de las empresas en el progreso social, y recordar la necesidad de ser rentables y obtener beneficios para poder invertir, crecer, generar empleo y contribuir a la sociedad mediante el pago de los impuestos.

En el informe se analiza la intervención del Sector Público en la economía a partir de una mayor presencia del componente público en la actividad empresarial. Se destaca la vinculación de este tipo de intervención del sector público con los derechos de propiedad, el buen gobierno, el gasto público, la libertad de empresa y la facilidad inversora entre otros componentes que integran el principio de libertad económica y concluye que este tipo de intervención obstaculiza la actividad empresarial y ocasiona peores resultados, en términos de asignación eficiente de los mercados en el sistema económico en su conjunto, al presentar la
actividad empresarial de titularidad pública peores registros en términos de eficiencia que el sector empresarial privado.

A partir de la información suministrada por la Central de Balances del Banco de España, se han calculado distintos indicadores/ratios en relación con las cuentas de resultados y el balance de estas compañías para 2022, observándose en todos ellos mejores resultados en las empresa privadas que en las públicas.

En particular, en este periodo, la brecha relativa de eficiencia entre la empresa privada y la empresa pública en relación con la utilización de capital, esto es, la ratio entre producción y amortizaciones netas, deterioro y provisiones de explotación es un 62%, y este margen se ha incrementado en ocho puntos porcentuales con respecto a la experimentada en 2018.

De igual forma, en 2022, la brecha de eficiencia entre la empresa privada y la pública en relación con la productividad laboral, como ratio entre el valor de la producción y gastos de personal, es de un 32%, ampliándose casi once puntos porcentuales durante los últimos cuatro años.