Bird, la empresa de movilidad eléctrica compartida de Santa Mónica (EEUU), dejará de prestar su servicio en la ciudad de Málaga, en la que opera sin licencia desde marzo de 2019. La razón es que se ha negado a firmar la declaración responsable que le pedía el ayuntamiento para certificar que sus vehículos cumplen con la normativa marcada por la Dirección General de Tráfico (DGT), a la hora de otorgar una licencia que permitiría regularizar su situación.
La normativa estipula, entre otras cosas, que la empresa certifique que sus vehículos están fabricados con una velocidad máxima de 25 km/h, algo que Bird se niega a hacer. Esta decisión, lejos de quedarse solo en Málaga, podría acarrear consecuencias en las demás ciudades de España en las que está operando.
La negativa de Bird a firmar la declaración responsable se produjo durante el proceso de otorgamiento de licencias que el Ayuntamiento de Málaga está haciendo a los operadores interesados en ofrecer sus servicios en la ciudad. La documentación técnica entregada y evaluada por los servicios del Ayuntamiento no dejaba claro que se cumpliera el límite de velocidad de 25 km/h máxima que deben tener al salir de fábrica los vehículos que marca.
Al pedir aclaraciones por parte del Consistorio a la empresa Bird, se les propuso la fórmula alternativa, ofrecida a todos los operadores, la firma de un documento público en virtud del cual su máximo responsable asume el compromiso de cumplir con estas exigencias técnicas. De esta forma, Bird debía firmar una declaración responsable, que sí han firmado prácticamente todos los otros operadores, y el incumplimiento de su contenido conllevaba responsabilidades penales, dando validez a esta condición. Pero no lo hizo.
La negativa de Bird a firmar el documento supone la exclusión inmediata de la empresa del proceso de licencias, que la propia empresa había impulsado a iniciativa propia, antes de saber que se le iba exigir demostrar el cumplimiento de las exigencias técnicas vinculadas a la seguridad de sus vehículos. Como consecuencia directa, Bird debe dejar de operar en Málaga, ciudad en la que estaba desde marzo de 2019. Además, pone en duda que sus vehículos, que tiene desplegados también en Madrid, Tarragona y Zaragoza, cumplan con la normativa vigente.
La situación podría generar dudas sobre si los vehículos que la empresa Bird dispone en España estarían incumpliendo la normativa, ya que operarían de manera irregular si incumplieran la normativa de la DGT. De ser así, deberían dejar de operar en toda España con el modelo de patinete del que disponen.
Cabe recordar, que ya en 2019, Bird fue acusado junto a la empresa norteamericana Lime, por operar de manera ilegal en ciudades como Sevilla, debido a que la potencia de sus motores no se ajustaba a la normativa de movilidad, que obliga a las empresas a disponer de vehículos que no tengan más de 250 vatios de potencia, y puedan circular como máximo a 25 km/h. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Sevilla les impuso más de 350 denuncias y retirado más de 270 patinetes de las calles.
