El Tribunal de Cuentas ha condenado al exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos González, a abonar 2,1 millones de euros por el menoscabo causados a los fondos públicos por pagar obras no ejecutadas en el caso del polideportivo La Estación y pagar durante varios años el suministro eléctrico a la concesionaria de la plaza de toros, cuando por contrato le correspondía a la empresa gestora del recinto.
Así lo establece en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que condena también a un técnico municipal que aceptó realizar "voluntariamente" la certificación de pagos a las constructora por obras que no había acometido, algo que era "requisito imprescindible" para el menoscabo de los fondos municipales.
Mientras, se absuelve a cuatro de los exediles que formaron parte del equipo de Gobierno de Baltasar Santos que la instrucción había incluido como parte implicada, así como al director facultativo de la obra del polideportivo de la empresa contratada.
En concreto, el fallo alude al caso de las obras del polideportivo cuando el Ayuntamiento firmó un contrato con una constructora valorado en 14,8 millones en 2006 para construir esta instalación deportiva. No obstante, en 2008 las obras fueron suspendidas y dos años más tarde se firmó un acta de levantamiento de esta paralización, que derivó luego en dos certificaciones de la empresa por valor 2,1 millones.
En el caso del polideportivo de La Estación, que no llegó a construirse, el Ayuntamiento de Navalcarnero pagó 10,5 millones de euros. Así, se establecía que las obras fueron pagadas pero que no correspondían con el proyecto original y que se "pretendía realmente era legalizar una obra que se había ejecutado muy diferentemente a la prevista".
Concretamente, el órgano fiscalizar ve probado a raíz de varios informes periciales que el Consistorio sufrió un menoscabo de sus fondos que cuantifica en 1,8 millones de euros al abonar los trabajos cuando "una parte sustancial de la obra no estaba ejecutada".
"Estas certificaciones abonadas mediante dos facturas que se pagaron el 29 de julio por un importe total de 4,7 millones han ocasionado un menoscabo a los fondos municipales de 1,8 millones de euros", detalla la sentencia. En del polideportivo, la sentencia absuelve a Santos de los daños generados por la suspensión de las obras que tuvo lugar en 2008 y que ocasionó "robo, vandalismo y deterioros" en las instalaciones, al entender que las labores de seguridad no las asumía el Consistorio.
En concreto, en el caso de la Plaza de Toros, la sentencia del órgano fiscalizador considera que el coso carecía de suministro eléctrico desde febrero de 2013 y que este suministro debía ser sufragado por el concesionario del recinto. Sin embargo, se ha constatado que el Ayuntamiento asumió el pago de la electricidad (50.050 euros) que costeo con fondos públicos durante los años 2013, 104 y 2015 "sin que conste ninguna reclamación" a la empresa concesionaria.
En este sentido, no asume la alegación planteada por el exalcalde de que se vio en la necesidad de asumir el coste de la luz mediante la instalación de unos generadores eléctricos dado que, en caso contrario, no se habría podido celebrar festejos taurinos y eventos municipales, como la celebración del carnaval y una fiesta de fin de año. Por tanto, ve acreditado que el exalcade, al ordenar el abono de estos suministros, ha incurrido en "responsabilidad contable de estos pagos realizados de forma indebida y sin cobertura legal".
"La nota de culpabilidad debe incluso reforzarse por el hecho de que el pago de las facturas mereció en todos los casos el informe desfavorable del interventor y el tesorero municipal", han recalcado. Otra cuantía de 193.890,16 euros se refiere por la contratación en régimen de alquiler por 28 días del recinto taurino que se pagó a la concesionaria cuando en realidad se utilizó diez días.
La intervención del exalcalde es evidente
Así, establece que el exalcade es responsable contable directo del menoscabo sufrido al ordenar los pagos de todas las certificaciones y sus correspondientes facturas, por lo cual "su intervención en la salida de fondos públicos es evidente".
"Su conocimiento de que estaban abonando certificaciones no correspondientes a la realidad, sino correspondientes a un proyecto de obra distinto al adjudicado, ha quedado demostrado a lo largo de la prueba practicada. Varios testimonios han sido concluyentes respecto al hecho de que la decisión de ejecutar un proyecto alternativo al polideportivo fue impulsada por el propio alcalde", han agregado.
El exregidor y la exinterventora municipal se enfrentan también a una petición de a 10 años y medio de prisión y 30 años de inhabilitación por el Caso de las Cuevas del Concejo.
