Seis personas vinculadas con el sindicato UGT de Asturias, entre ellas su secretario general hasta mayo del pasado año, Justo Rodríguez Braga, fueron detenidos en la mañana del martes por orden del Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para cursos de formación impartidos por la central. Fuentes de la investigación manifestaron a Vozpópuli que parte del dinero de las ayudas se habría destinado a otros usos distintos de los previstos, además de haberse detectado facturas falsas y sobreprecios. En concreto, se habrían "engordado" algunas facturas de alquiler de locales para impartir los cursos y otras por el material empleado. La citada fuente no precisó el importe al que podría ascender la cantidad supuestamente defraudada. Las diligencias han sido declaradas secretas.
Además del anterior líder del sindicato también fueron detenidos los dos últimos responsables de Formación de la central sindical, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz, la exresponsable de Comunicación y exconcejal socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero, un trabajador del departamento de Contabilidad, Alberto G.C., y una empleada de IFES, Silvia S.F. Todos ellos fueron trasladados a la comandancia de la Guardia Civil para prestar declaración y está previsto que este miércoles pasen a disposición judicial.
Los investigadores creen que podrían haberse "engordado" facturas de alquiler de locales para impartir los cursos y otras por el material empleado
La operación, desarrollada desde primeras horas de la mañana por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con agentes de la Comandancia de Oviedo, causó un auténtico revuelo en la sede del sindicato, en el número 1 de la Plaza General Ordóñez de la capital asturiana, un edificio en el que se ubica también las oficinas del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y de la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (INFASTUR S.L.), ambas vinculadas al sindicato socialista. Las fuentes consultadas señalan que esta última habría sido utilizada para facturar a IFES y poder justificar determinados gastos. El registro se prolongó hasta las 16 horas, cuando los agentes abandonaron el edificio con varias cajas con documentación.
La operación policial es consecuencia de la denuncia presentada en diciembre de 2015 por la Fiscalía del Principado contra UGT Asturias por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato a través de su fundación, el IFES. La fiscalía concretaba que las presuntas irregularidades se concretaban en aparentes sobrecostes en la justificación de las actividades formativas del sindicato llevadas a cabo entre 2010 y 2013, algunas de las cuales, además, habrían sido enmascaradas con facturación presuntamente falsa. Sin embargo, señalaba que en cuanto a los posibles responsables de los hechos aún no había sido posible “su plena individualización”. La denuncia de la Fiscalía había venido precedida un año antes por un informe redactado por la UCO que recogía una serie de hechos que podrían de ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública, en concreto de fraude de subvenciones, y de otro de falsedad documental.
El sindicato niega las acusaciones y asegura que ha actuado siempre conforme a la ley
Tras la denuncia de la fiscalía el Gobierno asturiano se personó en la investigación abierta y revisó las ayudas concedidas a UGT para cursos de formación durante el primer trimestre de 2015, acordando la revocación de ayudas por importe de 347.000 euros. No obstante, tras esta decisión el sindicato ganó algunos juicios en los procesos contencioso-administrativos que presentó contra la revocación de las ayudas, informa Efe.
El exsecretario general Justo Rodríguez Braga, relevado al frente de UGT Asturias en mayo de 2016 por Javier Fernández Lanero, tras dieciséis años al frente del mismo, aseguró a los afiliados en su despedida que podían estar “tranquilos” porque ningún dirigente del sindicato se había llevado ni un solo euro del mismo, y justificó su sustitución para afrontar “un cambio de modelo y de personas”.
Espectáculo innecesario
Este martes, poco después de que los agentes de la UCO entraran en las dependencias del sindicato, era la propia organización la que hacía público un comunicado en el que se reafirmaba en la rectitud de su actuación, afirmando que “siempre” ha actuado de conformidad con la legalidad. La organización expresaba también su disposición a colaborar con la justicia y reclamaba que la investigación se realizara con celeridad para no seguir poniendo en entredicho durante más tiempo la labor del sindicato en materia de formación. UGT es la primera perjudicada “hasta que no se despejen todas las dudas”, decía el texto.
“Llevamos más de un año de investigación por los cursos de formación y no era necesario este despliegue de medios porque desde mayo estamos a disposición de la justicia, que queremos actúe rápido”
Horas después era el actual secretario general del sindicato, Javier Fernández Lanero, quien comparecía ante la prensa arropado por su ejecutiva y otros cargos del sindicato para calificar de espectáculo innecesario el dispositivo montado con el registro de la sede sindical para requisar “documentación que siempre ha estado a su disposición”. “Llevamos más de un año de investigación por los cursos de formación y no era necesario este despliegue de medios porque desde mayo estamos a disposición de la justicia, que queremos actúe rápido”, dijo.
El líder del sindicato negó cualquier atisbo de irregularidad en los cursos de formación impartidos por el sindicato, que están “justificados en base a las indicaciones de los pliegos de las convocatorias y admitidos”. Pese a ello, declinó poner la mano en el fuego por nadie, aunque afirmó que “la gran mayoría de la gente que trabaja en el sindicato intenta hacer las cosas bien”.
