El Gobierno no contempla elevar la edad legal de jubilación a partir del año 2027, momento en el que acabará de desplegarse la reforma de las pensiones del año 2011 y en que la edad legal de jubilación llegará a los 67 años.
Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas a la negociación del primer paquete de reformas, el Ejecutivo no contempla seguir aumentando la edad de retiro con un nuevo incremento paulatino como el que se aprobó en 2011. En ese año, la reforma del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ir aumentando la edad de jubilación de forma progresiva a lo largo de 14 años para que pasara de 65 a 67, para compensar el incremento de la longevidad.
Dado que cada año se ampliaba sólo unos meses, la sociedad aceptó la medida, orientada a mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones ya que supone un ahorro del gasto público. Sin embargo, el Gobierno ahora no se plantea seguir aumentando esa edad, ni de forma puntual ni de forma paulatina como en 2011, ya que apuestan por otro tipo de medidas y creen que esa no será necesaria.
En esta primera parte de la reforma, que se ha rubricado con los agentes sociales este jueves e irá al Consejo de Ministros el próximo martes, el Ejecutivo se ha centrado en aprobar la revalorización de las pensiones conforme al IPC medio del año anterior y en aprobar una serie de medidas que, por un lado, incentiven las carreras laborales más largas y, por otro, desincentiven las jubilaciones voluntarias anticipadas.
El objetivo de estos cambios es hacer que la edad real de jubilación -la edad a la que, de media, se jubilan los españoles- vaya retrasándose lo máximo posible hasta los 67 años.
Medidas para contener el gasto, más allá de la edad de jubilación
Esta reforma supone en la práctica la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) -que implicaba subir las pensiones un 0,25% cada año siempre que el sistema de Seguridad Social tuviera déficit- y del Factor de Sostenibilidad -que tenía en cuenta la esperanza de vida en el cálculo de la pensión-.
Eliminar el IRP y sustituirlo por el IPC como mecanismo de revalorización supone engordar el gasto en pensiones en unos 2,7 puntos de PIB; mientras que acabar con el Factor de Sostenibilidad -que será sustituido por un mecanismo que sólo afectará a las pensiones de la generación del baby boom, según ha adelantado José Luis Escrivá- supondrá 0,9 puntos más de gasto. En total, 3,5 puntos de aumento del gasto.
El Gobierno, no obstante, ha pactado con Bruselas intentar reducir ese aumento del gasto pero no en su totalidad y confía en que 1,5 puntos se reduzcan con las medidas destinadas a retrasar la edad de jubilación.
También se producirá un ahorro con la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que se aprobará a mediados de 2022; con el sistema de revalorización con el IPC medio (que evitará el exceso de gasto que se producía cuando el Gobierno se equivocaba en su previsión de inflación); y con el destope de las bases máximas de cotización.
El Factor de Sostenibilidad será sustituido por un mecanismo que afectará únicamente a la generación del 'baby boom' -los nacidos entre finales de 1950 y mediados de 1970- y que tendrán opción de elegir entre jubilarse más tarde o cobrar algo menos de pensión, para intentar solventar el problema actuarial del sistema que, en esa franja de años, tendrá un grupo de pensionistas muy superior al grupo de trabajadores.
No obstante, el Ejecutivo tendrá que negociar con patronal y sindicatos para sacarlo adelante y la CEOE ya se ha manifestado en contra.
