Nueva tanda de imputaciones en la causa penal abierta por el caso Popular. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha citado en calidad de investigados al exdirector financiero de la entidad, Francisco Sancha, y a su homólogo en el departamento de Cumplimiento Normativo, Juan José Rubio Fernández, para que aclaren si hubo o no instrucciones desde estratos superiores de cara a financiar a clientes para que participaran en la ampliación de capital de 2016.
Así lo plasma en un auto en el que les cita para el próximo 29 de junio alegando que, en aquel entonces, dirigían áreas que estarían al tanto de este comportamiento “presuntamente anómalo” que ahora investiga la Audiencia Nacional. El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, viene a dar respuesta a la solicitud formulada en mayo del año pasado por los grandes fondos que litigan en el procedimiento. Ya entonces, Pimco, Algebris y Anchorage solicitaron al juez que les imputara para que esclarecieran el diseño de esta operación de 2.505 millones de euros, así como si hubo órdenes verbales desde la cúpula de la entidad para que se financiara a los clientes.
Los grandes fondos, que denuncian pérdidas millonarias tras la resolución del banco, solicitaron además la imputación del también exdirector jurídico, Tomás de Pereira, por estos hechos. El instructor dio luz verde a esta citación, pero no ha sido hasta ahora cuando ha accedido a las otras dos peticiones. Según explica, en el caso de Sancha, formaba parte del comité de dirección y era vocal del comité de riesgos. "Es verosímil que conociera e incluso alentara la concesión de financiación a cierto perfil de clientela para que participaran en la ampliación", argumenta el auto.
En lo que respecta al compliance, el juez apela a la existencia del informe remitido a la CNMV en octubre de 2017 (cuatro meses después de la resolución del banco), que apelaba al conocimiento que tuvo de que se estaba financiando la compra de acciones. También recuerda que puso los hechos en conocimiento de la Oficina del Consejero Delegado sin que hubiera reacción alguna. Tanto el instructor como Anticorrupción sostienen que la irregularidad aquí residiría en que el importe que se destinó a los clientes no fue deducido del capital regulatorio, tal y como marca la normativa.
Contabilidad alterada
De esta forma, la causa vuelve a centrarse en la ampliación tras más de tres años y medio de investigación penal. En un primer momento, se puso la lupa en la dirección del banco en 2016, máxime teniendo en cuenta que Emilio Saracho se pronunció sobre este punto en su cita ante el juez en octubre de 2019. Según expuso, el exnúmero dos de Ángel Ron, Francisco Gómez, ordenó la financiación de acciones por importe de 400 millones de euros, lo que originó errores de bulto en las cuentas que fueron reformuladas en 2017.
Tras él, los investigadores escucharon a clientes del Popular que admitieron en sede judicial que participaron en la operación a petición de los directores de sucursales. Según manifestaron inversores como Luis Cort (presidente de Calatrava Real State) o Teodoro García, recibieron ampliaciones de crédito o pólizas para participar en la ampliación. Los inversores negaron presiones, aclararon que los acuerdos fueron verbales y que se les instó a participar porque era un movimiento muy positivo para el banco aunque no fueran a obtener dividendos a cambio.
Semanas después de esas comparecencias, la Audiencia Nacional endureció el tono. El asunto ya no quedaba limitado a la excúpula, sino que se amplió la causa a directivos de las áreas de banca minorista, auditoría interna, riesgos y negocios. Al respecto, se apuntó a posibles delitos de estafa y falsedad contable al advertir que se alteró la contabilidad del banco. Según la tesis del juez, en los registros asentaron operaciones de activo con un código que no reflejaba en auténtico destino de la financiación. Además, "se tomó la cautela" de no dejar las instrucciones por escrito para evitar que el auditor externo (PwC) y el Banco de España fiscalizasen esta presunta irregularidad.
Piden nuevos informes a la JUR
Igualmente, la causa también avanza con la vista puesta en la actuación de la JUR y el FROB por su gestión durante los últimos meses de vida de la entidad y la resolución. De este modo, y a espera de que declare la máxima responsable de la JUR, Elke König, (citada para el 27 de julio), los grandes fondos han vuelto a la carga. Solicitan al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que requiera a ambos entes el documento legal elaborado por los servicios jurídicos de la JUR en el que se estimaba que no era necesario efectuar un informe de valoración definitivo del Banco Popular.
La petición se formula tras las declaraciones prestadas en sede judicial por el exdirector de estrategia del FROB, Javier Torres, y por el expresidente Jaime Ponce. Ambos explicaron en calidad de testigos que tras la resolución del Popular, la JUR tendría que haber redactado un informe de valoración definitivo que corroborase el documento provisional hecho por Deloitte. Según explican los grandes fondos, Ponce detalló que en aquel momento la Junta Única de Resolución entendió que con la valoración de la auditora era suficiente para seguir adelante con la operación y que incluso así lo estimaron sus servicios jurídicos. De ahí que los fondos reclamen ahora dicho documento al que aludieron los dos testigos.
