El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata concluye la investigación del denominado caso Nueva Rumasa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado contra quince personas, entre ellas seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
En el mismo auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 sobresee la causa respecto de seis personas, entre ellas la esposa de Ruiz Mateos, Teresa Rivero Sánchez, y da traslado de las actuaciones a las más de medio centenar de acusaciones para que formulen escrito de acusación, sobreseimiento o la práctica de diligencias con carácter excepcional.
De la Mata explica que cómo en 2009, ante las circunstancias de práctica insolvencia que presentaban las empresas del Grupo Nueva Rumasa, sus responsables decidieron captar fondos con los que poder revertir esa situación y también aplicarlos en su propio beneficio, apelando para ello al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación, en las que ofrecían a sus clientes invertir en sus sociedades productivas más conocidas.
Para ello ofrecían retribuir esas inversiones con elevados intereses, y mostraron una imagen de solvencia y bonanza empresarial del Grupo Nueva Rumasa que en ese momento carecía de sustento real.
El mecanismo ideado por los hermanos Ruiz Mateos Rivero, su padre y Manuel Sánchez Marín, consistió en la obtención de préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de “pagarés de empresa” o “pagarés corporativos” no a la orden, emitidos y generalmente avalados por sociedades del Grupo Nueva Rumasa, aprovechando la confianza que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad. Para obviar el control que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pudiera ejercer sobre ese mecanismo de financiación, los investigados establecieron como condición que la inversión mínima fuera de 50.000 €.
Según el auto, el número total de inversores, según sus propios responsables fue, al menos, de 4.110 personas. De acuerdo con información proporcionada por tales responsables, el importe total de los fondos captados de esos inversores fue de 337.377.450,60 €. El análisis de las cuentas bancarias por parte del auxilio judicial, dice el juez, ha permitido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 € procedentes de los adquirentes de pagarés entre febrero de 2009 y febrero de 2011.
El importe de los intereses con que debían retribuirse tales fondos era de 47.975.828,64 €. Por tanto, para hacer frente a esos compromisos de pago se emitieron pagarés por parte de 13 sociedades del Grupo Nueva Rumasa por un importe total de 385.353.279,24 €, de los que solo llegaron a abonarse ‒por parte de 5 de esas sociedades‒ 96.239.433,24 €, quedando sin pagar 289.113.846,01 €, señala la resolución judicial.
Los fondos captados a los inversores se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde las que se redistribuía al resto de sociedades del Grupo Nueva Rumasa, en cuya estructura empresarial se encontraba también un sector internacional, integrado por un centenar de sociedades extranjeras con domicilio en varios países de nula o baja tributación, con el objetivo fundamental de obtener la mayor opacidad para proteger las propiedades inmobiliarias y las marcas comerciales más relevantes del Grupo.
En el mismo auto, el juez procede también contra 89 sociedades como responsables civiles y otras 2 como partícipes a título lucrativo, en cuanto que participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, según el magistrado, puesta al servicio del Grupo, que funcionaba como una sola empresa a efectos financieros y de responsabilidad empresarial.
La pertenencia de sociedades mercantiles a otras sociedades extranjeras, unido al empleo de testaferros y despachos fiduciarios, argumenta De la Mata, “no tenía más finalidad que dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad estando bien claro en todo momento que el mismo pertenece en última instancia a la familia Ruiz Mateos”.
