El PSOE ha superado su semana horribilis, esta tercera de octubre, en la cual el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, había llegado a vaticinar que se celebraría la investidura de Pedro Sánchez. El partido lo hace aliviado, pero con el freno de mano echado por sí finalmente la negociación fracasa; es más, los principales interlocutores con el independentismo catalán, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han introducido la coletilla: “… si finalmente lo conseguimos”.

De momento, no lo han logrado, pero la Dirección socialista sostiene que Sánchez será reelegido “a no mucho tardar” -y sin llegar al 27 de noviembre, día en que el Rey se vería obligado a disolver las Cortes y convocar repetición electoral el 14 de enero-; aunque cruzan los dedos para que en la consulta telemática al autodenominado Consell per la República (100.000 inscritos con derecho a voto), los críticos con el Carles Puigdemont no tumben la reelección de Sánchez.

Temor a las bases de Junts

La consulta a las bases se inició el pasado martes y concluye este lunes 23 de octubre, y, aunque no es vinculante para la posición final que adopte Junts, si los críticos con Puigdemont por conformarse con una Ley de Amnistía y dejar el referéndum de independencia para más tarde -públicamente sigue defendiendo la unilateralidad y el 1-O-, el huido expresidente catalán tendrá muy difícil contravenir ese mandato popular; por más que su posición personal sea en este momento la de pactar con el PSOE para impedir un Gobierno PP/Vox.

De hecho, Puigdemont mantuvo este viernes una reunión en Francia con parte de la dirección de Junts durante la cual mostró pesimista por la marcha de la negociación, ya que el PSOE se niega a aceptar ningún mediador ni está dispuesto a aceptar en la exposición de motivos de la Amnistía que el Estado Español se equivocó en la represión del 1-O y en la posterior disolución de la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Lo cierto es que ha sido esta tercera de octubre, una semana horribilis para los socialistas. porque se ha extendido la incertidumbre entre sus filas, admiten a Vozpópuli diversas fuentes. El Gobierno en funciones pasó apuros el jueves en el Senado, por su decisión de no intervenir, lo cual propició que el debate sobre la Ley de Amnistía quedara en manos de su adversario, el PP, y en las del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés; todo ello en medio de la crisis diplomática abierta con Israel a cuenta de las declaraciones de Sumar y Podemos tras el ataque terrorista de Hamas.

Según el Gobierno, su silencio y su ausencia este jueves en el Senado eran obligados porque “una negociación, por su propia naturaleza, es dinámica” y se está pactando “minuciosamente” todo; no únicamente el texto de la amnistía, preámbulo y articulado, también el plazo que vuelta de Puigdemont, que se podría demorar un año

El Ejecutivo justifica su decisión de dejar la respuesta a los barones del PP en manos del portavoz del Grupo Socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas, el andaluz Juan Espadas -mientras Pedro Sánchez se entrevistaba en Ferraz con colectivos relacionados con la Agenda 2030-, porque no quiere dar oxígeno a la estrategia del PP de hablar solo de la amnistía. Y justifica que el presidente del Gobierno en funciones llene su agenda estas semanas con colectivos diversos porque “está armando un discurso de investidura con un programa para cuatro años y necesita hablar con todos”.

Según esa tesis, el silencio del Ejecutivo y su ausencia este jueves en la Cámara Alta eran obligados porque “una negociación, por su propia naturaleza, es dinámica”, explicó días antes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. “Nada está cerrado, hasta que todo esté cerrado” y se pactará “minuciosamente” no únicamente el texto de la proposición de ley, la exposición de motivos de la discordia y, por descontado, el articulado (qué delitos perdona y desde cuando); también se negociará si la proposición de ley la registran conjuntamente en el Congreso el Grupo Socialista y sus socios de investidura, Sumar, ERC y Junts, o si sólo estos últimos y luego el PSOE se incorpora en el debate de enmiendas.

El rechazo social condiciona

Lo más importante es que se va a negociar el plazo de aprobación de la amnistía. “No está decidido” que la ley vaya a ser tramitada en dos meses por procedimiento de urgencia y en lectura única -con lo cual el PP sólo podría demorar su tramitación en el Senado 20 días-, como quieren ERC y Junts, para que entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En total, unos dos meses que se podrían convertir en “nueve meses” si se usa el procedimiento ordinario, con lo cual Puigdemont no regresaría a Cataluña antes de un año.

Y es que Pedro Sánchez es consciente del fuerte rechazo que suscita la medida en la opinión pública fuera de Cataluña, incluidos los votantes socialistas, y de que tanto el PP, como el Tribunal Supremo y diversos jueces que están instruyendo todavía casos contra los implicados en el referéndum ilegal del 1-O, van a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional; Un contexto complicado que obliga, indefectiblemente, al Ejecutivo a ser extremadamente puntilloso en la legalidad de la norma.

Por eso, por la enorme complejidad jurídica que entraña, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, principal interlocutor con Junts y ERC, aseguró este miércoles que la proposición de ley de amnistía será “impecable” con la Constitución; para que ni el TC ni, eventualmente, el TJUE puedan ponerle pegas en su aplicación sobre Puigdemont y demás encausados por el 1-O

Una vez publicada la ley en el BOE, los magistrados podrán incluso echar mano de la denominada cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que este examine ante de su aplicación práctica si el perdón al huido Puigdemont y demás implicados en el 1-O contraviene el Derecho Comunitario.

Declaraciones como las del comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, que ha afeado la posible amnistía del delito de malversación -en Europa se asocia a la corrupción institucional-, cuando la Comisión está pidiendo a los gobiernos endurecer las penas en ese capítulo, vienen a allanar el terreno para presentar esa cuestión prejudicial; algo que pondrían a España, no solo al Gobierno en una difícil tesitura, ante la Unión Europea.

Por eso, por la enorme complejidad jurídica que entraña, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, principal interlocutor con Junts y ERC, aseguró este miércoles que la proposición de ley de amnistía será “impecable” con la Carta Magna de 1978, para que ni el TC ni, eventualmente, el TJUE puedan ponerle pegas en su aplicación.