El PP, con una silla reservada a su nombre en el banquillo del juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel' en su condición de "partícipe a título lucrativo", ha visto este lunes como le daban dos revolcones que le van a impedir salir por la puerta del sobreseimiento. Primero fue la Fiscalía Anticorrupción la que en la sesión de la mañana le hizo un 'Pedro Sánchez' y le dijo 'no es no' a sus aspiraciones a anular la causa o, en su defecto, cargar el mochuelo de la culpa a sus chicos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Poco después eran los tres miembros del Tribunal los que le ha dicho que, de momento, se queda en el banquillo de los acusados y ya decidirán más adelante qué hacen. Al fin y al cabo, han añadido, esto no ha hecho nada más que empezar. Está claro que la arena judicial le es por ahora adversa a los 'populares'.
El Tribunal no ha cerrado definitivamente la posibilidad de que Rajoy tenga que declarar como testigo. Decidirá según sea "el desarrollo del juicio oral"
Al menos en Génova 13 les queda el alivio de que el tribunal ha rechazado la petición de una de las acusaciones de que acuda a declarar como testigo el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como ya había hecho Anticorrupción. Aunque, eso sí, también como ésta los magistrados no cierran definitivamente esa puerta. Si la fiscal en la sesión de la mañana utilizaba la coletilla "por el momento", los tribunales han optado en esta ocasión por esperar a ver cómo "se desarrolla el juicio oral" para decidir si dar carpetazo definitivo o no a este testimonio. Quizá en previsión de lo que se le venía encima, Jesús Santos, el abogado que representa al PP en la causa y que el miércoles pasado no tuvo reparo en hacer 'piña' con los malos para pedir la anulación de la causa, no se le ha visto el pelo en la sesión de este lunes. Mejor ver estos morlacos desde la barrera.
Otros, sin embargo, sí han estado presentes para ver cómo sus cuestiones previas eran corneadas por el tribunal a cuyos tres integrantes parece haberles convencido la sólida exposición hecha por la mañana por la representante de Anticorrupción, Concepción Sabadell. Así, los que aspiraban a que los datos aportados por Suiza sobre cuentas bancarias quedasen en nada ya saben que los magistrados no piensan tomar una decisión sin conocer ante la decisión de su colegas del Tribunal Penal helvético. Tampoco están dispuesto a tomar aún una decisión sobre los 2,2 millones de euros que Francisco Correa ofrece como fianza de responsabilidad civil porque, como han recordado, ese dinero bloqueado en el banco ginebrino donde se ocultaba "ahí está a disposición del tribunal". Ni a anular las pruebas recabadas en entradas y registros, ni las contenidas en el "puto" pendrive ni, por supuesto, en las grabaciones del ex concejal José Luis Peñas que dieron pie al inicio de la investigación. Y, así, una tras otras de las peticiones, mucha de las cuales ha calificado de "prematuras".
Insultos molestos
La sesión de la tarde también ha servido para descubrir que algunos procesados tienen la 'piel final' y les molestan sobremanera los gritos de los pocos espontáneos que se acercan todavía por la apartada sede de la Audiencia Nacional a increpar por igual a 'gurtélidos' y 'tarjeteros' cuando llegan al edificio. Son pocos, pero se dejan oír y dos de los acusados han decidido seguir los pasos de Rafael Spottorno, procesado por las 'black' y al que el miércoles pasado se le vio dirigirse a los policías que custodian el lugar para pedir, infructuosamente, que los callaran. Ahora han sido Pablo Crespo, el lugartenitente de Francisco Correa, y Álvaro Pérez, el antiguo 'Bigotes', ahora convertido en 'El Barbas', los que se han quejado del "trato vejatorio" que supone llegar cada día a la Audiencia Nacional bajo la música de insultos y, aseguran, algún empujón. El Tribunal ya ha dicho que ellos no pueden hacer nada y que le comunicarán los incidentes a los responsables de seguridad, sin más.
Este 'asunto' policial no ha sido el único de esta jornada. También se ha sabido que uno de los encausados que están dispuesto a tirar de la manta, el ex concejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández, ha sido detenidos por orden de un juzgado de Cádiz por un asunto de malos tratos. A la espera de saber si estará en la sesión de mañana, los magistrados han optado por reservar la jornada del martes a visionar las declaraciones que en su día hicieron en sede judicial los cuatro imputados a los que la muerte o una demencia sobrevenida ha sacado de la causa. Será el turno de escuchar los fallecidos el arquitecto Leopoldo Gómez y Mar Rodríguez, mujer de un senador del PP, así como los ahora incapacitados Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, y el empresario Rafael Naranjo. Lógicamente, no se esperan sorpresas.
