La familia de Diana Quer ha anunciado que su campaña contra la derogación de la prisión permanente revisable ha superado los 1,5 millones de firmas en una semana.
Esta iniciativa fue relanzada el pasado viernes en la plataforma Change.org por Juan Carlos Quer junto con el respaldo de otras familias que también han sufrido la desaparición, agresión sexual y asesinato de sus hijos, como la de Juan José Cortés, Ruth Ortiz, Antonio del Castillo y Rocío Viéitez.
En los últimos días también se unieron a la campaña las familias de Sandra Palo, Yéremi Vargas y Naiara Briones. Fue este sábado cuando se superó la marca del millón y medio de firmas recogidas.
Decenas de familiares de casos menos mediáticos en los que fueron asesinados menores, algunos con delitos de agresión sexual, se han puesto en contacto directo con la plataforma para expresar su total apoyo.
"No hay un día desde que empezamos la campaña en que no reciba algún mensaje de otras familias que han sufrido un calvario igual, o peor, que el nuestro, ofreciéndome todo su cariño y absoluto respaldo a la iniciativa", ha afirmado Juan Carlos Quer, quien ha agradecido estas muestras de generosidad y solidaridad en un comunicado de prensa.
"Tu protección es nuestra lucha"
El pasado viernes día 19 de enero las familias de Juan Carlos Quer, Juan José Cortés, Ruth Ortiz, Antonio del Castillo y Rocío Viéitez pusieron en marcha de forma conjunta una petición en Change.org bajo el lema "Tu protección es nuestra lucha", con el objetivo de evitar la derogación de la pena de prisión permanente revisable.
Esta medida fue introducida en el Código Penal en 2015 y en la actualidad está previsto que se inicien los trámites en el Congreso de los Diputados para que sea derogada. Según las encuestas, la última de este mes de enero, ocho de cada diez españoles está a favor de que no se derogue.
Esta pena -que establece que una vez cumplida la sentencia el condenado sea examinado bajo criterios objetivos para acreditar que está rehabilitado y puede volver a salir en libertad- existe en países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza o Dinamarca, y ha sido respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
