La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia. La representante del órgano fiscalizador ha sido preguntada en múltiples ocasiones por las "irregularidades y deficiencias" expuestas en varios de los informes sobre los contratos adjudicados por diversas administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Sanidad, entre otras cuestiones.
En concreto, tanto el portavoz del Partido Popular, José Marí, y el diputado de Vox, Carlos Flores Juberías, se han interesado por el borrador de uno de los informes en el que se examinaban contratos de Sanidad y de Transportes. En dicho borrador se apuntaba a que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aplicó la contratación de emergencia sobre un contrato relativo a la gripe estacional.
Dicho informe, según ha confirmado esta mañana Chicano, ya estaba en la mesa en junio de 2023, pero finalmente no pudo ver la luz hasta diciembre de ese mismo año. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha confirmado ante los miembros de la comisión de investigación que en campaña electoral no se publican informes para "evitar que se utilicen nuestros datos para la confrontación política". "Es una práctica invertebrada que en los días previos a campañas electorales no se publican informes", ha sentenciado.
Chicano ha aclarado que dicho informe no se bloqueó o pospuso, sino que se borró de la agenda en el Pleno, previo a los comicios del 23-J. De igual modo, ha matizado que dicho documento se encontraba en trámite de consideraciones y que eso derivó que el informe final no fuese llevado al Pleno hasta finales del 2023, fecha en la que se aprobó por una unanimidad.
Según ha detallado, el informe iba de la mano de otros seis documentos que correspondían a un mismo ámbito temporal y que, al ser objeto de observaciones, "se incluyeron temas que dejaban los otros informes al margen". De esta forma, el borrador que dirigió el consejero Javier Morillas se desechó en el trámite de alegaciones y se optó por otra redacción que al final fue aprobada por unanimidad, incluyendo el autor del proyecto.
Enriqueta Chicano ha reiterado que varias de las irregularidades apuntadas por el órgano fiscalizador están recogidas por la ley de emergencia. Ejemplo de ellos, son todos aquellos contratos firmados por la Administración Públicas con empresas cuyo objeto social no estaba relacionado, en un primer momento, con la venta de material sanitario.
Según ha comentado en su comparecencia la presidenta del Tribunal de Cuentas, "todas las administraciones contrataron en las mismas circunstancias al amparo de la normativa de emergencia", también recogidas en el boletín de la Comisión Europea. "Se hizo lo mejor que se pudo", ha añadido.
En 2020, se firmaron 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros y el Tribunal de Cuentas ha analizado 1.328 contratos. Estos suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas. Finalmente, el órgano fiscalizador concluyó que, al margen de "una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes, con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho y, también con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas".
