En lo que a la lucha contra la piratería se refiere, España lleva números rojos y deja mucho que desear. Tanto, que podría volver a aparecer por tercera vez en la lista de los países que vulneran los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. Así se lo hizo saber a Mariano Rajoy el ex senador demócrata Christopher Dodd, presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), la semana pasada en Moncloa. La entrevista fue el martes 22 en la mañana y duró más de una hora.
Dodd, que representa al organismo que aglutina a las grandes productoras y distribuidoras (Paramount, Sony, Fox, Universal, Walt Disney y Warner Bros) de Estados Unidos y principal lobby de los estudios de cine en Hollywood, viajó a Madrid para mantener con el presidente de Gobierno una reunión en la que le expresó su descontento por las altas cifras de piratería en España. Sobre esta reunión no se mencionó ni una palabra en la agenda de Gobierno y tampoco se publicó siquiera una fotografía. Apenas en una única entrevista concedida al diario ABC, Dodd se mostró conciliador. Sin embargo, y aunque el encuentro con Rajoy fue cordial, en éste se abordaron aspectos muy concretos y para nada blandos.
Dodd vino a tratar temas sobre propiedad intelectual que tenía pendientes con el ejecutivo desde el inicio de su legislatura, cuando se aprobó el reglamento de la Ley Sinde y con éste la Comisión de Propiedad Intelectual, dos instrumentos que permitieron que el Departamento de Comercio de EEUU sacar a España de la lista 301 de países piratas, que incluye aquellas naciones donde más se vulneran estos derechos. Hasta la aprobación del reglamento de la Ley Sinde por parte del Gobierno de Rajoy en diciembre de 2011, España llevaba dos años consecutivos en esta lista, que además puede acarrear sanciones económicas o comerciales.
Según fuentes consultadas, la lentitud de la Comisión de Propiedad Intelectual, presidida por María Teresa Lizaranzu, así como los escasos resultados a la hora de poner en marcha una reforma de una Ley de Propiedad Intelectual fueron, junto con las altas cifras de piratería, algunos de los argumentos con los que Christopher Dodd señaló a Rajoy los pocos resultados que ha obtenido el Ejecutivo en una materia en la que, al menos para 2011, las descargas ilegales representaban el 98,2% en música, 74% en cine, 61,7% en videojuegos y 49,3% en libros.
Si bien es cierto que la taquilla absoluta este año ha sido mejor que otros, al compararla y someterla a otras variables como el aumento del IVA y, por supuesto, el temible competidor de las descargas ilegales, los números en el sector audiovisual son bastante agoreros. Según la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), el mercado del vídeo es uno de los más afectados. En 2005, en España, la facturación era de 430 millones de euros; en 2012 no llega a 80. "Una buena parte de esa facturación pertenece a compañías multinacionales. En aspectos de consumo, España ha pasado del cuarto al décimo puesto", explica José Manuel Tourné, presidente Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual.
En los últimos dos años, como consecuencia de la piratería se han perdido en España cerca de 25.000 puestos de trabajo. Y aunque se han puesto en marcha páginas de descargas legales para vídeo y música, apenas un 18% de la población manifiesta utilizar Internet para comprar contenidos, aunque el 70% tiene acceso conexiones de a banda ancha. Kim Dotcom creador de Mega y su predecesora Megaupload ha anunciado además en su perfil de Twitter que España lideró el tráfico por países del uso de su servicio de descargas en su primera semana de actividad en la red. Los internautas españoles copan por tanto el tráfico de este controvertido servidor que cuenta ya con más de 10 millones de archivos subidos.
A pesar de los intentos, de concretarse la inclusión en esta lista, el Gobierno de Rajoy volvería al punto de partida de su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel entonces, un informe elaborado por el Departamento de Comercio y la Oficina de Presidencia de EEUU acusó al Ejecutivo de Zapatero de ser permisivo contra la "piratería" en Internet y de no haber tomado ninguna medida para frenar la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. El asunto llegó a tal punto, que el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, visitó España con el tema en agenda. En esos días, además de la 301, España también fue incluida en la Lista Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de EEUU.
