Fue el pelotazo de las elecciones del domingo. Se trata de Podemos, agrupación política dirigida por Pablo Iglesias que logró hacerse con cinco escaños en el Parlamento Europeo y que promete ahora avanzar en su ruta para conquistar el poder político.
Tertuliano, opinador y profesor universitario, Iglesias se abrió paso en el mercado electoral con propuestas tan específicas como ambiciosas, pero no por ello menos intervencionistas: derogación del Tratado de Lisboa; modificación de los Tratados de libre comercio; revocabilidad permanente de los cargos electos; control y limitación de las actividades llevadas a cabo por los lobbies.
Un Estado interventor y subsidiario se cuela también en la cultura, un apartado temático al que Podemos ha dedicado una serie de medidas. ¿Qué pasaría si se ponen en marcha algunas de las propuestas? ¿Son viables todas? ¿Hay dinero para sufragar los compromisos que deberían asumir, por ejemplo, las instituciones públicas?
Cultura gratuita, pero ¿quién paga la fiesta? En la versión definitiva del Plan Colaborativo de Podemos, sus responsables apelan a un modelo de cultura que promueva la “recuperación de los museos, los monumentos y el conjunto del patrimonio cultural material e inmaterial para las grandes mayorías sociales”. Para ello, proponen fomentar la gratuidad de la cultura junto a un modelo de precios reducidos mediante subvenciones públicas, una estrategia que supondría cargar las arcas públicas con nuevos compromisos presupuestarios. Vale destacar que la inversión pública en Cultura decreció de manera considerale: las Comunidades Autónomas pasaron de invertir 1.769 millones a 1.483 y los ayuntamientos de 4.043 a 3.397, es decir, 286 y 646 millones menos, que sumados a los 94 millones estatales revelan un recorte de más de 1.000 millones de euros en un solo año. ¿Cómo entender una propuesta así con esos números?
El cine... ¿con o sin Maquiavelo? Causa cierta sorpresa que un programa de Gobierno auspiciado por alguien que se ha dedicado a elaborar una juicio político sobre el cine y la televisión no incluya un análisis más profundo de los retos y condiciones de un sector que ha recibido los peores ataques en los últimos años: un IVA del 21%; la pérdida de 1,8 millones de espectadores, además de los desplantes de gobernantes, ministros y responsables políticos.
El Estado como administrador … ¿o benefactor cultural? “Democratización efectiva del derecho a la cultura, la creación y la difusión cultural en todos los sectores sociales”. Esta es una premisa que atraviesa las propuestas de Podemos en lo que a gestión cultural respecta y que implica la intervención directa del Estado como regulador y proveedor de contenidos en un panorama a todas luces intervenido por un Estado benefactor y subsidiario. Es decir, el Estado no sólo sufraga la oferta cultural sino que además se convierte en eje de distribución de sus contenidos y productos. Nada de laissez-faire, al menos en lo que a una concepción cultural del Gobierno respecta.
Tope salarial… ¿también para los creadores? Podemos defiende la “adopción de medidas activas de apoyo a los trabajadores y las trabajadoras del ámbito de la cultura y a la industria cultural”, entre ellas el control público encaminado a garantizar que los beneficios obtenidos por la difusión y distribución del arte nunca sean superiores a los del artista. Amparándose en medidas de este tipo, se prohibirían por ejemplo las patentes, para evitar que estas obstaculicen “el acceso equitativo de la sociedad a la cultura y la tecnología”.
Más Software libre. Aunque este punto se incluye en el apartado sobre la libertad de información, Podemos se decanta por el apoyo a los mecanismos de crowdfunding, así como el impulso del software libre y el copyleft como herramientas dentro de una concepción más flexible para una regulación en materia de Propiedad Intelectual.
Un IVA cultural del 4%. En este punto, Podemos coincide con casi todos sus homólogos políticos, no sólo en la fijación de un gravamen menor en lo que a la tributación de las mercancías culturales respecta, sino también una rectificación que incluya los mismos criterios para toda la Unión.
Ciudades franquicia… Ni pensarlo. Una de las preguntas que plantea Podemos en las distintas iniciativas culturales es: ¿Cómo se mide el quehacer cultural de una ciudad? ¿Por el grado de participación democrática de sus habitantes? ¿Por su nivel de acceso a los servicios públicos, incluida la cultura? ¿Por su participación no sólo como consumidores, como espectadores, sino como agentes activos? Partiendo de esa concepción relativiza de lo que supone la capitalidad cultural como herramienta.
Derechos laborales y autoempleo. Junto IU, Podemos fue el único que se refirió expresamente a las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Plantean así un “estatuto europeo del trabajador de la cultura” en el que se garanticen “los derechos laborales, la protección social, la gestión tributaria, los derechos de propiedad intelectual y el autoempleo”.
