Castilla y León, junto con la mayoría de las comunidades autónomas, han solicitado al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública más flexibilidad en la gestión de los fondos europeos. En la conferencia sectorial para la Transformación Digital, celebrada en la sede del Ministerio, se ha planteado la necesidad de destinar estos fondos a proyectos que realmente beneficien a los ciudadanos. Las comunidades han abogado por una gestión más autónoma y adaptada a las necesidades específicas de cada región, lo que permitiría una mayor efectividad en la ejecución de los proyectos.
En este contexto, se ha propuesto una ampliación del plazo de ejecución de todos los fondos europeos de digitalización hasta el 30 de junio de 2026. Esta medida permitiría a las comunidades autónomas reasignar parte de la cuantía a iniciativas más relevantes dentro de cada componente. La flexibilidad en la gestión de los fondos es vista como una oportunidad para maximizar el impacto positivo en la población. Además, se ha destacado la importancia de una planificación que contemple las particularidades de cada comunidad.
¿Es necesaria una mayor cogobernanza?
Las comunidades autónomas han expresado su preocupación por la falta de ejecución de algunos fondos asignados, como los destinados a conectividad. Según han argumentado, estas líneas de financiación se pusieron en marcha sin tener en cuenta las necesidades específicas de las regiones. Un claro ejemplo son las subvenciones para el bono social de telefonía y el cableado de edificios, donde se lleva reclamando más de dos años una ampliación de plazos y modificación de bases para atraer el interés del mercado.
La falta de acogida de estas iniciativas refleja la necesidad de una mayor cogobernanza. Durante el pleno de la conferencia sectorial, se reiteró la importancia de una colaboración más estrecha entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Esta cogobernanza es vista como esencial para aprovechar una oportunidad única de inversión en digitalización. Además, se ha lamentado la falta de fondos adicionales para proyectos de modernización de las administraciones públicas. La transformación digital de la Administración Pública mediante el uso de datos y tecnologías emergentes es vista como una prioridad para mejorar la atención ciudadana y la cooperación territorial.
Iniciativas de digitalización y modernización
Las comunidades autónomas han solicitado que los fondos sobrantes se puedan utilizar en proyectos de digitalización, siempre que se cumplan los objetivos marcados. Este enfoque premiaría la eficiencia en la realización de las actuaciones. Sanz Merino ha instado al Ministerio a actualizar los informes de cobertura, ya que los datos más recientes son de junio de 2023. La actualización de estos informes es crucial para tener una visión clara de la cobertura de fibra óptica y telefonía móvil en Castilla y León. La información actualizada permitiría a las comunidades planificar mejor sus proyectos y asegurar que los fondos se destinan a donde más se necesitan. La transparencia en los datos es clave para una gestión eficiente de los recursos.
Impulsando la inteligencia artificial
Otro tema relevante en la reunión fue la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Las comunidades autónomas han pedido crear un entorno que promueva el desarrollo positivo de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. La colaboración con diversas entidades, incluidas las autonomías, es vista como esencial para maximizar los beneficios para la sociedad. La inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar sectores clave y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las comunidades han propuesto modificar los criterios de contabilización de alumnos formados del Plan Nacional de Competencias Digitales. Sugieren que se contabilice cada acción formativa recibida por una persona por más de 7,5 horas. Esta propuesta busca reflejar de manera más precisa el impacto de las formaciones y asegurar que los recursos se destinan de manera efectiva.
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