La Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno de España que convoque urgentemente la Conferencia Sectorial de Transporte. Este foro se considera esencial para debatir sobre el Mapa de Transporte, cuyo borrador de 2022 pretende ser reactivado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana sin consultar a las comunidades autónomas. La directora general de Transportes y Logística de la Junta, Laura Paredes, ha subrayado la importancia de abrir un espacio de diálogo, una postura que coincide con la de otras comunidades autónomas. La preocupación principal es la falta de consulta y participación en un tema que afecta a tantas personas.
Diálogo en el sector transporte
El borrador del Mapa de Transporte para Castilla y León propone eliminar 474 paradas en 346 municipios de las nueve provincias, lo cual afecta directamente al ámbito rural. Esta medida podría perjudicar a más de 200.000 habitantes de estas zonas, al suprimir tres de cada cuatro paradas. La Junta ha expresado que esta situación está bloqueando el desarrollo del Mapa autonómico debido a la interferencia del mapa estatal. Esta situación ha generado un gran malestar en la región, que se siente ignorada en las decisiones que afectan a su territorio.
En la reciente reunión de directores generales, la Junta ha solicitado que se mantenga la coordinación y el consenso en el trabajo relacionado con las bonificaciones del transporte. La directora Laura Paredes ha destacado la necesidad de transparencia y planificación en este proceso. Una de las principales preocupaciones es el anuncio del ministro Óscar Puente sobre la implementación de un billete único, sin haber consultado previamente a los gobiernos autonómicos. Este tipo de decisiones unilaterales generan incertidumbre y desconcierto entre las comunidades afectadas.
¿Cómo afectará el nuevo Real Decreto-Ley?
El pasado jueves, el Congreso de los Diputados no convalidó el Real Decreto-Ley 9/2004, lo que ha evidenciado la falta de planificación y consenso con las comunidades autónomas. Este martes se ha anunciado la publicación de un nuevo Real Decreto-Ley que impacta en las bonificaciones del transporte. Sin embargo, durante la reunión de directores generales de transporte de todas las comunidades de España, no se proporcionó información precisa sobre este nuevo decreto. Esta falta de claridad ha generado preocupación entre los responsables de transporte de las distintas comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León, junto con otras comunidades, insiste en la importancia de ser consultadas y participar en la elaboración de políticas que impactan directamente en sus territorios.
La falta de comunicación y consulta previa en decisiones cruciales genera tensiones y desconfianza. La Junta espera que el Gobierno central valore la importancia de la colaboración y el diálogo con las comunidades autónomas para lograr un enfoque más inclusivo y equitativo en la planificación del transporte. La necesidad de un foro de debate, como la Conferencia Sectorial de Transporte, se hace cada vez más evidente. Este espacio permitiría a las comunidades expresar sus preocupaciones y propuestas, asegurando que sus voces sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones. La Junta de Castilla y León reitera su compromiso de trabajar en conjunto con el Gobierno central para encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que se encuentran en áreas rurales y dependen del transporte público para su movilidad diaria.
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