El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la personación del Santos FC como perjudicado en la investigación sobre el fichaje supuestamente irregular en 2013 del brasileño Neymar por parte del Fútbol Club Barcelona cuando jugaba para el equipo brasileño.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez se ha opuesto a la personación del club como acusación siguiendo el criterio de la Fiscalía, el Barcelona y la Abogacía del Estado, que consideraban que el Santos no debería ser parte en esta causa porque no se ha acreditado que resultara perjudicado por el fichaje.
En el caso se investigan delitos fiscales y de apropiación indebida en el fichaje del que fuera jugador del Santos hasta junio de 2013, una contratación en la que los investigadores sospechan que hubo un fraude tributario de 9.100.800 euros.
La Fiscalía cree que las operaciones derivadas del fichaje de Neymar por parte del Barcelona en agosto de 2013 fueron 10 millones en 2011 y 27.920.000 euros en 2013, pero que el club catalán no pagó las correspondientes cuotas tributarias a Hacienda.
El Barcelona está imputado en la causa como persona jurídica de un delito fiscal y tras su imputación pagó a Hacienda 13,5 millones para regularizar su situación.
El fiscal José Perals también cree que se ocultó a los socios del club la cantidad por la que se fichó al jugador brasileño, que el querellante, el socio del Barcelona Jordi Cases, cuantifica en 40 millones del pago a la sociedad del padre de Neymar y 17,1 millones en concepto federativos al Santos, cantidades a las que añade 7,9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos y 9 millones por dos partidos amistosos.
Por estos hechos solo figura como querellado el expresidente del Barcelona Sandro Rosell, que dimitió por este caso, aunque el sindicato Manos Limpias ha interpuesto otra querella contra los actuales presidente y vicepresidente del club, Josep Maria Bartomeu y Javier Faus, respectivamente.
Ruz acordó el pasado 20 de febrero que admitirá esta querella si Manos Limpias paga una fianza de 45.000 euros, cantidad que recurrió el sindicato por excesiva y que el magistrado rechazó rebajar.
Sobre esta rebaja se tiene que pronunciar ahora en apelación la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado se ha opuesto a ello.
